La Justicia argentina escucha a víctimas en la causa por crímenes de lesa humanidad de las fuerzas de seguridad venezolanas

La Justicia argentina escucha a víctimas en la causa por crímenes de lesa humanidad de las fuerzas de seguridad venezolanas

Manifestantes marchan en las calles de Caracas (Venezuela), en marzo de 2014. FERNANDO LLANO (AP)

– “Poder hablar ante los jueces es un primer paso hacia la reparación”, dice Ignacio Jovtis, abogado de la Fundación Clooney, querellante en esta causa de jurisdicción universal

Familiares de dos manifestantes asesinados durante las protestas de Venezuela en 2014 declararon esta semana ante un tribunal argentino. En audiencias de hasta tres horas, las víctimas testificaron en la causa abierta un año atrás en Buenos Aires por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados por las fuerzas de seguridad venezolanas.

La Fundación Clooney para la Justicia, querellante, apeló a la jurisdicción universal para solicitar que Argentina investigue el posible plan sistemático de represión orquestado por las fuerzas que responden al Gobierno de Nicolás Maduro. La declaración brindada por tres víctimas supone el mayor avance hasta ahora en la causa.

“Me he quitado una gran mochila de encima”, le dijo una de las víctimas al abogado litigante, Ignacio Jovtis, cuando terminó la audiencia tras días de muchos nervios. “Pienso que en Argentina se les ha abierto una ventana de justicia, esa justicia que se les fue negada durante tantos años. Tener la posibilidad de hablar frente a los jueces implica un primer paso hacia la reparación”, declaró el letrado. “Fue intenso, pero [las víctimas] se sintieron bien tratadas y respetadas”, valoró este viernes.

Según la denuncia, el ataque organizado contra la población civil entre febrero y mayo de 2014 “respondió a una política de Estado” y el asesinato de más de una veintena de manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad se enmarcó dentro de un plan sistemático de represión.

Guardias bolivarianos detienen a manifestantes, de rodillas,
luego de enfrentamientos en la Plaza Altamira, el 16 de marzo de 2014.
ESTEBAN FELIX (AP)

“No estamos hablando de delitos aislados sino que creemos que son delitos que corresponden al mismo patrón”, asegura Jovtis, quien trabaja desde hace dos años en este caso. Cuenta que entrevistó a decenas de personas en toda Venezuela y sus testimonios revelan que en distintas regiones del país hubo personas “detenidas, torturadas y liberadas de forma notoriamente similar”.

La Justicia venezolana se ha negado a investigar a los altos cargos de la Guardia Nacional Bolivariana y se ha limitado a juzgar la responsabilidad de los oficiales de rangos subalternos, motivo por el que la Fundación Clooney recurrió a la Justicia argentina. Ha entregado 15.000 páginas con pruebas para acusar con nombre y apellidos a quienes considera culpables de los dos crímenes para los que exigen justicia. “Lo que buscamos es que la Justicia identifique y condene a los responsables penales”, afirma Jovtis.

La querella lamenta no poder brindar más detalles sobre los casos representados debido al riesgo para la seguridad que enfrentan sus familias a día de hoy, pese al tiempo transcurrido desde los crímenes denunciados. “Denunciar cualquier violación de los derechos humanos en Venezuela requiere un grado de valentía muy grande porque los riesgos no son teóricos sino reales, como vimos con Rocío San Miguel”, detalla el abogado, en referencia a la activista detenida desde febrero acusada de formar parte de una supuesta conspiración para asesinar a Maduro. La fiscalía venezolana detuvo también a la hija de San Miguel, a su marido, a su exmarido y a dos familiares más, aunque después los dejó a todos en libertad con cargos excepto a ella.

Naciones Unidas denuncia desde hace años las múltiples violaciones de los derechos humanos perpetradas en Venezuela. Según este organismo internacional, los servicios de inteligencia venezolanos “funcionan como estructuras bien coordinadas y eficaces para la ejecución de un plan, orquestado desde los niveles más altos del Gobierno, para reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad”.

Un policía dispara una bala de goma contra los manifestantes,
el 8 de mayo de 2014 en Caracas.
ALEJANDRO CEGARRA (AP)

Frente a la parálisis de los tribunales venezolanos, estos crímenes se investigan en paralelo en la Corte Penal Internacional (CPI) y en la justicia argentina por aplicación de la jurisdicción internacional, que permite a los países enjuiciar los crímenes más graves con independencia del lugar donde se hayan cometido y de la nacionalidad del autor o de la víctima. A principios de año, un juez argentino de primera instancia archivó la causa y pidió derivarla a la CPI, pero un tribunal superior ordenó reabrirla en abril. Desde entonces, la justicia argentina ha solicitado varias medidas de prueba y ha tomado declaración esta semana a tres víctimas.

Amnistía Internacional (AI) presentó un amicus curiae para respaldar la causa impulsada por la Fundación Clooney por considerar que “el sistema de justicia de Venezuela ha demostrado que no tiene voluntad ni capacidad para genuina y adecuadamente investigar, perseguir y sancionar penalmente a los perpetradores de crímenes graves de derechos humanos en su jurisdicción doméstica, menos aún a aquellos que ostentan altos cargos en las líneas de mando”.

En el escrito presentado, AI advirtió que las violaciones de los derechos humanos se han recrudecido y se ven de forma cotidiana detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y la ausencia de garantías mínimas para un juicio justo, así como ataques constantes a organizaciones y activistas. Esta organización alentó a la justicia argentina “a ponerle freno a los perpetradores de estas violaciones y crímenes” al aplicar toda la fuerza del derecho penal para ofrecer justicia a las víctimas.

La justicia federal argentina tiene otras dos causas abiertas bajo el principio legal de la jurisdicción universal. La primera, iniciada en 2010, investiga los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en España por el régimen franquista (1936-1977). La segunda se remonta a 2021 e investiga el presunto genocidio cometido contra la comunidad rohingya en Myanmar.