• Ester perdió a su esposo Roberto en la isla colombiana de San Andrés un mes antes de cumplir el primer año de casados.

Ester y Roberto no son sus nombres verdaderos. Ella pidió que usáramos unos ficticios por las amenazas de muerte que ha recibido su familia desde que viajó a San Andrés para investigar la desaparición de su pareja en octubre.

Roberto pertenece al centenar de migrantes desaparecidos durante los últimos dos años en esta isla del Mar Caribe que se convirtió en una “ruta VIP”, como lo definió la Procuraduría General de Colombia, para emigrar a Estados Unidos sin atravesar el temido Tapón del Darién.

La Procuraduría reveló que los migrantes pagan entre US$1.500 y US$5.000 por “paquetes turísticos” que incluyen el permiso para entrar en la isla y el traslado en lanchas clandestinas desde San Andrés hasta el puerto de Bluefields en Nicaragua, en un recorrido de 232 kilómetros. Desde allí continúan la travesía por Centroamérica y México hacia Estados Unidos.

Los migrantes que tienen recursos para cubrir estos gastos buscan evitar el Darién, la selva que comparten Colombia y Panamá, donde las corrientes de los ríos, los animales y los grupos armados amenazan a quienes se atreven a cruzar este peligroso tramo.

A principios de diciembre, las autoridades colombianas informaron sobre la captura de 24 personas en San Andrés que integraban una organización de tráfico de migrantes y drogas llamada La Agencia.

Entre los detenidos había cinco tripulantes activos de la Armada colombiana, un oficial y cuatro suboficiales.

La Procuraduría alertó que es necesario evitar que la isla se convierta en “un segundo Tapón del Darién”, tras revelar que en los últimos dos años en las aguas de San Andrés fueron rescatados 977 migrantes provenientes de Venezuela, Haití, Uzbekistán, Ecuador, China, Vietnam, Bangladesh, Bielorrusia y Bosnia.

Los familiares de los desaparecidos

Alradedor de una decena de familiares de 15 migrantes venezolanos desaparecidos en San Andrés, que incluyen mujeres embarazadas y niños hicieron las denuncias.

Tres embarcaciones desaparecieron en 2022: la primera el viernes 5 de agosto, la segunda el miércoles 12 de octubre y la tercera el sábado 17 de diciembre.

La cuarta lancha, donde viajaba Roberto, desapareció el sábado 21 de octubre de este año.

Todos coincidieron en que sus parientes se enteraron de los paquetes a San Andrés en las redes sociales. Sin embargo, la mayoría decidió tomar esa ruta por sugerencia de amigos, vecinos o conocidos, que ya la habían cruzado o conocían a alguien que lo había hecho. Gracias a ellos obtuvieron el contacto con los coyotes.

En todos los casos, estos “guías” llamaron con insistencia a los migrantes para garantizar que pagarían el servicio. Incluso les ofrecían buscarlos en la puerta de sus casas para llevarlos al aeropuerto en Venezuela o para ayudarlos a cruzar la frontera con Colombia.

Algunos dijeron que a sus familiares les pidieron previamente fotos de las personas que viajarían, incluidos los niños, sin precisar el nombre de los hoteles o posadas donde iban a alojarse.

Todos afirmaron que los guías o representantes de supuestas agencias de viaje tramitaron el permiso turístico que exigen las autoridades de San Andrés para permitir el ingreso de los viajeros en la isla. Muchos dijeron que lo obtuvieron el mismo día.

Los familiares entrevistados reportaron que sus parientes estuvieron satisfechos con el servicio inicialmente, pero antes de abordar las lanchas dijeron tener dudas o sentir miedo de afrontar la travesía hacia Nicaragua.

Muchos se quejaron por la precariedad de las embarcaciones, carentes incluso de chalecos salvavidas, y la estadía en lugares clandestinos para esperar que las condiciones climáticas les permitieran zarpar de noche y evadir el patrullaje de la Guardia Costera.

Cuando supieron que sus parientes habían desaparecido en el mar, muchos publicaron mensajes en redes sociales para pedir ayuda. A partir de entonces recibieron llamadas para extorsionarlos y amenazas de muerte por insistir en la búsqueda.

Algunos familiares dijeron que las cuentas en redes sociales de los migrantes han estado activas después de que desaparecieron. Varios chats de Whatsapp muestran conexiones recientes.

Ester y otros familiares se sumaron a un chat de Telegram administrado por una asociación llamada ONSA Venezuela, siglas para Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los Espacios Acuáticos de Venezuela.

Varios familiares contaron que los administradores del chat insistían en que los migrantes estaban muertos, que probablemente habían sido devorados por los tiburones.

Además, silenciaban o expulsaban a los participantes que asomaban la sospecha de que sus parientes habían sido secuestrados o eran víctimas de una red de tráfico de personas.

El secretario general de ONSA Venezuela, Luis Guillermo Inciarte, descartó que la asociación haya buscado desorientar a los familiares.

Explicó que la organización brinda asesoría para “labores de búsqueda, rescate y salvamento marítimo”.

“Los familiares vienen a nosotros porque no saben qué hacer en esta situación”, dijo Inciarte. “Hemos asesorado a familiares de personas que desaparecieron en las aguas de San Andrés a bordo de al menos diez embarcaciones durante los últimos cuatro años”.

Inciarte, un capitán de yate, explicó que a través del chat de Telegram ponen en contacto a los familiares con las autoridades de Colombia, Nicaragua y Costa Rica.

Dijo que el chat de los familiares de la lancha de octubre pasado llegó a tener 80 participantes.

“Se sacaron a las personas que no se contenían emocionalmente por la angustia y a los que no se identificaban”, aseguró. “Sabemos que miembros del crimen organizado pueden tratar de entrar a nuestros chats para obtener información y sabotear la búsqueda”.

El representante de ONSA indicó que el análisis de varios expertos los llevó a concluir que la embarcación de octubre se hundió debido a malas condiciones climáticas a mar abierto y por el exceso de peso ocasionado por los pasajeros y el equipaje.

Sin embargo, en vista de que no se han encontrado cuerpos ni pertenencias de la mayoría de los migrantes, Ester y los demás comparten la convicción de que sus familiares están vivos, sometidos contra su voluntad.

En este testimonio en primera persona, Ester cuenta cómo ocurrió la desaparición de su esposo, un migrante venezolano de 29 años, y las gestiones que ha hecho para encontrarlo.