• La campaña que concluirá en las elecciones generales del 2 de junio en México y que incluye la puja por la presidencia es considerada la más violenta de la historia reciente del país.

Aunque el conteo estatal habla de más de 20 candidatos asesinados, organizaciones de derechos humanos establecen el número hasta en 40 dirigentes muertos.

A eso se deben sumar cientos de amenazas y al menos 11 secuestros.

“Es muy difícil saber realmente los números”, dice Roberto Roldán, un politólogo especializado en violencia política del Colegio de México, una universidad pública.

Las razones de la opacidad son múltiples: hay víctimas que no denuncian por miedo a represalias, muchos actos violentos ocurren antes de que se defina el candidato y la mayoría de ellos se dan en regiones rurales, relativamente aisladas, sin repercusión nacional.

Cientos de candidatos han pedido protección en estos meses de campaña, pero hay otro puñado que, por desconfianza, rechazan la seguridad oficial por corrupta, la cual cambia de un lugar a otro y está sujeta a lógicas locales de poder.

Roldán estudia la violencia electoral letal de la mano del Seminario Sobre Violencia y Paz, un centro de estudios en el Colegio de México. Es coautor de varios informes sobre el tema, entre ellos uno sobre la violencia política durante los comicios de 2021, en los que se eligió a cargos legislativos y locales.

En esas elecciones hubo 32 candidatos asesinados. Roldán investigó cada uno de ellos, experiencia que le permite analizar la violencia de las presentes elecciones.

¿Realmente es esta la elección más violenta?

La tendencia es creciente, sí, pero sobre todo es constante. Sí va a haber más homicidios que en la elección de 2021, pero esta es una elección mucho más grande.

En todo caso, es una situación endémica y estructural. Y no veo razones para que esto desaparezca.

¿Qué tanto se le puede atribuir esta violencia al crimen organizado?

Fue lo que siempre se pensó: que las amenazas vienen de grupos armados que quieren cooptar a los políticos. Pero esa es solo una mitad de los casos.

La otra mitad es por razones políticas. Es decir, dentro de los partidos las campañas se juegan a balazos. No es que un partido quiera borrar al otro, sino que la definición misma de los candidatos usa la violencia como filtro.

Y por eso es algo muy estructural, porque tiene que ver con la manera como se resuelven ahora los conflictos en México.

Más de dos tercios de los 32 casos que analizamos en 2021 usaban una técnica criminal típica del sicariato: la ejecución precisa, sin amenazas previas.

Entonces el método puede ser del crimen, pero las intenciones vienen de la política que el mismo gobierno se hace el de la vista gorda.

¿Esta violencia política se da en todo el país?

En cada región es distinto. El perfil típico del asesinado es que es un opositor al alcalde en un municipio muy rural. La mayoría son gente que compite por cargos municipales: alcalde, regidor o síndico.

Sin embargo, este año ha aumentado la cantidad de muertes de candidatos a diputados federales, de orden nacional.

Y otra cosa común, sobre todo en candidatos de proyección nacional, es que el acto violento muchas veces no es contra ellos, sino contra su círculo cercano, sea éste político, empresarial o familiar.

¿Cuál es el impacto en el entorno del candidato?

Te lo respondo con un ejemplo, porque el caso de Ivone Gallegos ejemplariza muchos otros.

Era una líder política de un municipio en Oaxaca. Cuando empezaba su carrera mataron a su compañero de fórmula para la Asamblea. Luego, hace 6 años, mataron a su esposo. Y en 2021 la mataron a ella a balazos en una carretera.

Fue un caso sonado, de un grupo político o una familia afectada durante años que dio con unos detenidos al año siguiente, pero que sigue sin esclarecerse.

Ahora, la diferencia de este caso con los demás es que recibió mucha atención. Los que no son de alcance nacional, en un partido local y pequeño, también afectan a sus entornos, pero al no tener repercusión, la posibilidad de que cumplan los requerimientos del victimario es más grande.

Los políticos locales, los que apenas empiezan su carrera, pueden ser disminuidos a punta de miedo. Y el hecho queda en la impunidad.

¿Qué consecuencias puede tener esto para la democracia?

Bueno, se puede decir que, a nivel local, en México no hay democracia.

Y el dato existe: Data Cívica, una organización que estudia esto, dice que, por cada ataque, la participación en los municipios se reduce en un 3%.

Entonces, a nivel ciudadanía tiene un impacto enorme.

No solo porque los liderazgos terminan siendo rehenes de la violencia, sino porque se dan en contextos, como Veracruz, por ejemplo, con una larga historia de caciques electorales y familias enfrentadas que condicionan el voto.

Cada localidad es un universo particular, con sus propias lógicas e historial de violencias.

Porque, además, el análisis no se puede reducir a los casos que terminan en un asesinato reportado en la prensa. Hay muchas amenazas y eventos de violencia que no conocemos, porque no se denuncian o no llegan a la prensa.

Hay muchas violencias no extremas que también condicionan la democracia.

Por eso es que tienes Estados como Michoacán, donde casi 40 candidatos se han bajado de la contienda este año.

Porque, al final de cuentas, la gente prefiere salvar su vida antes que participar en política.

¿Cómo reaccionan las víctimas?

Otro ejemplo: En esta elección, en Guanajuato, hubo una candidata que duró 100 días pidiendo protección hasta que la mataron. Después de eso, se anunció que iban a quitar requisitos para pedir seguridad.

En general, cuando te llega la seguridad, tus posibilidades de hacerte conocer y hacer campaña están reducidas a nada.

Para hacer política en México tienes que adaptarte a la posibilidad de que te maten, a la violencia, a tener tus posibilidades reducidas según el interés de grupos criminales.

¿Qué pasa con los políticos que deciden seguir haciendo campaña a pesar de la situación de violencia?

Unos, por un lado, reducen su campaña a las redes sociales. Eso les resta visibilidad y quedan sujetos a los algoritmos.

Y otros, además de pedir protección, negocian su situación de amenaza con el grupo, legal o no, que puede estarlos amenazando. Porque a nivel local hay policías, entidades y partidos que por debajo tienen esta rama violenta.

Es decir: por debajo del sistema mexicano hay una convivencia entre criminales y políticos que decide quiénes pueden postular y quiénes no.

¿Crees que la política mexicana está entonces sometida?

Depende del caso, pero en general se puede decir que en lo local los políticos mexicanos son rehenes de dinámicas criminales.

El efecto de la amenaza no está solo sobre el amenazado: los que no son amenazados igual están sujetos a estas lógicas y deben actuar en función de ellas.

¿Crees que la gente va a votar con esta problemática en mente?

No, primero porque es algo que no pasa en todas partes: en estas elecciones habrán matado a 40 de 20.000 candidatos. Entonces proporcionalmente parece un fenómeno minoritario.

Y cuando el caso llega a una plataforma nacional, como una conferencia de prensa del presidente, el impacto es político: es una herramienta para atacar a quien se cree que es el culpable, que siempre va a ser tu opositor político. Y, en cualquier caso, dos semanas después ya se ha olvidado.

La gente ha aprendido a ponderar esto como normal. Nadie lo niega, pero a muy pocos nos importa, entre otras razones porque no es un fenómeno de la política central de la Ciudad de México o de las grandes ciudades, sino de municipios aislados.

¿Cómo se soluciona esto?

No lo sé. Puedes crear estrategias de seguridad, reformas políticas, intervenir incluso el tema de la división administrativa de los municipios, que es caótica e impide las medidas generales.

Hay municipios que tienen 20 o 30 policías en territorios enormes y tienen atribuciones muy autónomas, que operan como un feudo, y eso limita la contingencia, porque ésta no puede ser diferente para cada lugar, sino federal, general y ambiciosa.

Por eso creo que la cirugía que se necesita es mayor, que implique a las instituciones judiciales, políticas y policías en todas las jurisdicciones. Si reduces la impunidad, reduces los incentivos, y con eso cambias la cultura. Y eso es lo difícil.