• Hasta los 16 años a Nertania Vernath nadie le cuestionó que fuera dominicana.

Nació en Santa Lucía, una comunidad agrícola de la provincia El Seibo, en el oriente del país caribeño, el 14 de noviembre de 1996.

Hija de inmigrantes haitianos —padre dedicado al cultivo de caña y madre ama de casa—, tercera de cuatro hermanos, creció sin dedicarle mucho tiempo a pensar en su nacionalidad.

Hasta que un día, en 2013, la perdió y pasó a engrosar lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha descrito como “una situación de apatridia de una magnitud nunca antes vista en las Américas”, definición que las autoridades dominicanas rechazan.

Diez años después, decenas de miles de personas oriundas de República Dominicana como ella siguen atrapadas en un limbo legal, sin poder inscribirse en un centro escolar, acceder a un trabajo formal, casarse, registrar a sus hijos, votar, contratar un seguro o sacar una tarjeta de crédito; y sin opciones reales de regularizar su situación.

“Somos extranjeros en nuestro país. Nos volvieron apátridas”, dijo la joven que hoy tiene 26 años. “Y eso es como una muerte civil, como dejar de existir”.

Y todo por una controvertida sentencia…

“La Sentencia”

El 23 de septiembre 2013 el Tribunal Constitucional dominicano resolvió que no se reconocería la nacionalidad a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos a partir de 1929, basándose en una reinterpretación retroactiva de las leyes dominicanas.

El fallo — TC 168-13, mejor conocida como “la Sentencia”, con mayúscula— fue en realidad la respuesta a un recurso de amparo presentado por Juliana Deguis Pierre, una dominicana de ascendencia haitiana.

Lo que ella demandaba era que la Junta Central Electoral, responsable del Registro Civil, expidiera el documento de identidad que le había estado negando desde 2007.

Pero el alto tribunal apoyó esa negativa, al considerar que la mujer de entonces 29 años no había demostrado “que por lo menos uno de sus padres tuviera residencia legal en la República Dominicana al momento de su nacimiento”.

Concluyó que, por ello, no le correspondía la nacionalidad dominicana sino la haitiana. Y agregó, tal como se lee en la resolución:

“Cuando los extranjeros se encuentran en situación migratoria irregular, violando las leyes nacionales, no podrán invocar que sus hijos nacidos en el país tienen derecho a obtener la nacionalidad dominicana, en vista de que resulta jurídicamente inadmisible fundar el nacimiento de un derecho a partir de una situación ilícita de hecho”.

El Constitucional instó además a la Junta Central Electoral a hacer una “auditoría minuciosa” de los registros de nacimientos desde 1929 para identificar a “los extranjeros que se encuentran irregularmente inscritos”.

“Y eso afectó directamente hasta a tres generaciones de dominicanos con ascendencia haitiana”, subraya Bridget Wooding, directora del Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe (Obmica).

Unas 244.000 personas, según los cálculos oficiales. Esa era la cifra de descendientes de los extranjeros en el país, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Inmigrantes de 2012; el 95% de los cuales eran de ascendencia haitiana, entre ellos Nertania.

“Por aquel entonces estaba yo toda emocionada porque había terminado el bachillerato e iba para la universidad”, recuerda la joven.

“Pero fui a la Junta por mi cédula y me dijeron: ‘’No te la podemos dar con ese nombre (y esos apellidos), porque tú eres hija de padres extranjeros. Por lo cual, aunque hayas nacido en República Dominicana, eres extranjera’. Y ahí acabó mi sueño de estudiar una carrera’”.

Las críticas y la Ley de Naturalización

La sentencia “esclarece y define el camino legal que permite buscar una salida humanitaria a la situación de las personas que han sido declaradas de manera irregular en el Registro Civil”, la defendió hace diez años el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, en unas declaraciones al medio local El Día.

Otros la describieron como “una de las mejores piezas jurídicas de la legislación dominicana de los últimos 60 años”, como el abogado Luis Vílchez González en su columna de opinión de Listín Diario.

Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar.

Esa misma semana la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su profunda preocupación por un fallo “que podría dejar a decenas de miles de personas sin servicios esenciales” e instó al gobierno dominicano a adoptar las medidas necesarias que les garantizaran “su derecho a la ciudadanía”.

Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que la decisión violaba la Constitución dominicana y los pactos internacionales que el país firmó, y que dejaba a decenas de miles “prácticamente apátridas” porque Haití tampoco los reconocía como sus ciudadanos si no se inscribieron en la embajada en los dos primeros años de vida.

La resolución es “política y llena de odio y resentimiento xenofóbico” y actitudes racistas, dijo en su momento el coordinador de la Mesa Nacional Para las Migraciones y Refugiados en República Dominicana (Menamird), William Charpantier.

Mientras, el gobierno de Haití expresó su malestar por el fallo, convocó al embajador dominicano en Puerto Príncipe y llamó a consultas a su embajador en República Dominicana para analizar la decisión, que fue definida por políticos haitianos de oposición incluso como un “crimen contra la humanidad”.

Ante ello, representantes públicos dominicanos de alto perfil como el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, tacharon las críticas como un plan del gobierno haitiano para desviar la atención de la crisis política que ya por entonces vivía el país. “Lo decidido por el Tribunal Constitucional es un acto de plena soberanía de la República Dominicana”, zanjó.

Sin embargo, ante la condena doméstica e internacional, en mayo de 2014 el Congreso dominicano aprobó la Ley de Naturalización 169-14, promovida por el entonces presidente Danilo Medina.

Dos grupos

La nueva legislación dividió a los afectados en dos.

El grupo A lo componían aquellos que estaban inscritos en el Registro Civil al nacer; es decir, quienes tenían acta de nacimiento, cédula de identidad o pasaporte dominicano.

A esos se les restituyó su nacionalidad y la documentación.

Y el grupo B lo integraron las personas que nunca fueron inscritas.

Lo que se les planteó fue sumarse a un Plan de Regularización, que implicaba declararse primero como extranjeros en el plazo de 180 días establecido por la Ley, y solicitar la naturalización solo después de un período de residencia de dos años.

“Yo pertenezco a ese segundo grupo”, dijo Nertania.

“Mis padres no me habían inscrito en el Registro Civil en su día y lo hicieron, después de que saliera la Sentencia, en el Plan de Naturalización”, explica.

“Lo primero que me entregaron fue el acta de nacimiento más un carnet que era verde. Luego de ahí tuve que ir a buscar una carta de compromiso y hacer papeleo, después obtener la residencia, y la cédula me la dieron pasados ya unos años”.

En ella, como lugar de nacimiento pone Santa Lucía, El Seibo.

Y en el apartado de la nacionalidad se especifica: Haití.

“Lo que es una contradicción muy grande, porque ni nací allí ni estoy inscrita en aquel país, nunca puse un pie en su territorio ni hablo el idioma”.

En cualquier caso, a día de hoy es la única identificación que tiene. Y está… caducada.

“Venció en 2019 y no la puedo renovar, porque cerraron las oficinas”, se lamenta la joven.

La oficina responsable de registrar a los “extranjeros” dejó de funcionar en febrero del 2020 debido a la pandemia de covid-19, y hasta la fecha no ha vuelto a abrir, dejando a estas personas en un limbo legal.

“La Ley de Nacionalización creó la falsa idea de que la situación se había resuelto, pero continúa bien vigente y sigue vulnerando a las personas”, subraya Bridget Wooding, de Obmica.

Sin estudiar y condenados a la informalidad

Así las cosas, Nertania no pudo empezar la carrera de Psicología clínica, como siempre quiso.

“Lo intenté, pero no hubo manera”, cuenta. “El año pasado fui a la UASD (Universidad Autónoma de Santo Domingo) en Higüey a inscribirme, pero la muchacha que me atendió me dijo que para eso tenía que tener todo en orden”.

Hoy está cursando un diplomado en Ciencias Políticas que ofrece la organización a la que pertenece y de la que es vocera, Reconoci.do, una red independiente de jóvenes de ascendencia haitiana que promueve la integración plena de esa población en la sociedad dominicana.

“Era la única alternativa a quedarme en casa sin hacer nada, porque si no, esa es prácticamente la rutina diaria”. Terminará el curso en diciembre, aunque no recibirá un diploma oficial.

Y para después, ya tiene planes. “Estoy pensando en abrir un negocio de vender ropa, pero de forma discreta”, aclara.

Al no tener la documentación en regla no puede acceder al mercado laboral formal. Ni tampoco beneficiarse de programas sociales del Estado o pedir préstamos para poner en marcha su iniciativa.

“A finales de 2020 fui a un banco a tratar de sacar una tarjeta de crédito”, recuerda. “Y cuando yo presento mi cédula, la muchacha busca dos hojas en blanco, las llena de lado a lado, y me dice: ‘Toma y ve para Haití a buscar todos esos requisitos, y después vuelves para que te entreguemos la tarjeta’. ¿Pero cómo yo voy para Haití, si es un país que no conozco, si no hay nada mío allí?”, dice con frustración.

“Yo creo que cada padre espera de sus hijos que cuando seamos mayores podamos independizarnos y ayudarles, pero en este caso los padres son los que siguen ahí, aportando a la vida de nosotros mientras se pasa todo esto, mientras al Estado y a las autoridades les de la voluntad de arreglar todo este problema que ellos mismos crearon”.

De generación en generación

Sin pasaporte, no puede salir del país. Y tal como están las cosas no podrá casarse si así lo desea ni registrar a sus hijos si algún día los tiene.

“Y eso implica la transmisión generacional de esta situación”, apunta Wooding, de Obmica.

Según un informe de octubre de 2022 del movimiento cívico Participación Ciudadana -capítulo dominicano de Transparencia Internacional- basado en cifras oficiales, la cantidad de personas que hoy por hoy siguen afectadas por esta sentencia alcanza los 137.7941.

“Y lo están en un ambiente cada vez más hostil hacia la inmigración y la ciudadanía de ascendencia haitiana”, señala la investigadora, haciendo referencia a las denuncias de deportaciones arbitrarias y al cierre, a mediados de septiembre, de las fronteras terrestres, marítimas y aéreas con Haití.

Rechazo “contundente” de las autoridades

¿Existe alguna posibilidad a corto plazo de que la situación de los desnacionalizados cambie?

Eso es lo que pidieron varios organismos al gobierno dominicano el pasado 23 de septiembre.

Así, la CIDH le instó a “erradicar la apatridia”, al recordar los 10 años de la sentencia que “resultó en la privación arbitraria de la nacionalidad dominicana a un número considerable de personas y dejó apátridas a quienes no eran considerados nacionales de ningún otro Estado”.

“El Estado rechaza contundentemente las acusaciones de la CIDH”, respondió en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano.

Y argumentó que tales afirmaciones no representan “objetivamente la situación de la nacionalidad en el país” ni contempla el contexto histórico y legal, ni los esfuerzos realizados por el gobierno para “armonizar” dicho fallo.

Por su parte, el viceministro de Gestión Migratoria y Naturalización del Ministerio de Interior y Policía, Juan Manuel Rosario, mostró su oposición a la implementación de otro proceso de regularización.

“Pretender que el pueblo dominicano asuma la población de otro Estado es pisotear la sociedad dominicana”, dijo, según los principales medios locales.

“Ya hicimos un Plan de Regularización en el que se registraron más de 288.000 extranjeros. En auditoría de ese plan se comprobó que la mayoría de esos extranjeros no cumplieron con los requisitos establecidos para dicho proceso; sin embargo, aun así le regalaron estatus migratorio por presión de organismos internacionales y entidades nacionales al servicio de estos”.

Mientras, Nertania no pierde la esperanza.

“No puede ser que toda esta lucha no sirva de nada”, dice.

“Un día me dije que, si tenía que volver a llorar contando mi historia, sería ya cuando al Estado dominicano le diera la voluntad de darnos la nacionalidad dominicana, porque es algo que nos pertenece”, prosigue.

“Lloraré cuando tenga ese plástico en mi mano que diga ‘Nacionalidad: dominicana’”.