Aunque en Ecuador la esclavitud fue abolida en 1852, centenares de trabajadores de Santo Domingo y Esmeraldas llevan más de un lustro denunciando que ellos son el testimonio vivo de que no es así en la práctica; que ellos son los “esclavizados modernos”. Este martes, compartieron sus relatos de explotación laboral, trabajo infantil y condiciones de vida “inhumanas” ante la Corte Constitucional, frente a los representantes de cinco instituciones del Estado y la empresa Furukawa Plantaciones C.A., una multimillonaria firma japonesa que lleva seis décadas en el país cultivando y exportando fibra de abacá. También es la compañía a la que los demandantes, en su mayoría afroecuatorianos, reprochan prácticas de servidumbre de gleba. Cristian Estrada, uno de los trabajadores de la empresa a quien amputaron una pierna por un accidente laboral no atendido, lamentó en la audiencia la vulneración de sus derechos y el abandono también del Estado: “Le pido de corazón que haga justicia, señora jueza. Es lo que necesitamos”. En aproximadamente un mes, la máxima corte emitirá un fallo histórico: será la primera vez que se pronuncie sobre esclavitud moderna en el país sin opción a más apelaciones.

Antes de tomar el turno de palabra frente a la Corte Constitucional, Walter Klinger les muestra las manos y las piernas a los magistrados. Las cicatrices y las lesiones de cuarenta años trabajando para la empresa aún duelen. “Toda mi familia trabajó en Furukawa y todos murieron ahí. Papá, mamá, hermanos, hijos… Todos”, le explica sin titubear. Algunos fallecieron por contaminación del agua y otros, según explica, por el humo del candil usado en la finca, donde la firma cultiva 2.300 hectáreas de abacá, una planta similar al plátano con el que se fabrica papel moneda.

Un letrero de Furukawa Plantaciones C. A. en Ecuador.

Klinger, que también perdió gran parte de la visión como consecuencia de un accidente laboral, exige lo mismo que los otros 338 demandantes, que se unieron en una acción de protección en 2022. Durante la audiencia, la empresa dejó claro que la reparación, de ser necesaria, debería de correr a cuenta del Estado o de los arredatarios (un sistema de terciarización que, según ellos, les exime ahora de responsabilidad). Para los diferentes órganos del Estado presentes, sin embargo, las inspecciones de trabajo fueron “constantes” y el acceso a los derechos de la educación, vivienda y salud estuvieron garantizados. Datos que la acusación pone en entredicho con el censo de los trabajadores sobre la mesa: más del 95% de ellos sufrían pobreza extrema y menos de un 20% sabía leer y escribir. Las imágenes de las múltiples investigaciones y los testimonios de decenas de mujeres que dieron a luz a todos sus hijos en la hacienda dan parte también de la insalubridad de las viviendas y de la vulneración a sus derechos de salud.

Furukawa estuvo en la mira desde hace más de seis años. A partir de una denuncia de extrabajadores en 2018, la Defensoría del Pueblo inició una investigación que determinó que en las fincas de la empresa se dieron condiciones de “esclavitud moderna” durante casi seis décadas. El organismo detalló condiciones “infrahumanas” de vivienda, trabajo infantil y adolescente y ausencia absoluta de derechos laborales de un censo propio de 1.244 personas. Más adelante, se iniciaron otras investigaciones, incluyendo una minuciosa investigación de la Fiscalía, que abrió un proceso penal aún en cauce. Paralelamente, se presentaron dos acciones de protección, unificando un primer grupo (de 123 personas) representado por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) y un segundo grupo (de 216 personas) representados por la Defensoría. Ocho de los denunciantes murieron en el proceso sin reparación.

La Corte tiene ahora en sus manos la posibilidad de dictar una sentencia histórica y pionera en materia de esclavitud. “Podrá servir de precedente para que no vuelva a repetirse nada igual”, dice Alejandra Zambrano, abogada de Cedhu, quien expuso la “estrategia” de la empresa durante generaciones hasta contar con un patrimonio de más de 18 millones de dólares. La abogada apuntó en su comparecencia que la forma de operar constaba de cuatro puntos fundamentales: selección deliberada de trabajadores vulnerables e iletrados; unas condiciones de vida insalubres y distantes geográficamente de los cascos urbanos; una vida dedicada exclusivamente a la producción cuyo pago estaba basado en deudas impagables y jornadas de más de 10 horas diarias; y un sistema de intermediación intencionado para evitar responsabilidades en el futuro. “Esta ha sido siempre la estrategia de la compañía, pero pasa por alto que son trabajadores arrendatarios tenían la misma vulnerabilidad que los demás”, zanja minutos después de la audiencia.

Esa terciarización o sistema de arrendamiento fue uno de los puntos álgidos durante las ocho horas de audiencia, convocada por la jueza Daniela Salazar Marín. La defensa de la compañía japonesa trató de equiparar la decena de testimonios que comparecieron este martes con “cualquier realidad en la ruralidad ecuatoriana”, según palabras de Juan Francisco Guerrero del Pozo, abogado de la empresa. “Furukawa llegó a tener conocimiento de los inconvenientes entre sus arrendatarios y los trabajadores de estos, quizá fue un conocimiento tardío y efectivamente entendía que había un problema relacionado con la condición de las viviendas y el régimen laboral, pero eran empleados de los arrendatarios, no nuestros”, dijo. “La compañía reconoce que había una falta de control (…) pero hay una distancia enorme para que Furukawa reconozca que su modo de producción se trate de esclavitud moderna como lo han etiquetado”.

“¿Realmente podían elegir?”

Así, la defensa trató de sustituir esclavitud por precariedad. “Después de lo que sucedió en 2019 [las primeras denuncias e inspecciones], todos los que producen fibra de abacá se encuentran bajo la nómina y afiliados a la empresa Furukawa. Y el esquema de arrendamiento, desde el año 2019, no ha seguido siendo utilizado”.

Preguntado por la libertad de los abacaleros, el gerente general, Adrián Herrera, fue conciso: “Hay muchas personas que decidieron cambiar de rubro. En mi opinión, han sido libres de escoger su futuro sin problema”. Una cita a la que uno de los jueces contestó: “Con las condiciones de pobreza y falta de educación que tenían, ¿realmente tenían posibilidad de cambiar de trabajo?”.

Un trabajador cosecha la fibra de la abacá.
ANA MARIA BUITRON

Por parte de las cinco instituciones del Estado presentes [que incluían desde Sanidad hasta Educación o Ministerio Público], la narrativa fue también la de echar balones fuera. Cada uno de ellos, en sus 25 minutos de intervención, sacó pecho de políticas de control y presencia en la comunidad, siempre posterior a las denuncias. Constantes inspecciones de trabajo, brigadas sanitarias, la educación primaria garantizada… Aunque todos “se solidarizan con los afectados”, pareciera que de las haciendas de Furukawa, situadas en una de las poblaciones más pobres del país, nunca se ausentó el Estado. Por lo menos después de 2019. Uno de los reclamos que más le achacó la abogada particular Sara Castillo: “Lo único que le falta es que le tiren flores a la empresa Furukawa. ¿Dónde estaban antes de las denuncias?”. Por ello, la acusación pide medidas de reparación económica, entrega de tierras y políticas de no repetición.

“¿Por qué no negociamos de una vez?”

La estrategia de negarlo todo no es nueva. Acercarse a los denunciantes para mediar, tampoco. El pasado 4 de abril, según cuentan varios trabajadores de Furukawa y corroboraron este martes en la audiencia, llegaron al campamento del kilómetro 33 sobre la 13.00, unos 12 vehículos con funcionarios del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud acompañados por el gerente general Herrera, escoltado por varios miembros de las fuerzas públicas. De acuerdo a María Alexandra Guerrero, de 39 años, una de las demandantes que estaba presente en el momento, pidieron llegar a un “acuerdo amistoso” antes del juicio. “No es la primera vez, a mi marido y a mi cuñado ya nos intentaron sobornar con 10.000 dólares para no ir a los tribunales”, cuenta por teléfono.

Otro de los abacaleros informó que el gerente general les dijo: “¿Por qué no conversamos y negociamos de una vez? En esa audiencia no va a pasar nada, están pasando tiempo por gusto”. Para Zambrano, este es un acto de deslealtad procesal: “Siempre han intentado invitarlos a supuestos acuerdos donde por años de vida de trabajo les quieren entregar 100, 200 o 1.000 dólares. Quieren proponer arreglos y engaños cuando lo único viable es hablar de reparaciones. Estas solo se hablarán en los juzgados”. Acusaciones que desmintieron los implicados.

Fuera de la Corte Constitucional, unas 100 personas se acumularon con rosas blancas, tambores, velas y el grito de: ‘¡Justicia, justicia, afuera Furukawa!’. “Ecuador no pone atención a los derechos del otro, y si me matan por decir esto que me maten, porque me da vergüenza vivir en ese país. ¡Furukawa nunca más, carajo!”, dijo una de las mujeres presentes. A Susana Quiñonez, de 63 años, una de las voces de resistencia más fuertes del movimiento, también se le desgarraba la voz pidiendo justicia: “Hemos sido abacaleros olvidados porque no hemos tenido reparación. En las fincas no ha habido una escuela, un hospital, una cédula… Nos robaron la niñez, nos robaron todo. Le pedimos al Estado que no se olvide del campesinado. Sí, no sabemos leer, pero por eso no van a vulnerar nuestros derechos”.