– En una América Latina cansada del crimen y la violencia, algunos comenzaron a ver la guerra contra las pandillas declarada por el presidente Nayib Bukele en El Salvador como un ejemplo a seguir de mano dura contra la delincuencia.

En Honduras se decretó un estado de excepción considerado parte de ese “efecto Bukele”. En Guatemala, una candidata presidencial promete aplicar “el modelo de El Salvador” en seguridad. En Perú, el alcalde de Lima felicita a Bukele por redes sociales. Y en Argentina, el ministro de Seguridad de Buenos Aires elogia la imagen de una nueva megacárcel salvadoreña: “Es música para mis oídos”, dice.

Pero el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, advierte que la política contra las maras que parece tener éxito en El Salvador es peligrosa y difícil de aplicar en otros países de la región.

“Es una estrategia de corto plazo, que tiene riesgos muy altos”, dice Solís.

Lo que sigue es un resumen del diálogo telefónico con este político y académico con una maestría en estudios latinoamericanos que gobernó Costa Rica entre 2014 y 2018:

Su país, Costa Rica, es conocido por su tranquilidad, pero la seguridad pública se ha vuelto una preocupación creciente allí. El año pasado registró un récord de asesinatos, que aumentaron 66% en una década. ¿A qué se debe esto?

Sin dudas ese es un problema para muchos países en América Latina.

Probablemente la razón principal sea la acción del narcotráfico, porque alrededor del 60% de los homicidios violentos en Costa Rica están relacionados de una manera u otra con el tráfico, con el microtráfico y la lucha entre pandillas locales por controlar los mercados en los barrios.

Este fenómeno es muy grave, porque conlleva niveles de incertidumbre y temor muy fuertes en la población que venimos experimentando desde hace mucho tiempo.

Durante mi gobierno tuvimos también que lidiar con esta circunstancia. Y es muy difícil de erradicar, porque las razones que explican por qué se produce el fenómeno son tanto internas como externas.

En este contexto, en Costa Rica y en América Latina en general hay quienes miran como una alternativa exitosa la estrategia de mano dura contra el crimen adoptada por el presidente Bukele en El Salvador, con un régimen de excepción y una guerra contra las maras. ¿Es Bukele un ejemplo a seguir para la región en materia de seguridad?

No lo creo, aunque reconozco sin duda que la estrategia de Bukele en El Salvador ha sido exitosa y ha logrado reducir de manera drástica el índice de criminalidad.

También reconozco que para El Salvador el tema de la seguridad era uno de los primeros señalados por la ciudadanía como urgente.

El gobierno de Bukele ha focalizado la acción de las fuerzas armadas y la policía sobre ese tema específico, ha tomado acciones contundentes como la construcción de una megacárcel, y ha levantado las estrategias de mano dura y super-dura que alguno de sus predecesores habían intentado sin éxito.

No creo que sea un modelo para la región.

¿Por qué?

Primero porque la región es muy diversa y no en todos los países se presenta una circunstancia como la salvadoreña, donde el fenómeno de las maras tiene décadas.

Es un país muy pequeño también, lo cual facilita una acción como la que ha adoptado el gobierno de Bukele. Es muchísimo más difícil de aplicar en países más grandes como México -recordemos la fallida iniciativa de mano dura del presidente Felipe Calderón- o en Brasil, donde las pandillas tienen unos niveles que sobrepasan a veces las fuerzas policíacas de los estados.

Pero el riesgo mayor es que, cuando uno analiza la totalidad de la agenda de nuestros países, la seguridad es uno de los problemas grandes y no el más grande ni el único.

Por lo tanto, apostarle a una estrategia de mano dura que pueda socavar el Estado de derecho, que me parece que es lo que está ocurriendo en El Salvador, constituye un problema que puede tener consecuencias muy grandes sobre la totalidad del sistema político y lanzar a los países de la región a esquemas autoritarios, autocráticos e incluso a dictaduras que no le convienen a América Latina.

¿Por qué ve la estrategia de Bukele como un riesgo para la democracia?

Porque la estrategia está basada no solamente en meter a los malos a la cárcel, sino que tiene precedentes: un control del Poder Legislativo primero, un nombramiento a veces inconstitucional de jueces adeptos al gobierno después, el control del Judicial como último objetivo, lo cual rompe con el necesario balance entre los poderes de una república democrática, y finalmente la aplicación de una ley que no se basa en el Estado de derecho.

Muchas de las personas que son encarceladas no necesariamente son culpables ni van a ser reconocidas como tales, sino simplemente como víctimas residuales de un proceso donde el fin justifica cualquier medio.

Eso en democracia coloca el riesgo en el sistema completo, no solamente en la acción específica que se realiza, que en este caso es meter a los malos, entre comillas, a la cárcel.

Zury Ríos, candidata presidencial en Guatemala y con posibilidades de ser electa en junio según las encuestas, ha señalado a El Salvador como modelo para diseñar su estrategia de seguridad. ¿Cómo observa esto?

Insisto en que no todos los países necesitan la misma receta. Pero en el caso de Guatemala, el problema es mucho mayor que simplemente las pandillas en los barrios. Allí el sistema político en su conjunto está penetrado por el narcotráfico desde hace muchísimo tiempo.

Atacar a las pandillas en Guatemala como lo está haciendo Bukele en El Salvador únicamente resuelve el problema al final de la cadena. Pero deja por fuera todas las consideraciones del lavado de activos por ejemplo, o de la penetración del narcotráfico en las estructuras del poder político en lo municipal, legislativo e incluso en el Poder Ejecutivo, como hemos visto en el caso de Honduras también con el presidente Juan Orlando Hernández.

Me parece que es una estrategia de corto plazo, que tiene riesgos muy altos para el sistema político en su conjunto, porque debilita la separación de poderes. Y al final de cuentas orienta a los países hacia un modelo crecientemente autoritario, que evade la responsabilidad de atender de forma preventiva las causas profundas de la inseguridad, que tienen que ver esencialmente con la desigualdad.

El Salvador pasó de tener la mayor tasa de homicidios en el mundo, de 104 por cada 100.000 habitantes en 2015, a una de 7,8 el año pasado, según cifras oficiales. Esto es una tasa menor incluso que la de Costa Rica, que en 2022 registró 12,6 asesinatos por cada 100.000 habitantes. ¿No los considera resultados sostenibles en el tiempo?

No lo creo, porque para sostener esos niveles requeriría de una estrategia de política pública que básicamente solo coloca los recursos del Estado en temas de seguridad. Estamos hablando de la necesidad de contratar a miles y miles de personas que conduzcan el sistema, tanto del lado de la fuerza pública y el Ejército como en el mantenimiento de las cárceles donde se van a seguir metiendo todas estas personas.

Y después también viene la rehabilitación, a no ser que uno piense que esos van a ser los únicos contaminados por el narco y se van a quedar en la cárcel indefinidamente hasta morirse, lo cual también tiene sus bemoles desde el punto de vista democrático. Sabemos que en las democracias más desarrolladas hasta los criminales tienen ciertos derechos, que se atienden dentro de lo que resuelva la ley por medio del sistema judicial.

Entonces es una estrategia de muy corto plazo. Además habría que revisar los datos oficiales porque no necesariamente hay transparencia en ellos, así como las implicaciones financieras que esto tiene y en El Salvador también ha habido mucha opacidad.

Por ejemplo, esa cárcel donde se han recluido a miles y miles de mareros se construyó sin dar cuentas a nadie sobre los recursos que se utilizaron, en su número y en su origen.

Bukele es hoy uno de los presidentes con mayores tasas de popularidad en América Latina. Su vicepresidente, Félix Ulloa, nos dijo recientemente: “Más del 90% de la población está de acuerdo con el estado de excepción y quiere que se extienda”. ¿Esto no legitima lo que está haciendo el gobierno de El Salvador en materia de seguridad?

En el caso de El Salvador, sin duda. Y me parece que hay que respetar la percepción del pueblo que mira en Bukele la solución a un problema que ha padecido durante décadas.

No tengo la menor duda que esos números son reales y que concentrar la preocupación de la ciudadanía sobre el tema de seguridad da réditos.

Hay temas que convocan y el de la inseguridad es uno de ellos. Hay otros pueden llevar a la guerra, como el ultranacionalismo o la xenofobia.

La pregunta no es tanto si el gobierno de Bukele es o no apoyado. Lo es, no tengo duda. El problema es si esa política es sostenible, fortalece el ejercicio democrático y permite a la gente tener una salida a sus otros desafíos, como la pobreza y la falta de educación, agua, servicios de transporte y de vinculación con el mercado mundial.

Me parece que esos temas todavía están pendientes en El Salvador y veremos si pueden ser aliviados por medio de esta política de mano durísima que el gobierno ha implementado.

En cualquier caso usted no pone en duda el éxito de la estrategia que ha tenido hasta ahora el gobierno de Bukele en materia de seguridad…

En el corto plazo no, porque así lo demuestran los números.

En el mediano y largo plazo tengo muchísimas dudas de que esta sea una estrategia ganadora y exitosa, porque no creo que la inseguridad sea el único problema de El Salvador o de cualquier sociedad. Y coloco el énfasis en la desigualdad.

Pero es indudable que la política en El Salvador ha reducido significativamente los índices de criminalidad, a un costo elevadísimo en derechos humanos y el funcionamiento del Estado de derecho.

Organizaciones de El Salvador e internacionales han documentado miles de denuncias por detenciones arbitrarias, muertes y abusos en las cárceles, así como procesos judiciales sin garantías. Pero muchos salvadoreños sienten alivio por el debilitamiento de las maras y parecen dispuestos a aceptar ese costo: “Antes estábamos sitiados”, le dijo una joven en San Salvador a BBC Mundo. ¿Qué refleja esto?

Creo que refleja varios fenómenos. Hay que reconocer que los niveles de violencia y criminalidad con que vivieron durante décadas los salvadoreños eran reales y esto afectaba su vida cotidiana.

Entonces uno tiene que entender que hay una realidad que los salvadoreños vivieron, que los cansó y los motivó a buscar una salida como la que Bukele les ofrecía.

Pero hay un fenómeno que quizá causa mayor daño y es el miedo estructural, miedo a que uno no pueda vivir normalmente porque está sitiado por el crimen, como señalaba esa entrevistada.

Esta constante necesidad de encontrar a alguien que defienda al sistema y al ciudadano se repite en muchos países. Y tiene un problema que vimos con la estrategia contra el terrorismo después de los ataques contra las Torres Gemelas en Nueva York: hace que el ciudadano esté dispuesto a conceder prácticamente todo a cambio de la seguridad perdida.

Cuando eso ocurre en un sistema democrático, se debilita la institucionalidad y se fortalece la autocracia, particularmente el caudillismo en el caso de El Salvador.

Bukele no solo está trabajando con estas políticas la inseguridad del país, sino que lleva esto incluso a nivel financiero con la adopción de medidas un poco extrañas, que no se aclaran todavía muy bien en temas como las criptomonedas.

Entonces hay como un proyecto detrás de todo esto que no termina de estar totalmente claro, pero que apunta hacia la constitución de un Estado autocrático y probablemente una dictadura en El Salvador, en un modelo muy diferente al que ya tenemos en Nicaragua.

Las baja de los delitos en El Salvador también parecen haber contribuido con la actividad económica y hay señales de que el país hoy es más atractivo incluso para el turismo. ¿Es algo a tener en cuenta a la hora de evaluar al gobierno?

Sí, hay que tomarlo en cuenta, e incluso algunas declaraciones de empresarios de la región que hablan de irse a El Salvador con sus inversiones, en lugar de países como Costa Rica.

Pero sin perder de vista que para un empresario la variable de inseguridad no es mayor que la de contar con garantías jurídicas suficientes para sus inversiones.

Para un inversionista que va a poner sus millones en un país en donde la ley no se respeta o la ley reside en el presidente de la República únicamente, es un riesgo muy alto.

El gobierno de El Salvador sostiene que el estado de excepción es una medida temporaria y que en una operación que ha llevado a la cárcel a más de 65.000 personas puede haber gente detenida por error, pero asegura que existen garantías institucionales y que muchos han sido liberados. ¿Esto no responde a las preocupaciones que usted plantea?

No responde a mis preocupaciones, por dos razones. La primera es porque Bukele se cargó a todo el sistema judicial antes de empezar a tomar estas decisiones. Es decir, los jueces que hoy hacen justicia en El Salvador son nombrados por Bukele o por los magistrados que él nombró en la Corte Suprema de Justicia.

Aquí no ha habido independencia del Poder Judicial y por lo tanto es muy dudoso que se cuente con garantías suficientes de que las personas que han sido injusta o equivocadamente encarceladas sean liberadas lo más rápido posible. De ahí las denuncias sobre violaciones y muertes en las prisiones de El Salvador.

Segundo, desafortunadamente en política como en la vida a veces no hay nada más permanente que una solución temporal. Y me da la impresión de que la forma en que se está manejando, incluso publicitariamente, de parte del gobierno de El Salvador el tema de la inseguridad y las respuestas exitosas que le ha dado a corto plazo, indicarían que Bukele está lejos de querer detener esto. Le está sacando un rédito muy largo en cuanto a publicidad e imagen.

El hecho de que ya mucha gente lo considere un modelo me parece que constituye un objetivo también ulterior que habría que colocar en esta ecuación.

¿Entonces sí observa que Bukele se está volviendo un modelo para muchos en la región?

En realidad que se esté convirtiendo en un modelo es la menor de mis preocupaciones.

La preocupación mayor es que en la región se este considerando sacrificar un modelo perfectible de Estado de derecho y de democracia, por una salida autocrática y al margen del fortalecimiento de las instituciones esenciales para el funcionamiento de ese sistema democrático.

Si lo hace Bukele, Maduro o Daniel Ortega, en última instancia da lo mismo. Porque lo que estamos viendo es un proceso de degradación institucional de la democracia que trasciende los ejemplos nacionales y lleva a un sector creciente de la población a estar dispuesto a sacrificar las libertades individuales y los derechos humanos a cambio de soluciones rápidas, aparentemente exitosas, que no toman en cuenta el largo plazo.

Quienes creemos en la democracia apostamos a instituciones mejoradas, reconociendo todos los problemas que hay, incluido el de la corrupción, que es recurrentemente señalado como uno de los principales disparadores de violencia en nuestras sociedades y particularmente en el caso de El Salvador, donde hay presidentes en la cárcel, uno que se murió con cargos gravísimos y otro que está refugiado en Nicaragua después de acusaciones de que se birló más de 350 millones de dólares

La salida a los problemas de la democracia debería ser más democracia, no menos.

En América Latina el problema del crimen y la inseguridad está al tope de las preocupaciones de la población. ¿Cómo se responde a esto desde un gobierno democrático?

Hay una respuesta que es de naturaleza represiva. Hay que combatir a estas fuerzas que ponen en riesgo el sistema con mejor policía, porque también tengo dudas de que convenga involucrar a la fuerzas armadas en ese proceso, con más información de inteligencia, tecnología en las ciudades e independencia para que haya justicia pronta y cumplida.

Segundo, tiene que haber prevención. la mayor parte de los centenares de miles de muertos que cada año tenemos en América Latina son jóvenes, hombres, desempleados y con acceso a armas que viven en zonas urbanas marginales. Hacer todo lo posible por llevar adelante programas que beneficien a esa población es esencial.

Lo tercero es cooperación internacional. Muchos de estos problemas tienen su origen en fenómenos internacionales, como el crimen organizado, que atraviesan América Latina y sólo podrán ser atendidos por medio de coordinación entre los países y con los organismos multilaterales.