En informes anteriores, el mismo GIEI había dicho que el ejército tenía conocimiento en tiempo real sobre el ataque, pero no compartió esa información con las autoridades y luego obstruyó deliberadamente la investigación.

Los investigadores también obtuvieron un documento confidencial de la Marina que indica que dos personas habían muerto mientras estaban detenidas por los soldados.

Desde el inico de su gestión en diciembre del 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se comprometió a llevar ante la justicia a los responsables de la desaparición, algo que fue tomado con esperanza por los familiares. Pero casi cinco años después, existe un distanciamiento entre el mandatario y los parientes de las víctimas.

El pasado miércoles, AMLO defendió la actuación de su gobierno y recordó que por el Caso Atoyzinapa están presos dos generales, otros 20 integrantes del ejército entre oficiales y soldados, un exfiscal general y unas 120 personas más.

Pero también dijo que el ejército ya entregó toda la información que tenía sobre el caso, algo con lo que no están de acuerdo tanto los familiares de los estudiantes como sus abogados.

 

“Nosotros hemos estado entregando toda la información, la Secretaría de la Defensa ha entregado toda la información, pero los padres insisten en que falta información”, dijo el mandatario tras reunirse con los padres de los estudiantes.

¿Pero qué información exigen los padres?

En comunicación con El Comercio, la ONG Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que patrocina a las familias de los estudiantes en su búsqueda de la verdad y la justicia, explicó qué información clave aún no es entregada por las Fuerzas Armadas.

Recordó que en Tlachinollan sabían que la noche del 26 de setiembre del 2014 el ejército recopiló información sobre lo que pasaba en Iguala y que en el 2021 solicitaron al presidente AMLO que ordene al ejército para que se abriera sus archivos y así el GEIEI pudiera revisarlos, algo finalmente que se hizo.

Entonces, a partir de la revisión del GIEI se demostró la participación del ejército en cuatro niveles.

El primero tiene que ver con que había militares encubiertos dentro de la Escuela Normal de Ayotzinapa, por lo menos dos agentes. Uno de ellos figura entre los 43 estudiantes desaparecidos. Tlachinollan, a través del abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, sostiene que esos agentes encubiertos estuvieron enviando información a sus superiores desde que los jóvenes salieron de Ayotzinapa.

El segundo nivel de participación del ejército tiene que ver con la llegada de los estudiantes a Iguala y el despliegue de agentes de inteligencia militar que los empezaron a seguir en todo momento, incluida la hora del ataque que sufireron y su posterior desaparición. Pero la información entregada por el ejército, dice Tlachinollan, se corta desde que los estudiantes son detenidos por la policía, que estaba al servicio del grupo criminal Guerreros Unidos.

El tercer nivel se refiere a la existencia de dos militares operando las instalaciones del órgano de vigilanca C4, que reportaban todo lo que está pasando y daban seguimiento a los estudiantes.

Mientras que el cuarto elemento es considerado como el más importante. El abogado Rosales indica que se encontró una hoja tamaño carta con una transcripción de una intervención telefónica que hizo el ejército a los teléfonos de Francisco Salgado Valladares, director de seguridad pública de Iguala, y a Gildardo López Astudillo, alias ‘Gil’, jefe de plaza de Guerreros Unidos. A las 10 de la noche del 26 de setiembre del 2014, en ese diálogo se indica que 17 estudiantes están siendo llevados a un punto llamado Brecha de los Lobos. Pero no hay más detalle.

Ahora los padres y su defensa exigen que el ejército entregue la información sobre los agentes militares encubiertos en Ayotzinapa, qué pasó cuando uno de los agentes infiltrados se comunicó con sus superiores para decir que estaba siendo desaparecido. Que los militares que estaban dando seguimiento al caso en el C4 entreguen la información completa sobre lo que pasó con los jóvenes, a dónde fueron llevados, quiénes estaban ahí. Y que también se entregue la interceptación telefónica completa para saber dónde están esos 17 estudiantes que estaban siendo llevados a la Brecha de los Lobos.

Desde la semana pasada, los familiares de los 43 se mantienen en protesta en un campamento instalado frente al Campo Militar 1, en Ciudad de México, para exigir al presidente que cumpla con su promesa de justicia.