Los expresidentes Álvaro Uribe, César Gaviria e Iván Duque, así como otros 23 exjefes de Estado reunidos en la denominada Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), expresaron su preocupación por la situación del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y advirtieron que podría ser víctima de un golpe de Estado.

De acuerdo con los exmandatarios, partidos opositores, organizaciones sociales y la Asamblea Nacional del Ecuador estarían tratando de confabularse para destituir al presidente ecuatoriano, pese a que fue “elegido por el pueblo para que gobierne por un período de cuatro años, de acuerdo con un expreso mandato de la Constitución”.

“Así como hemos abogado por el principio de la alternabilidad en el ejercicio del poder, por ser consustancial a la democracia y al Estado de derecho, también creemos que deben respetarse y cumplirse los periodos para los que fueron elegidos los presidentes”, manifestaron los expresidentes reunidos en la IDEA.

Según los exmandatarios, a la democracia, a la ciudadanía y al país no le conviene la inestabilidad política que “suele ocasionar el reemplazo intempestivo e injustificado del presidente de la República”. Por ello, reivindicando que están “movidos por la fe democrática” elevaron un llamado a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional, a los partidos políticos, a la sociedad civil y al pueblo ecuatoriano, a que se respete el período constitucional de Lasso.

“Más todavía, si su pretendido enjuiciamiento no llega a sustentarse en hechos incontrastables y en sólidas bases jurídicas y constitucionales”, precisaron los expresidentes en la misiva, que aparece firmada, entre otros, por José María Aznar (España); Felipe Calderón (México ); Vicente Fox Q., (México); Mauricio Macri (Argentina); Lenin Moreno (Ecuador); Mireya Moscoso (Panamá) o Sebastián Piñera (Chile).

Previamente, una comisión anticorrupción del Congreso de Ecuador recomendó iniciar un juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso por presunta corrupción.

El informe que produjo “recomienda enjuiciar políticamente al presidente” por “delitos contra la seguridad del Estado y contra la administración pública (cohecho, concusión y peculado)” en el marco del denominado caso “Encuentro”, señaló la Asamblea Nacional en un comunicado.

La comisión que investigó el caso se formó a raíz de que el portal La Posta reveló en enero una supuesta estructura de corrupción montada por Danilo Carrera, cuñado de Lasso, en empresas públicas.

Audios difundidos por ese medio involucran supuestamente a Carrera, quien no ha ocupado ningún cargo en el gobierno, así como a Hernán Luque, exdelegado del presidente en el directorio de la Empresa Coordinadora de Empresa Públicas (EMCO).

“El presidente de la República, Guillermo Lasso, fue advertido por el exsecretario Anticorrupción, Luis Verdesoto, de los posibles actos de corrupción y no solo (…) no los denunció, sino que intentó impedir la actuación fiscalizadora de la Asamblea Nacional”, agregó el comunicado.

El mandatario, quien se encuentra en un visita oficial en Costa Rica, donde firmó un acuerdo comercial, no se ha pronunciado sobre el informe de la comisión anticorrupción. Sin embargo, el gobierno ha negado que exista una trama de corrupción en sus filas desde la difusión de las denuncias.

El documento de la comisión aún debe ser estudiado por el pleno del Congreso, donde la mayoría, aunque dispersa, es de oposición. Para iniciar un juicio político contra el presidente se necesita el voto de al menos una tercera parte de los diputados (46 de 137).

La solicitud es luego estudiada por la Corte Constitucional, que da vía libre o no a su trámite en el Congreso, en donde se requiere el voto de dos terceras partes de los diputados para hacer efectiva la destitución.

Este es el segundo intento del Legislativo de destituir a Lasso. El junio, en medio de violentas protestas indígenas contra el alto costo de la vida, asambleístas de oposición presentaron una moción para cesar al mandatario por grave conmoción social, pero no reunieron los votos necesarios.