Las protestas en la provincia de Jujuy incendian la campaña electoral argentina

Las protestas en la provincia de Jujuy incendian la campaña electoral argentina

Protestas en Buenos Aires, este miércoles, por la represión en la provincia argentina de Jujuy. LUIS ROBAYO (AFP)

– El Gobierno peronista y la oposición se cruzan acusaciones mientras la comunidad internacional pide diálogo y expresa su preocupación por la violencia

Un día después de que ardiera Jujuy, en el norte de Argentina, el epicentro de la tensión se trasladó a los despachos políticos de Buenos Aires. Mientras organismos internacionales hacían llamamientos al diálogo, el Gobierno peronista de Alberto Fernández y la alianza opositora Juntos por el Cambio —a la que pertenece el gobernador jujeño, Gerardo Morales— se enzarzaron en una disputa verbal que pone la campaña electoral al rojo vivo. A cuatro meses de las elecciones presidenciales en Argentina, ambos bandos de la grieta política se acusaron mutuamente de mentir y de estar detrás de los episodios de violencia registrados en San Salvador de Jujuy, 1.200 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, tras la reforma exprés de la Constitución provincial.

Después de dos semanas de protestas en distintos puntos de Jujuy, el martes se desató una batalla campal entre policías y manifestantes a las puertas de la Legislatura jujeña. Al menos 170 personas resultaron heridas y 68 fueron detenidas. El motivo de la furia popular fue la jura de la nueva Carta Magna, redactada en sólo tres semanas y aprobada a puertas cerradas con los votos de todos convencionales presentes: 28 de Juntos por el Cambio y once de la oposición peronista.

El presidente argentino denunció este miércoles que “es inadmisible que la violencia estatal sea la respuesta de un Gobierno a los reclamos legítimos y a las expresiones de sus comunidades”. En un mensaje emitido desde la Casa Rosada, Fernández instó a Morales a “cumplir con los derechos humanos”. La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, aseguró que las escenas de la represión policial de Jujuy le remitieron a las vividas en el estallido social de diciembre de 2001, cuando se declaró el Estado de sitio y 38 personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad. Kirchner se hizo eco de los comunicados emitidos tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por Naciones Unidas en los que expresan su preocupación por la situación en Jujuy. “Por favor Morales no mienta más”, tuiteó a modo de cierre.

El gobernador jujeño optó por el ataque como estrategia defensiva. “Presidente Alberto Fernández, sus mentiras son groseras”, le dijo Morales este miércoles a través de las redes sociales. Tanto el gobernador jujeño como los máximos referentes nacionales de Juntos por el Cambio culpan al Gobierno peronista de los hechos violentos registrados en Jujuy, como los destrozos ocasionados a la Legislatura provincial y a vehículos y mobiliario urbano en los alrededores. Han criticado también el posicionamiento de la CIDH y Naciones Unidas por considerar que se prestan al juego de quienes quieren “generar caos, violencia e impunidad”.

Con tono electoral, el Gobierno y la oposición coinciden en que Jujuy es el trailer de un hipotética película titulada Argentina 2024, aunque por motivos opuestos. El peronismo atiza el miedo a una victoria opositora con el argumento de que reprimirán de forma feroz cualquier protesta callejera a las reformas que realicen. Desde la oposición, advierten que los kirchneristas y la izquierda intentarán frenar con violencia lo que no puedan frenar con los votos

Marchas pacíficas

Fernández y Kirchner han guardado silencio respecto a los votos peronistas que fueron necesarios para aprobar la Constitución provincial jujeña. Sin embargo, agrupaciones peronistas como La Cámpora y el Movimiento Evita participaron hoy junto a sindicatos y partidos de izquierda de la multitudinaria manifestación en el centro de Buenos Aires en apoyo al pueblo de Jujuy.

Los manifestantes ocuparon también las calles de San Salvador de Jujuy, la capital provincial, en una nueva marcha de antorchas encabezada por maestros, profesores, personal de la salud y otros empleados públicos que exigen mejoras salariales para hacer frente a una inflación interanual del 114%. Para dar más fuerza al reclamo, los sindicatos docentes y estatales han convocado para el jueves a una huelga nacional.

La disputa puede llegar a los tribunales. Por orden de Fernández, el Ministerio de Justicia analiza si las modificaciones realizadas al texto jujeño “atentan contra la Constitución nacional”. Morales dio marcha atrás con dos artículos, el 36 y el 50, que ponían en desventaja a las comunidades indígenas frente a las mineras interesadas en sus grandes reservas de litio y otros recursos naturales de la provincia. Tras su supresión, el punto que genera más polémica es el 67, que prohíbe los cortes de calles y de carreteras, un método de protesta generalizado en toda Argentina, donde se conoce como piquete.

El Gobierno nacional ha rechazado hasta ahora la intervención de Gendarmería, una fuerza policial militarizada que depende del Gobierno central, para poner fin a la decena de cortes de carreteras en Jujuy que impiden la libre circulación de locales y turistas. No lo hará a menos que reciba una orden judicial. La oposición asegura que, de estar en el poder, habría enviado ya fuerzas federales para proteger a la población. Dos visiones antagónicas que en cuatro meses serán plebiscitadas en las urnas.