Después de varias crisis, el pasado miércoles Dina Boluarte alcanzó los seis meses en Palacio. Una proeza si se toma en cuenta cómo inició su Gobierno en diciembre pasado, desatando una convulsión social y, con ello, pérdidas irreparables en casi 70 familias. Boluarte, quien sucedió a Pedro Castillo abruptamente tras su fugaz Golpe de Estado, asumió un país que no la eligió y que le exigió durante meses un adelanto de elecciones que ha caído en la incertidumbre y cuya discusión se ha desvanecido en la opinión pública.

La encuestadora Datum realizó un sondeo a nivel nacional entre el 3 y el 7 de junio que no ha dejado bien parada a la primera mujer que se ha cruzado la banda presidencial en la historia Republicana del Perú. Su desaprobación se ha mantenido por encima del 74% y en junio ha aumentado hasta un 77%. En el documento se preguntó cómo calificarían la capacidad de gobernar de la abogada apurimeña y apenas el 5% le dio su aprobación: el 37% considera que es pésima, el 29% regular, el 28% mala, el 4% buena, el 1% excelente y el 1% no sabe.

Un resultado casi idéntico es cuando se le consultó a los encuestados sobre cuánta confianza les genera la exministra de Desarrollo e Inclusión Social: 37% pésima, 29% mala, 28% regular, 4% buena, 1% excelente y 1% no sabe. Los porcentajes prácticamente no cambiaron cuando se preguntó acerca de la honradez y la honestidad que proyecta Boluarte: nuevamente, un 5% le da su venia y un 65% tiene serias dudas sobre ella.

Datum, además, incluyó una pregunta acerca del informe de Amnistía Internacional, publicado a fines de mayo, que sostiene que los militares y la Policía cometieron ejecuciones extrajudiciales e hicieron un uso ilegítimo de la fuerza contra los manifestantes que se pronunciaron en contra del gobierno. El 45% marcó que sí hubo ejecuciones extrajudiciales, 34% que hubo ataque y respuesta de ambas partes, 14% niega las matanzas y 7% se abstuvo de opinar.

En estos seis meses, Boluarte ha sostenido diversos episodios de tensión con sus pares en la región. Prueba de ello es que las relaciones diplomáticas del Perú hayan quedado reducidas a encargados de negocios con Colombia, México y Honduras. El Congreso, de hecho, declaró persona non grata a Gustavo Petro, el mandatario colombiano, y a Andrés Manuel López Obrador, su homólogo mexicano. Respecto a López Obrador, la encuesta le plantea a la ciudadanía qué posición debería tomar el gobierno acerca de sus declaraciones y su actitud de desconocerla como la presidenta del Perú. El 41% respondió que “no hay que hacerle caso pues busca protagonismo”, el 25% piensa que es suficiente con que se le haya declarado persona non grata, el 18% no sabe y solo el 16% cree firmemente que sería mejor radicalizar medidas: romper las relaciones con México de inmediato.

La muestra, que fue tomada a 1,203 personas de la población urbana y rural, es reveladora en cuanto a otros políticos cercanos a Boluarte. Su Primer Ministro, Alberto Otárola, cuenta con un 71% de desaprobación mientras que un 61% está en desacuerdo con la elección del abogado Josué Gutiérrez como Defensor del Pueblo. De hecho, solo un 15% considera que la institución que encabeza se mantendrá independiente y objetiva. Finalmente, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga sufrió una caída en el último mes: si en mayo contaba con 50% de aprobación, en junio ese apoyo se redujo en 10 puntos porcentuales.