– Mezclar política y familia ha sido el origen de muchos escándalos.

Así lo está comprobando el presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva, quien ve cómo la designación de las esposas de varios de sus ministros en cargos públicos está provocando una polémica que amenaza con desenterrar nuevamente los señalamientos de corrupción que salpicaron a sus dos primeras administraciones.

La tormenta ha cobrado fuerza este mes, luego de que se conociera que Aline Peixoto, esposa del poderoso ministro de la Casa Civil (Jefe de Gabinete), Rui Costa, se postuló para integrar el Tribunal de Cuentas de los Municipios de Bahía.

La prensa local da por hecho que Peixoto será electa por la Asamblea Legislativa de Bahía en la votación que tiene previsto realizar el próximo 7 de marzo.

¿La razón? Costa fue gobernador de ese estado durante dos mandatos hasta 2022 y eligió como sucesor a su aliado, el también miembro del Partido de los Trabajadores (PT), Jerónimo Rodrigues, y además tiene importantes apoyos en la Cámara.

Un puesto deseado

De producirse la designación de Peixoto ella sería la cuarta esposa de un ministro del gobierno de Lula Da Silva que integra alguno de los tribunales de cuentas, instancias responsables de supervisar que los fondos públicos se gastan correctamente y de prevenir la corrupción.

Estos cargos vitalicios proporcionan estabilidad hasta los 75 años y una remuneración de 35.462,22 reales (US$ 6.882,35).

Sin embargo, lo más importante es que dan poder, ya que los tribunales de cuentas pueden inhabilitar a los políticos e impedirles participar en nuevas elecciones si rechazan las cuentas de sus administraciones pasadas, en caso de detectar alguna irregularidad.

En enero, la Asamblea del estado de Piauí eligió a la exprimera dama, Rejane Dias, como miembro del Tribunal de Cuentas de esa entidad del noreste de Brasil. Su marido, Wellington Dias es el actual ministro de Desarrollo Social y gobernó la región hasta marzo de 2022.

Otros dos ministros de Lula, quienes fueron gobernadores llegaron al Gabinete con sus esposas ya elegidas para los tribunales de cuentas de sus estados. Estos son los ministros de Transportes y de Desarrollo Regional, Renan Filho y Walter Góes.

Sin embargo, este último vio como su esposa, Marília Góes, no pudo asumir inmediatamente su puesto, porque la justicia suspendió su designación bajo acusaciones de nepotismo. El fallo, sin embargo, fue anulado posteriormente.

Por sus vínculos matrimoniales las tres ya nombradas están impedidas de ejercer una de sus principales funciones:revisar las cuentas de las administraciones de sus esposos.

BBC Brasil contactó a las oficinas de los cuatro ministros y de las designadas para entrevistarlas, pero no obtuvo respuesta.

Las pretensiones de Peixoto han dado armas a la oposición. El diputado estatal Alan Sanches (União Brasil) calificó de “inmoral” la candidatura de la esposa de Rui Costa.

“No tengo absolutamente nada contra la ex primera dama, pero personalmente me parece inmoral nombrar a la esposa para un cargo vitalicio, hasta los 75 años, con un sueldo de 41.000 reales (US$ 7.957), cuya mayor prerrogativa es ser la esposa del ex gobernador y ministro de la Casa Civil”. criticó Sanches en su perfil de Instagram.

Y agregó: “No hago juicio de valor sobre la persona de la ex primera dama, pero sí sobre los principios que el actual ministro olvida”,

Incluso el senador oficialista Jaques Wagner, quien fue gobernador de Bahía y es considerado padrino político de Rui Costa, se ha opuesto a la postulación de Peixoto.

Polémica legal por nepotismo

Los nombramientos de familiares en los tribunales de cuentas no solo han generado un debate político, sino que han reavivado uno jurídico que tiene larga data.

En 2008, Maurício Requião fue elegido miembro del Tribunal de Cuentas del estado de Paraná durante el gobierno de su hermano, Roberto Requião, que ahora está en el PT.

Sin embargo, esta designación fue suspendida por el Supremo Tribunal Federal (STF), el cual avaló una denuncia que consideraba que la misma era un claro caso de nepotismo.

Tras este fallo, el Parlamento regional revocó la elección de Requião y escogió a otra persona para el puesto. No obstante, en 2022, luego de una larga batalla legal, otro juzgado dictaminó que la medida contra el entonces hermano del gobernador no respetaba el debido proceso y lo reinstauró.

El nepotismo fue prohibido de la función pública por el Tribunal Supremo, pero el organismo estableció excepciones y existen dudas sobre si estas se aplican a los tribunales de cuentas.

El máximo juzgado cerró las puertas al nombramiento para cualquier cargo público del cónyuge, pareja o pariente hasta el tercer grado de un funcionario en ejercicio.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que parientes de funcionarios ocupen puestos políticos como los de ministros y secretarios de Estado o municipales.

André Cyrino, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, admitió que hay juristas que defienden una interpretación amplia de lo que constituye un cargo político, la cual incluye a miembros del Ministerio Público.

“Una visión más restringida de los cargos políticos y, por lo tanto, de aquellos en los que está permitido el nombramiento de familiares, es la que los vincula a la lógica electoral”, explicó el jurista a la corresponsal de BBC Brasil, Mariana Schreiber.

Por esta razón, Cyrino cree que los cargos de los miembros de tribunales de cuentas pueden ser considerados “cargos políticos”, como lo son los magistrados del Supremo, por ejemplo, que son designados por el Presidente de la República y luego ratificados por el Senado.

Aunque no ve ninguna infracción legal, el experto calificó de “lamentable” el nombramiento de familiares para estos puestos.

“Las esposas de los ministros que están siendo nombradas pueden ser las personas más honestas del mundo, pero creo que aquí se aplica la regla de la mujer del César (…) no basta con ser honesto, hay que parecerlo”, dijo a Schreiber.

Refugios familiares

A pesar de su nombre, los tribunales de cuentas no forman parte del Poder Judicial. De hecho, son instituciones que asisten al Poder Legislativo en el control de los gastos hechos por el Ejecutivo.

Mientras que el Tribunal de Cuentas Federal fiscaliza al gobierno federal, los tribunales estadales supervisan los gastos de los gobiernos regionales y locales.

Sin embargo, algunos estados han creado instancias para evaluar exclusivamente las cuentas de los gobiernos locales.

Una parte de los miembros de estos organismos contralores es elegida por el Poder Legislativo y otra por el Ejecutivo, por lo cual estos nombramientos tienen un fuerte carácter político.

Un estudio realizado por la organización Transparencia Brasil en 2016 mostró que 80% de los integrantes de los tribunales de cuentas antes desempeñaron cargos de elección popular o de designación.

La presencia de familiares tampoco es una novedad. Esa misma encuesta indicó que cerca de un tercio (32%) de los miembros de esos organismos eran parientes de políticos o miembros destacados del Poder Judicial.

Para la directora ejecutiva de Transparencia Brasil, Juliana Sakai, estas prácticas debilitan las posibilidades de combatir la corrupción.

“Por un lado, pones a alguien que tiene afinidad política, en posición de recibir un sueldo muy bueno de por vida, y, al mismo tiempo, esta persona deja de tener un control muy restrictivo, para favorecer a los que están en el poder”, explicó en entrevista a Mariana Schreiber.

La corrupción es una mancha que ha empañado a Lula Da Silva y a su partido, el PT.

En 2018 el mandatario fue condenado por la justicia de su país por recibir comisiones de la constructora Odebrecht, aunque luego esta decisión fue anulada.

Gracias a este giro Lula Da Silva volvió a las calles, luego de pasar 19 meses encarcelado y pudo postularse para un tercer mandato en 2022.

No obstante, durante la campaña electoral los señalamientos de irregularidades fueron el arma preferida de los rivales de Lula Da Silva para atacarlo.