Se cumplió una semana del primer juicio político en la historia democrática de Ecuador. El presidente, Guillermo Lasso, se enfrenta al cargo por supuesto peculado, que pasó el filtro de la Corte Constitucional. Los legisladores interpelantes de la bancada de UNES, lo acusan de haber permitido que se mantenga un contrato millonario entre la empresa estatal de transporte de petróleo, Flopec, y la empresa off shore, Amazonas Tanker Pool.

Lasso niega las acusaciones y asegura que la firma del contrato ocurrió en gobiernos anteriores, y que incluso durante su periodo la empresa pública ha percibido “utilidades inéditas”, porque cumplieron las recomendaciones técnicas que observó la Contraloría, indicó. El contrato entre ambas empresas inició en el año 2018, cuando Lasso aún no era presidente.

Pero los legisladores aseguran, en el informe de pedido de juicio político, que el mandatario conoció de las irregularidades que estaban pasando al interior de Flopec y que en lugar de dar por terminado el contrato que “era perjudicial para el Estado”, propició la corrupción con la designación de funcionarios que lo mantuvieron vigente.

El caso también es investigado por la Fiscalía, que se abrió a raíz de la filtración de audios publicados por el portal La Posta, que involucran a altos funcionarios de empresas públicas de Ecuador en un entramado de corrupción y tráfico de influencias que llegan hasta el cuñado del mandatario.

En el Legislativo la agenda de comparecencias y práctica de pruebas inició el lunes 18 de abril en agitadas sesiones entre gritos e interrupciones de los asambleístas que llevaron hasta una moción para separar al presidente de la Comisión de Fiscalización. Según la normativa, esta etapa durará diez días, después de eso, la Comisión deberá redactar un informe en el que decida si recomienda al Pleno de la Asamblea, el juicio político o no.

Pero aún en el caso de que la Comisión no apruebe un informe favorable o no logre ponerse de acuerdo para votar, “al final del día, los 137 asambleístas tienen la opción de convocar y decidir si continuar o no con el juicio”, explica Libia Rivas, abogada parlamentaria.

De ser ese el escenario, en una sola sesión, se expondrán los argumentos de ambas partes y el presidente Guillermo Lasso deberá comparecer ante el pleno para ejercer su defensa. Posterior a esa sesión, los asambleístas en 72 horas deberán votar una posible censura y destitución del presidente, para llegar hasta ahí, al proceso le queda menos de un mes.

Esta es la primera vez que un presidente es sometido a un juicio político desde la aprobación de la Constitución ecuatoriana en 2008. Antes de eso, la inestabilidad política del país provocó tres golpes de Estado por el que pasaron siete presidentes en una década. Con este antecedente, también es la primera ocasión que el país usa las normas y no las calles dice el analista político Pedro Donoso, lo que evita “que se saquen presidentes por locos (al expresidente Abdalá Bucaram lo destituyeron por incapacidad mental), y que lo poco de la institucionalidad de Ecuador está funcionando en este proceso”, añade.

Al final de cuentas, el juicio político se determinará por votos, que se lleva a cabo en una compleja situación social con un elevado índice de inseguridad atravesado por el crimen organizado que mantiene en zozobra a la población con extorsiones y muertes violentas. Pero también en un escenario político incierto “donde las cinco funciones del Estado están en crisis”, dice Donoso. Entre esas la propia Asamblea Nacional “compuesta por legisladores sin partidos ni ideologías políticas”, afirma el analista, que puede dar una ventaja al presidente, porque “podría ser muy fácil al Ejecutivo coptar esos votos y poco probable que se alcancen los 92 para la destitución presidencial”, añade.

De ser el caso que el parlamento no consiga el apoyo para censurar y destituir a Lasso, “nos arroja finalmente a que se calienten las calles y se convertirán en el escenario real de disputas y que el gobierno pueda convocar una muerte cruzada o incluso en una sucesión presidencial”, analiza Donoso. El presidente Lasso tiene en su escritorio la opción de pulsar el botón de la muerte cruzada, una figura constitucional que le otorga el poder de disolver la Asamblea y llamar a elecciones anticipadas y del que ya ha dicho que lo usará en caso de que prospere el impeachment en su contra.

Pero deben cumplirse alguna de las tres causas establecidas en la Constitución: que los legisladores obstruyan el plan de Gobierno, por grave crisis y conmoción interna y que el Legislativo se haya arrogado funciones que no le corresponden, solo para este último punto, el presidente necesita el filtro de la Corte Constitucional, en los otros dos, el único intérprete es el primer mandatario.

Para Rivas, aunque la decisión esté a discrecionalidad del presidente, “deberá presentar los fundamentos para llegar a esa afirmación, porque el hecho de que la Asamblea esté llevando adelante un juicio político, no puede afirmar que es una grave crisis política”, dice la abogada parlamentaria, y la clave está en que el proceso pasó el control de la Corte Constitucional, que con su decisión reconoce “que la Asamblea tiene esta facultad de fiscalización, control político y que es el contrapeso de la función Ejecutiva”, añade.

Las consecuencias de activar la muerte cruzada también son desconocidas, porque tampoco se había usado antes esta figura constitucional, que sorpresivamente, el grupo político de UNES -que lidera el expresidente Rafael Correa-, el mismo que ha llevado a juicio político a Guillermo Lasso, pidió en un comunicado que decrete la muerte cruzada como “salida democrática” para el país “ante la grave crisis política y conmoción interna” que vive Ecuador.