La fiscalía boliviana pide 30 años de prisión para la expresidenta Jeanine Áñez por las masacres de 2019

La fiscalía boliviana pide 30 años de prisión para la expresidenta Jeanine Áñez por las masacres de 2019

Las fuerzas de seguridad de Bolivia lanzan gases lacrimógenos contra manifestantes que transportaban los ataúdes de los muertos durante las masacres de 2019. MARCO BELLO (REUTERS)

– La exmandataria, que ya cumple otra condena por el derrocamiento de Evo Morales, será juzgada como ciudadana ordinaria

La fiscalía boliviana ha acusado formalmente a la expresidenta Jeanine Áñez, a tres de sus ministros y a decenas de jefes militares, entre ellos los excomandantes de las tres Fuerzas Armadas, por las masacres de Sacaba y Senkata, y pidió la máxima pena de 30 años de prisión para ella y todos los demás acusados. Estas masacres, en las que murieron 20 personas, ocurrieron en las regiones de Cochabamba y La Paz en noviembre de 2019, durante el Gobierno interino que Áñez dirigió tras el derrocamiento de Evo Morales.

El fiscal general, Juan Lanchipa, afirmó en una rueda de prensa que Áñez ordenó la represión militar y policial de las protestas en contra de su Gobierno incumpliendo “los principios de necesidad, proporcionalidad, discriminación, racionalidad” que deben seguir las actuación del Estado ante una amenaza a la paz social. La acusación señala que se usó “armas y municiones de guerra, vehículos mecanizados blindados, además de helicópteros y aviones en contra de manifestantes civiles desarmados”.

Lanchipa explicó que la fiscalía tiene pruebas de que Áñez estuvo en contacto con el mando militar y policial en el mismo momento de las operaciones, por lo que presume que estuvo en control de las mismas. También han sido acusados, por el mismo cargo, los ministros de Gobierno, Arturo Murillo; Defensa, Luis Fernando López e Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, y los militares con mando en la represión. En la nomenclatura judicial boliviana, este cargo es el de “genocidio”, que equivale a “masacre sangrienta” y se castiga con la máxima pena que admite el ordenamiento legal del país.

Áñez, que se encuentra en prisión por otro caso, mandó a publicar en una red social que la acusan de genocidio como si fuera “Hitler, Hamás o las dictaduras que aplauden. Genocida es matar al pueblo de hambre y droga, intoxicación con mercurio o incendios, cercar ciudades, prohibir paso de oxígeno y alimentos”. También señaló que “no hay ni habrá justicia sin un juicio de responsabilidades ni sin Evo Morales ante el tribunal que corresponda y que determine la verdad. La venganza del MAS [Movimiento al Socialismo, el partido oficialista] es dictadura pura”.

La acusación en contra de Áñez se tramita en dos tribunales ordinarios, es decir, no respeta su derecho a un juicio de responsabilidades en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y con autorización del Parlamento. Por esta razón, la expresidenta decidió no declarar ante la comisión de fiscales que preparó esta imputación y presentará su caso ante los organismos judiciales internacionales. Según el fiscal general Lanchipa, la elección de la vía ordinaria se justifica porque Áñez no siguió el “hilo de la sucesión constitucional”. Otro exministro de Áñez, Jerjes Justiniano, que se halla asilado en Estados Unidos, recordó que, en su momento, el fiscal reconoció a Áñez como presidenta del país.

Jeanine Añez y su ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en noviembre de 2019. JUAN KARITA (AP)

La política, que entonces era la segunda vicepresidente del Senado, asumió de una manera controversial tras la renuncia del presidente Evo Morales y de sus sucesores naturales, en noviembre de 2019, y gobernó hasta las elecciones de noviembre de 2020, que fueron ganadas por el actual presidente de Bolivia, Luis Arce. De acuerdo a la Constitución, el enjuiciamiento de los ex primeros mandatarios por delitos cometidos durante el cumplimiento de sus funciones debe realizarse según un protocolo especial, ante el máximo tribunal y tiene que ser autorizado por dos tercios de los miembros de la Asamblea Legislativa. Como la parte acusadora, el MAS, carece de tal mayoría, ha eludido este obstáculo de dos maneras: primero, acusó a Áñez de delitos cometidos previamente a su asunción como presidenta, en el caso llamado “Golpe de Estado II”, que terminó con la condena de la expresidenta a 10 años de prisión, que ya está cumpliendo. Y, segundo, se valió de la autorización que, a principios de este año, el TSJ dio para procesar a Áñez de forma ordinaria incluso por hechos sucedidos en su gestión, después de que un juez fuera observado por aceptar una demanda de las víctimas de las masacres. Este juez basó su decisión en que la acusada no tenía “credencial de presidenta” y, por tanto, según él, no podía ser legalmente considerada tal.

La defensa considera que estos procedimientos son ilegales y recuerda que incluso Luis García Meza, un dictador militar condenado en Bolivia, mereció un juicio de responsabilidades. También confía en que, en algún momento, las instancias internacionales exigirán al Estado boliviano la anulación de todos los procesos que se realicen en contra de su cliente.

En abril, el ministro de Justicia, Iván Lima, justificó la autorización del TSJ al enjuiciamiento ordinario. “Ante la impostura y la actitud hipócrita de [los líderes de la oposición parlamentaria] Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, diciendo a los medios que se iba a dar dos tercios para una autorización congresal [del juicio], cosa que no han hecho en todo este tiempo y que han ido bloqueando sistemáticamente, no nos quedaba otra que buscar justicia para las víctimas [en la vía ordinaria]”, declaró entonces.

El 15 de noviembre de 2019, en Sacaba, una población cercana a Cochabamba, una columna de cocaleros que intentaba llegar a esta última ciudad fue detenida por fuerzas combinadas de la policía y el ejército. Murieron diez campesinos y decenas fueron heridos de bala. El Gobierno aseguró que estaban armados y que se dispararon entre ellos. El 19 de noviembre, las fuerzas conjuntas rompieron temporalmente el bloqueo vecinal de la planta de acopio de gas y gasolina de Senkata, situada en El Alto, a fin de llevar camiones cisterna con gasolina a la ciudad colindante, La Paz, que carecía de combustible. En respuesta, los manifestantes derribaron el muro exterior de la planta. Diez vecinos murieron por disparos de armas de fuego. El Gobierno de entonces los acusó de intentar destruir y volar las instalaciones. Áñez declaró poco después que “se puso en riesgo… la vida de más de 250.000 alteños. La tragedia habría alcanzado dimensiones devastadoras”.

En agosto de 2021, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-Bolivia), invitado a Bolivia para evaluar la crisis de 2019, calificó los hechos de Sacaba y Senkata como masacres, afirmó que nunca hubo el riesgo de que la planta de Senkata explotara y estableció que durante las acciones represivas se produjeron “ejecuciones extrajudiciales”.