Unos 50 países miembros de la ONU exigen a Venezuela que publique los resultados de las elecciones
Unos 50 países miembros de la ONU exigen a Venezuela que publique los resultados de las elecciones
Entre las sanciones aplicadas también hay restricciones al petroleo venezolano. Foto: AFP
- Buscando ejercer presión, Estados Unidos aplica más sanciones a varios funcionarios venezolanos
En una movida que refleja la creciente presión internacional sobre el régimen de Nicolás Maduro, cerca de medio centenar de países exigieron este jueves, a través de una declaración leída en la ONU, que Venezuela publique de inmediato los resultados de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de julio.
Entre los países firmantes de esta declaración, cuarenta más la Unión Europea en bloque, se encuentran Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón y varios países latinoamericanos como Panamá, Uruguay y Paraguay.
El llamado internacional se centra en la necesidad de una “verificación imparcial” de los resultados, en medio de acusaciones de fraude. La declaración, leída por el representante de Panamá, insta al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela a revelar los resultados de la votación de todos los colegios electorales y permitir la supervisión de observadores independientes. La petición busca asegurar la credibilidad, legitimidad y transparencia del proceso electoral, que ha sido ampliamente cuestionado.
Las autoridades venezolanas, por su parte, aún no publican las actas de votación, y atribuyen la victoria al actual presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, la oposición, liderada por el exiliado Edmundo González Urrutia, afirma que su candidato fue el verdadero ganador con más del 60% de los votos.
Esta discrepancia llevó a un informe preliminar de la ONU, divulgado el 13 de agosto, que critica al CNE por no cumplir con las normas básicas de transparencia e integridad y por incumplir los plazos establecidos.
La declaración de la ONU también expresa una “gran preocupación” por los abusos a los derechos humanos en Venezuela, tales como asesinatos, detenciones arbitrarias y tácticas intimidatorias contra opositores.
En respuesta a las alegaciones de fraude, Estados Unidos amplió su lista de sancionados, añadiendo a 16 funcionarios venezolanos, incluida la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y varios directivos de la autoridad electoral. El secretario de Estado, Antony Blinken, justificó las sanciones como una medida para responsabilizar a Maduro y sus colaboradores por “obstruir” el proceso electoral y violar los derechos humanos.
Las sanciones estadounidenses implican la congelación de activos y la prohibición de hacer negocios con estos funcionarios. Además, el Departamento de Estado está implementando nuevas restricciones de visa para los sancionados.
Esta acción fue rechazada enérgicamente por el gobierno de Nicolás Maduro, que considera las sanciones como un acto de agresión y una maniobra para desestabilizar su gobierno corrupto.
En paralelo, la administración Biden ratificó sanciones al sector petrolero venezolano, aunque ha otorgado licencias específicas a algunas compañías petroleras para operar en el país.
Esta medida tiene como objetivo limitar la capacidad financiera del régimen de Maduro, que depende en gran medida de los ingresos del petróleo para mantener su control político.
La situación en Venezuela continúa siendo tensa, obligando a los opositores a tomar medidas drásticas, como lo es reciente salida del país de Edmundo González. La falta de transparencia en el proceso electoral y las acusaciones de violaciones a los derechos humanos siguen siendo temas centrales en el debate sobre la crisis venezolana.
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