La fórmula de Bukele para acabar con las pandillas de El Salvador
La fórmula de Bukele para acabar con las pandillas de El Salvador
– El presidente de ese país, un tuitero muy popular, construyó una megacárcel para pandillas. Desató amores y odios.
Desde los primeros días de enero la cita es todas las tardes, todos los días, a las cinco. Como si se tratara de un clásico en el que jugaría la estrella de fútbol salvadoreña de todos los tiempos, Jorge Alberto “el Mágico” González, los chicos se reúnen en la cancha de la urbanización Las Margaritas, municipio de Soyapango, en El Salvador, para “el juego de sus vidas”.
En el campo de juego, en el que hasta hace unos meses las balaceras cogían desprevenidos a los jugadores, ya no hay tiros ni pandillas ni armas. La cancha, que hasta hace poco era el bastión de la MS-13 y servía de frontera prohibida con el otro barrio en el que mandaban los sureños de la pandilla Barrio 18, es un oasis de paz en el que ya los niños no corren a esconderse temprano y los pandilleros no cobran por dejar parquear los carros cerca a las gradas.
“En esa cancha solo se mantenían los pandilleros. Había una tarifa de 30 dólares para el que quisiera parquear, y tenías que pagarlos obligado. Y si tenías un negocio, también deberías pagarle extorsión, y si un familiar quería venir a visitarte, tenía que pedir permiso y además pagarles”, describió un habitante del barrio.
Pero desde diciembre todo cambió en esta localidad de Soyapango. Ya no se ven deambular los mareros con sus pañoletas, tatuajes y ropajes anchos y aquel viejo oeste llamado cancha Las Margaritas, es un oasis de paz desde que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, arremetió contra las pandillas y se trazó como objetivo exterminarlas.
Las marcas en las paredes que indicaban cuál territorio se pisaba ya se han ido desvaneciendo como se desvanece una onda en un estanque; a los barrios volvieron los domicilios que antes no entraban porque eran atracados o tenían que pagar extorsiones; los taxis y los uber entran de nuevo a territorios antes vedados. Y los pequeños empresarios o dueños de locales comerciales sintieron un respiro al no tener que incluir en sus rubros el pago a los mareros que cobraban por todo; ya no hay fronteras invisibles, como lo constataron periodistas de El Faro que recorrieron callejuelas que antes era imposible caminar.
“Ya se puede vivir mejor. Ya no tenemos miedo de que los mareros con sus bichos (jóvenes) impongan sus condiciones, torturen y maten por cualquier cosa. Ya podemos jugar en la cancha”, dice el vecino que, aún sin pandillas alrededor y muchos de los pandilleros en la cárcel, teme dar su nombre porque cree que pueden salir y cobrar venganza por las denuncias, y acabar con la calma que se vive en los barrios de El Salvador.
Todo empezó hace un año
Entre el 25, 26 y 27 de marzo del año pasado, El Salvador vivió tres días en el infierno. Pareciera que el mismísimo Satán hubiera abierto las puertas del Hades: en las tres jornadas las pandillas asesinaron a 87 personas. El sábado 26 se convirtió en el día más violento del siglo XXI cuando las autoridades contabilizaron 62 asesinatos y –según el Centro de Información y Control Operativo Policial (COP)– los homicidios de ese día se perpetraron en 43 municipios en 12 de los 14 departamentos del país centroamericano.
Una racha así de violenta no la vivían los salvadoreños desde agosto de 2015, cuando en una guerra sin tregua fueron asesinadas 57 personas, pero esta vez, y a diferencia de lo ocurrido hace 8 años, los informes oficiales recogieron que solo 13 de las 62 víctimas de la redada mortal de ese sábado infernal, pertenecían a una de las pandillas.
Fue en ese momento cuando el presidente Nayib Bukele, un presidente esnobista, de cabello engominado y barba bien cuidada, vestido de pantalones estrechos y con camisas cerradas hasta medio pecho como si fuera un actor de Hollywood, se fue hasta el Congreso a pedir medidas extraoficiales para combatir la desatada violencia en las calles y barrios de su país.
A Bukele, el presidente que recién elegido mandatario en el 2019 recorrió la Casa Presidencial tomándose selfies e hizo de Twitter una plataforma de su vanidad, su imagen se le estaba yendo al piso por promesas de campaña que no podía cumplir como la de hacer del bitcoin una moneda fuerte para su país; o una más sencilla, la entrega de tres ambulancias lancha para la isla La Pirraya que le entregó sus votos a cambio de su bienestar y donde, tres años después, siguen esperándolas.
A las promesas incumplidas se sumaron los tufillos de corrupción ante la falta de explicaciones de los gastos de viaje realizados con su esposa Gabriela Rodríguez, y un murmullo que ya se conocía desde que fue alcalde de San Salvador en el 2015, fue creciendo como una ola de arena en el desierto: tenía pactos con las pandillas para bajar la tasa de homicidios, que convirtieron a un país de 6 millones de habitantes en uno de los más violentos del mundo.
Fue así como Bukele el 26 de marzo de 2022 pidió a la Asamblea –a través de Twitter– decretar el régimen de excepción, y con el antecedente y recuerdo vivo de febrero de 2020, cuando el mandatario salvadoreño se metió al recinto de los congresistas escoltado por el Ejército y la Policía de ese país para pedir la aprobación de un crédito de 109 millones de dólares para su lucha contra las pandillas, el parlamento salvadoreño fue convocado a las 11 de la noche. A las 3:45 de la madrugada del 27 de marzo de 2022, los asambleístas ojerosos por esa jornada nocturna y con ganas de irse a casa a pasar el trasnoche –y evitar de nuevo la toma militar y policial del recinto–, le entregaron a Bukele en bandeja de plata una decisión que le permitía manejar el país, en materia de seguridad, a su antojo: un régimen que permitía a una persona ser detenida 15 días solo por sospecha (por sus tatuajes, por ejemplo) y sin ser presentada a un juez o sin su derecho a la defensa, limitar el derecho de reunión y asociación e intervenir las comunicaciones sin una autorización judicial.
Bukele se sintió como un niño estrenando uno de sus juguetes en Navidad. Le trasladó esas facultades a la Policía y al Ejército que, desatados, se fueron a las colonias (barrios) a hacer cumplir las órdenes del mandatario salvadoreño.
Un año después de la medida aprobada por la Asamblea y que sería temporal, pero que se ha ido extendiendo en el tiempo, Bukele celebra. Vende al mundo su plan pacificador como exitoso al contabilizar 70 días sin registrar un solo homicidio y una tendencia a la baja de este delito mediante su Plan de Control Territorial, hecho que le catapultó su imagen caída a un 87% de aprobación.
Además, Bukele reseña la detención de 63 mil personas acusadas de hacer el mal, todos datos que no se pueden verificar, porque –como explicaron periodistas– la información oficial ha sido restringida o no se puede acceder a ella, y solo cuentan con la que entregan onegés dedicadas a la defensa de los derechos humanos en El Salvador.
En la tarde del jueves, por ejemplo, Nayib Bukele celebró a través de su plataforma preferida. En Twitter expresó: “Finalizamos el primer día de marzo del 2023 con 0 homicidios a nivel nacional. Hemos transformado el país más inseguro del mundo, en el más seguro de América Latina”.
Lo que no cuenta el presidente salvadoreño, pero sí lo dicen en los barrios, es que las medidas extraordinarias dadas a la Policía y al Ejército han desatado una ola de denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Las descripciones recuerdan la vieja canción Te andan buscando, del maestro Rubén Blades: “Si llega el gobierno empujando ciudadanos y pidiendo el cartón de identidad… Te andan buscando pa’ amarrarte a una silla, echarte encima el agua fría y un chin de electricidad”.
Denuncian maltratos y torturas
La isla del Espíritu Santo es un pequeño poblado del municipio de Usulután, en El Salvador. Hace parte de la Bahía de Jiquilisco, un gigante humedal bordeado por el Río Grande de San Miguel y la mayoría de jóvenes se dedican a la venta de cocos o a la pesca. No hay presencia de las pandillas, porque la misma comunidad se organizó para evitar que estos grupos violentos llegaran a esos territorios tranquilos.
Sin embargo, hace dos meses un contingente de policías arribó hasta el poblado y aprehendió a 20 jóvenes dedicados a la pesca. La única razón que les dieron es que tenían algún vínculo con los pandilleros y se los llevaron a rastras. Terminaron en cárceles mezclados con pandilleros pagando delitos que, dicen sus familiares, no cometieron.
Las detenciones arbitrarias se convirtieron en el pan de cada día, más aún desde cuando a los agentes el gobierno de Bukele les exigió una cuota diaria de detenidos, como lo afirma Samuel Ramírez, líder del Movimiento de Víctimas del Régimen de El Salvador. Un aspecto que recuerda los mal llamados “falsos positivos” colombianos.
“El Gobierno les dio la luz verde a la Policía para que capturaran a cualquier persona sospechosa sin orden de captura, sin orden de un juez, y así fue como fueron agarrando a todo el mundo. Los verdaderos pandilleros cada vez que cometían un delito, corrían; sabían como huir mientras que los jóvenes inocentes que no debían nada se mantenían en sus lugares y ahí pasaba la Policía y se los llevaba”, relata este líder.
Las detenciones arbitrarias llegaron acompañadas con otras violaciones a los derechos humanos. Persecuciones por vivir en un barrio en el que actuaba una de las pandillas y estigmatizaciones a las comunidades fueron los argumentos con los que la Policía detiene por sospecha.
“Conocemos de varios casos en los que llega la Policía a detener a algún habitante de una colonia y le verificaron los antecedentes, y, aunque no tenía, los agentes le dijeron que se lo llevarían así porque necesitaban cumplir con la cuota”, explica Ramírez. Agrega que esta detención lleva más de 12 meses y esta persona no ha sido liberada ni ha tenido el debido proceso.
Lo más grave, agrega Ramírez, es que cuando los llevan capturados los acusan de juntarse para delinquir y hacer parte de las pandillas, lo que termina dejándolos en las cárceles por un buen tiempo porque no hay defensores y el sistema judicial está coptado por Nayib Bukele.
“El gobierno ahora tiene todo, tiene la Asamblea Legislativa, el poder judicial porque impuso los magistrados, tiene un fiscal que él mismo lo puso para que recibiera órdenes de él; cambió a los jueces: despidió a los mayores de 60 años para dejar solo jueces jóvenes, inexpertos y sumisos a sus intereses. Preparó la condiciones para que aquí se violentaran los derechos humanos. Los abogados no sirven de nada, porque no defienden a los privados de libertad, la Fiscalía monopoliza toda la información y los abogados defensores públicos y privados no tienen acceso a ella”.
Las detenciones y persecuciones arbitrarias desencadenaron otro fenómeno que también causaron las pandillas: familias completas empezaron a desplazarse a otros barrios o municipios y otros padres optaron por confinar a sus hijos para evitar que salgan y por el solo hecho de tener un tatuaje o el cabello largo terminen encarcelados y, contrario al Chapulín Colorado, sin quien los defienda.
Abraham Abrego, director de Litigio Estratégico de la ONG salvadoreña Cristosal, una entidad que ha registrado 3.219 denuncias contra el Gobierno por la vulneración de derechos a 3.344 personas, comentó que ya no solo son detenciones arbitrarias, también hay torturas que les hacen a los capturados en la prisión.
“Es una situación dramático porque ya hay más de 100 personas que han muerto n custodia del Estado o a veces por torturas o falta de atención médica; entonces, digamos que ha afectado a varios niveles en comunidades y en personas”, afirmó Abrego.
Lo más curioso es que, en palabras del director de la ONG, la mayoría de las detenciones son de jóvenes que no tienen nada que ver con las pandillas y les inventan algún tipo de delito o sugieren algún delito para los capturados, pero los cabecillas de las pandillas no han sido capturados.
Ahí toma más fuerza el argumento de que Bukele tiene un pacto con los jefes de las pandillas para la reducción de los homicidios en El Salvador. Algunos de ellos que han sido solicitados en extradición por Estados Unidos (ver facsímil).
Dice Abrego que mientras Bukele vende la idea de una megacárcel para meter 40.000 pandilleros que “nunca más verán el sol”, el tejido social en El Salvador se resquebrajó, en los barrios desconfían el uno del otro y vecinos, a veces por venganza, señalan a otros que terminan en las cárceles.
En Las Margaritas no se sienten seguros, aunque ya no se ven mareros y la Policía sigue en las calles. En medio de la conversación gritó que lo esperaran, y se despidió para cumplir con la cita diaria de jugarse un partido de fútbol que puede ser el último juego en su libertad.
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