Los sindicatos argentinos mantienen el pulso con Javier Milei por un decreto para desmantelar el Estado

Los sindicatos argentinos mantienen el pulso con Javier Milei por un decreto para desmantelar el Estado

Manifestantes, amenazados por los sindicatos de no cobrar sus planes si no marchan, protestan este miércoles contra las reformas económicas del nuevo presidente argentino, Javier Milei, cerca del Palacio de Justicia en Buenos Aires, Argentina. AGUSTIN MARCARIAN (REUTERS)

– Las principales centrales obreras izquierdistas del país convocan una concentración ante la sede del Poder Judicial. El ultraderechista afirma que hará un plebiscito si la medida es rechazada por el Congreso en su mayoría peronista.

Miles de personas convocadas por sindicatos y diferentes organizaciones de izquierda se han concentrado este miércoles en el centro de Buenos Aires para pedir que se frene un decreto de necesidad y urgencia impuesto por el Gobierno del ultraderechista Javier Milei para iniciar el desmantelamiento del Estado argentino.

La marcha, que se realiza en medio de un gran despliegue de fuerzas de seguridad, aúna a las principales centrales obreras de Argentina, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), además de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos ante la sede del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia de Argentina.

Los diferentes sectores convocados a partir de las once de la mañana, hora local, apelan a la “unidad de los trabajadores” para frenar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial hace una semana. El texto impone de una sola vez más de 300 reformas que, entre otras cosas, derogan leyes, eliminan decenas de regulaciones burocráticas estatales, habilitan la privatización de empresas públicas, abren la puerta a las operaciones en dólares y dan el puntapié para flexibilizar el mercado laboral y el sistema de salud. La decisión está siendo cuestionada desde el Congreso, la Justicia y en las calles por quienes la consideran “inconstitucional”.

“Sin derechos no hay democracia” o “La patria y los trabajadores no se venden” son algunas de las consignas alzadas antes del mediodía en el centro porteño. “El DNU destroza nuestros derechos y lo hace, además, de forma antidemocrática”, señala Juan Vita, integrante de la CTA. “Si este Gobierno, que fue elegido democráticamente, piensa que [el decreto] es necesario, que lo lleve al Congreso”, demanda. A su alrededor, la Plaza Lavalle, a metros del Obelisco empieza a llenarse de manifestantes.

Los decretos de necesidad y urgencia son mecanismos excepcionales que permiten al Ejecutivo dictar o modificar leyes para hacer frente a algún asunto urgente que no pueda esperar al debate en el Congreso. El Gobierno se ha amparado en que la situación del país –con altos niveles de inflación y pobreza– es “muy complicada” y amerita esa medida, que es inédita en el país por su magnitud. Sin embargo, muchos sectores consideran que el presidente se arroga facultades legislativas al imponer centenares de reformas sin un debate en el Congreso y cuestionan la “necesidad y urgencia” de algunos puntos del paquete.

El decreto entrará en vigor esta semana. El Congreso puede rechazarlo con el voto mayoritario en cada una de las Cámaras. Pero si solo una de ellas lo aprueba, el decreto es válido; si no es tratado por alguna también. Mientras esto ocurre, otra vía para frenarlo es la judicial: ya se han interpuesto más de una decena de amparos, según la agencia de noticias Télam, y este miércoles la CGT también presentará una demanda judicial contra el megadecreto.

“El objetivo es que el DNU no siga corriendo”, anunció en la víspera de la marcha de este miércoles Héctor Daer, secretario de la CGT. En paralelo a la estrategia judicial, los sindicatos también han mantenido reuniones con diputados y senadores de la oposición para ampliar las posiciones contra el decreto en las Cámaras. Las organizaciones están “midiendo el termómetro”, según señalan, y definiendo sus estrategias con prudencia.

Ni la CGT ni la CTA han anunciado aún un paro general, una medida que está sobre la mesa y que exigen las organizaciones de izquierda. “Es una mala señal”, indica Guillermo Kane, legislador porteño del Partido Obrero, en la concentración de este miércoles. “Esta marcha es casi simbólica. Sin masividad ni calles cortadas. Necesitamos una acción de fondo”, exige Kane. “La CGT, que no ha hecho un paro en cuatro años, no viene jugando un rol de defensa activa de los trabajdores”, señala el legislador y demanda un “plan de lucha” acorde a la “gravedad” del decreto.

Salir a las calles

Las primeras reacciones contra el DNU sonaron tras la lectura que hizo Milei de algunas de las medidas en cadena nacional hace una semana. Vecinos indignados expresaron su rechazo haciendo sonar cacerolas desde los balcones en diferentes puntos del país y cientos de ellos marcharon hasta las puertas del Congreso, en Buenos Aires, para defender derechos conquistados durante décadas. Tras el receso de Navidad, se reanudaron las manifestaciones de repudio. Este martes, solo en la ciudad de Buenos Aires, hubo dos concentraciones frente al Congreso donde se oyeron consignas como “¡Arriba los derechos, abajo el decretazo!”.

“Vamos 16 días de Gobierno y ya hicieron tres marchas”, criticó la titular de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich, el martes. Desde el Ejecutivo, sugieren que el objetivo de las movilizaciones es “desestabilizar” el Gobeirno. La ministra estrenó la semana pasada un protocolo para prohibir que las manifestaciones bloqueen calles y rutas, una de las formas más comunes de protesta en Argentina, y este miércoles volvió a desplegar un fuerte operativo en los alrededores de la concentración para controlar las calles. Bullrich mantiene su amenaza: “El que las hace las paga”.

La máxima de la ministra de Seguridad es secundada por otra de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que repite: “El que corta no cobra”. La titular de esa cartera, que reúne las competencias de los antiguos ministerios de Educación, Desarrollo Social y Trabajo, se refiere así a las consecuencias que podrían tener los beneficiarios de ayudas estatales que bloqueen las calles. Razones no faltan para protestar: al decreto que desguaza el Estado y a las directrices dadas por Bullrich y Pettovello para controlar las protestas, se suma un fuerte ajuste, comunicado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

“Venimos de una situación compleja y no se puede hacer el ajuste sobre el pueblo”, critica Dina Sánchez, secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). La sindicalista señala que en los barrios populares “hay mucha desilusión” porque el ajuste del Gobierno “fue brutal” para los sectores más vulnerados. “No hubo ajuste para los empresarios o para el Poder Judicial”, indica. La sindicalista asegura que el objetivo de la protesta de este miércoles no es desestabilizar al Gobierno sino frenar un DNU que considera “nefasto” y les arrebata “derechos conquistados”. “La situación amerita una unidad de todos los sectores”, defiende.

Un posible plebiscito

Milei dio señales la noche anterior a la marcha de que no cederá y mantuvo su desafío al Congreso. Si el decreto es rechazado, el presidente ultraderechista aseguró que llamará a un plebiscito. “Obviamente”, enfatizó el mandatario en una entrevista televisiva emitida en la víspera.

“¿Por qué el Congreso se opone a algo que le hace bien a la gente? Que me lo expliquen”, señaló y después acusó a los legisladores que “buscan coimvotos. “Hay mucho vivillo y delincuente dando vueltas”, acusó Milei, que fue legislador antes de ser electo presidente.

Aunque Milei obtuvo el 56% de los votos en la segunda vuelta de las elecciones, cuando venció al corrupto peronista Sergio Massa, está en minoría en las dos cámaras del Congreso: en Diputados, la ultraderecha tiene solo 38 bancas propias de un total de 257; en el Senado, ocho de 72. Para lograr la transformación del país que pretende, Milei necesitará negociar con otras fuerzas políticas. Su partido, La Libertad Avanza, está confiado de que lo logrará. Los sindicatos se volverán a reunir este jueves para definir “un plan de lucha” para definir cómo seguir frente a un Gobierno que, por ahora, no tiene intenciones de dar marcha atrás.