CRÓNICAS. ¿Yasuní, la Bolsa o la Vida?
CRÓNICAS. ¿Yasuní, la Bolsa o la Vida?
Por: Lucía P. de García
Toronto.- Con afán de evitar que llegaran a la atmósfera 407 millones de toneladas de CO2 al conservar intacto el maravilloso Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía de Ecuador, en 2007 el ex Presidente de la República Rafael Correa propuso ante la ONU no explotar crudo en el campo Ishpingo, Tambococha, Tiputini ITT, a cambio de recibir de la comunidad internacional la mitad del dinero que se obtendría de tal explotación, 3.600 millones de dólares vitales para el desarrollo del país.
Tras seis años y con una recaudación ínfima, el ex mandatario canceló la propuesta e inició la explotación petrolera en el 0,1% del Yasuní ITT, ajustándose a las más estrictas normas ambientales del momento. En 2014 el país alcanzó un notable progreso; su estabilidad social lo ubicó como el segundo más seguro de América del Sur; la producción de 550.000 barriles diarios de petróleo le convirtió en exportador.
Con la llegada de Lenin Moreno al poder en 2017, su intencional descuido de la obra pública hizo que la producción de crudo disminuyera, dejando al país en una precaria situación económica que crece; hoy cifra una pérdida de USD 18.000 millones.
Durante el gobierno de Guillermo Lasso, 2021-2023, las firmas recogidas por el Colectivo Yasunidos y otros grupos ecologistas lograron que en agosto de 2023 se realizara una Consulta Popular para revertir la extracción del crudo. Ecuador festejó el triunfo del SÍ, se conservaban 1.022.736 hectáreas de lo que constituye una de las mayores reservas biológicas del mundo.
Para sorpresa, las nacionalidades waoranis, kichwas, shuar, respondieron NO. Cristóbal Kasent, coordinador regional de la Amazonía, dijo que presentarían una acción judicial contra el resultado, no sólo porque los habitantes se benefician de los proyectos de desarrollo sino porque los trabajos de mitigación ambiental han funcionado bien.
El mandatario se negó a aceptar el resultado de las urnas, lo calificó de “acción suicida”. Yasunidos acudió ante la Corte Constitucional. Ésta ratificó que nadie puede oponerse al mandado popular so pena de destitución de su cargo. Y recordó que ante la acción extraordinaria de protección que presentó Yasunidos, en 2021 ya dictaminó el plazo: 31 de agosto de 2024. Debido a la Muerte Cruzada, Lasso entregó la presidencia a Daniel Noboa y con ella la responsabilidad sobre el Yasuní ITT.
En el poder desde noviembre de 2023 hasta mayo 2025, Noboa dejó este asunto en segundo plano. Recién a inicios de agosto presentó a la Corte Constitucional un plan para cerrar el Bloque 43-ITT: durante cinco años cinco meses, apagar en forma paulatina los 248 pozos que representan el 13% de la producción de Petroecuador.
Semanas atrás, el Banco Central señaló que el desmantelamiento de dicho Bloque reducirá los ingresos brutos del país en USD 17.634,5 millones.
Petroecuador advirtió que la producción de petróleo ha caído en todos los pozos, y que la disminución de ingresos petroleros agudizará aún más los graves problemas sociales y económicos. Salvando su labor, la entidad indicó que desde 2014 ha firmado 11 convenios de compensación social con las comunidades de la zona, beneficiando a los habitantes con programas de relaciones comunitarias y creando 915 empleos directos. Sobre el medioambiente, afirmó que no ha registrado derrames de crudo, y los 25 eventos operacionales ocurridos los controló de acuerdo a las normas pertinentes.
Reinaldo Armijos, gerente subrogante de Petroecuador, puntualizó que el costo de cerrar pozos, desarmar plataformas, la red de oleoductos, la planta de procesamiento de petróleo, costará miles de millones de dólares, sin contar la afectación al Oleoducto de Crudos Pesados OCP, procesos de rigor, indemnizaciones; todo, sin ingresos.
David Almeida, secretario general de los Trabajadores de las Empresas de Energía y el Petróleo de Ecuador, aseguró que hay un auto sabotaje del gobierno, pretende entregar ciertos campos a privados. Tras finalizar el contrato de concesión por 20 años del OCP, éste debió revertirse al Estado, el cual obtendría una ganancia de 2.500 millones de dólares en los próximos 20 años al ahorrar por el transporte de crudo y las utilidades. Pero el plazo lo extendió seis meses que terminaron en julio, y nada ha hecho.
Nelson Baldeón, consultor geopolítico y energético, expresó que al rebajar la producción Ecuador dejó de ser país petrolero, y al privilegiar la importación de derivados se ha perjudicado a dicha industria. Comentó que el desmantelamiento del Yasuní ITT reducirá la producción petrolera en un 30% más. Y contrario al objetivo conservacionista de la Consulta Popular de 2023, el medioambiente se afectará con tala de árboles, minería ilegal y la presencia de grupos irregulares en reemplazo del Estado.
Así las cosas, el 28 de agosto el gobierno apagó y abandonó el primero de los 248 pozos del Bloque 43-ITT, el pozo direccional Ishpingo B-56. No dijo cuáles técnicos intervinieron, que método emplearon, cuánto costó la operación, si existe una garantía ecológica. No convocó a los medios de comunicación, lo cual levanta sospechas. Tampoco a los ambientalistas, como era lógico. Sólo se sabe que el gobierno hizo farra, una más de las que usualmente realiza.
Mientras tanto, los miembros de las nacionalidades amazónicas salieron a las calles a rechazar el cierre. Cuentan con el apoyo de organizaciones indígenas y campesinas nacionales, de gente común que se pregunta ¿Por qué cerrar los pozos a un costo mayor que el de la producción? ¿Por qué el apuro de hacerlo ahora que la economía está en caída libre, propiciando la desgracia del país en tanto crecen triunfantes deudas, inseguridad, narcotráfico, corrupción, todo lo ilícito?
Ante esta realidad, la decisión ambientalista se mantiene firme, SÍ, sin ninguna duda. También es innegable que está presente la disyuntiva ¿El Yasuní, la bolsa o la vida?
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