Con el aval que le entregó la Corte Constitucional de Ecuador al juicio político que la oposición le quiere comenzar al presidente Guillermo Lasso, su permanencia en el cargo quedó en manos de la Asamblea Nacional que –precisamente– está dominada por los contradictores a su administración.

La piedra angular del proceso que puede sacar del poder a Lasso –la oposición necesita el voto de 92 de los 137 asambleístas– es un escándalo de posible corrupción que toca a personas cercanas a su círculo íntimo.

De acuerdo con el portal La Posta, medio digital con reconocimiento en Ecuador, existe una presunta estructura de corrupción para la asignación de cargos públicos en empresas estatales que habría montado Danilo Carrera, un cuñado de Lasso que, en todo caso, no ha ocupado cargos en el actual gobierno.

En el caso también está implicado Hernán Luque, exdelegado del Jefe de Estado en el directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), y el empresario Rubén Cherres, cercano a Carrera y quien está siendo investigado por la Fiscalía por narcotráfico.

En todo caso, Lasso –quien asumió la presidencia en mayo de 2021 (aún tiene otros dos años de periodo por delante si supera este juicio)– niega las acusaciones. Incluso, acusó al Congreso de intentar “desestabilizar” a su gobierno.

“Esta decisión, la de la Corte Constitucional, de ninguna manera, valida los argumentos planteados por la legislatura en contra del presidente”, apuntó la Secretaría General de Comunicación del Gobierno en un comunicado.

La decisión que lo pone a dar explicaciones se adoptó con 6 votos a favor y 3 en contra, lo que sirvió para “admitir la acusación de juicio político relacionada con el presunto delito de peculado” contra Lasso. Pero, en contraste, los magistrados desecharon otra causal que había planteado la Asamblea Nacional por el presunto delito de concusión.

Tras evaluar el pedido de juicio, la Corte Constitucional consideró que en la solicitud “se han respetado los principios de legitimidad política y del debido proceso”, por lo que le dio luz verde al Legislativo para procesar a Lasso.

Ahora, de acuerdo con los cronogramas ecuatorianos, el presidente deberá presentar pruebas en su defensa durante el juicio que se le sigue.

Pero esto no es lo único que sacude a Lasso. Su gobierno está siendo sacudido por un poderoso movimiento indígena y masivas protestas que –en el pasado (1997 y 2005)– tumbaron a tres presidentes.

Sin bien Lasso ya sobrevivió en junio pasado a un intento del Legislativo para cesarlo en medio de las movilizaciones, esta vez no parece tener el mismo respaldo. En todo caso, en esa oportunidad los diputados no reunieron los votos necesarios.

Pero ahora, según la asambleísta opositora Viviana Veloz, “Lasso será enjuiciado políticamente y tendrá que responder por sus horrores e incompetencias ante la Asamblea”. Ella fue quien presentó el pedido de juicio junto a otros 58 legisladores.

Los asambleístas sostienen que el presidente, de 67 años, se encargó de “proteger los vínculos de una estructura criminal en las empresas públicas. Pero el Ejecutivo sostuvo que el pedido de los asambleístas tiene “innumerables errores” y que “nunca tuvo ni tendrá sustento jurídico ni político alguno”.

Lo que dice la legislación ecuatoriana es que, en caso de que Lasso llegue a ser destituido por el Congreso, lo tiene que suceder quien oficie como vicepresidente; quien está actualmente en ese cargo es Alfredo Borrero.

Para el analista y exlegislador Ramiro Aguilar, citado por la agencia de noticias EFE, la oposición sumará los 92 votos que requiere para la sacar a Lasso, pues –según él– ha puesto a casi todos los sectores de Ecuador en su contra.