Estafa en la comunidad nikkei peruana: se esfuman los ahorros de más de 20.000 jubilados
Estafa en la comunidad nikkei peruana: se esfuman los ahorros de más de 20.000 jubilados
– Los directivos de la cooperativa, que habían creado una estructura criminal, recibían créditos que nunca devolvían para comprar edificios en las zonas más exclusivas de Perú
Desde los años 90, cuando un administrador cusqueño llamado Carlos Manrique defraudó la confianza de 250.000 peruanos al desaparecer sus ahorros de toda la vida en el Centro Latinoamericano de Asesoría Empresarial (CLAE), no se producía una estafa de similar calibre.
El último fin de semana se produjo un megaoperativo en las regiones de Lima y Piura, donde se detuvo a veintidós implicados en una organización criminal que se habría apropiado ilegalmente de los fondos de más de 20.000 ahorristas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito AELU (Aelucoop).
A diferencia de CLAE, Aelucoop no nació a partir del ímpetu individual, sino dentro del círculo de los socios de uno de los clubes con más tradición en el Perú: la Asociación Estadio La Unión, más conocido como AELU, cuyos miembros representan a la comunidad japonesa en el país. Desde 1953, bajo los preceptos orientales, pregonan la integración familiar, la formación en valores y el deporte para ser “la esperanza del mañana”. En 1980 un grupo de socios nikkei —como se designa a los emigrantes japoneses y a sus descendientes— creó la cooperativa con tasas de interés sumamente atractivas y muy por encima del mercado.
En el 2021, la Superintendencia de Banca y Seguros intervino a la cooperativa debido a la pérdida total del capital social y a una suma de denuncias de clientes que no habían podido realizar retiros. Desde entonces, la Fiscalía siguió la pista del dinero y, tras una serie de pericias contables e informáticas, estableció que entre el 2009 y el 2021 los directivos y funcionarios de Aelucoop desviaron los fondos de los ahorristas a empresas inmobiliarias cuyos dueños formarían parte de la misma red criminal.
Dichas compañías pertenecen a dos grupos: uno de propiedad del empresario Fernando Fausto Fox Sam y el otro de Richard Baca Palacios, alcalde provincial de Chulucanas, una ciudad ubicada en la costa norte de Piura. Baca Palacios no fue encontrado en su casa por los agentes y su paradero es desconocido. Según la tesis fiscal, a pesar de no contar con un historial crediticio y un patrimonio considerable, estas empresas accedían a millonarios créditos de la cooperativa que jamás devolvían. Con ello habrían construido grandes edificios en zonas residenciales de Lima como Miraflores, San Borja y Barranco.
Se calcula que los créditos fraudulentos han ocasionado un perjuicio de 188 millones de dólares en contra de los 20.000 ahorristas, quienes no han podido cobrar su dinero tras la bancarrota de la cooperativa. “Era para financiar la educación superior de mi hija. No era dinero para viajar a Miami, comprarme un carro o irme de compras. Ese dinero me lo robaron esos miserables (…) Es muy triste lo que nos ha pasado. A las personas honestas, de bien, que vivimos una vida modesta nos roban”, contó Carmen Novella al dominical Cuarto Poder. Novella tenía ahorrados casi 60 mil dólares, fruto de su trabajo como economista.
Quien lideraría esta organización criminal es Ruger Miguel Zeballos Hatakeda, gerente general de Aelucoop desde el 2009 hasta el 2019. Zeballos Hatakeda fue detenido por la Policía en su casa, en el distrito de Pueblo Libre, en medio de gestos de estupor. Otro de los detenidos es el traumatólogo y ortopedista, Pedro Eduardo Miyasato Arakaki. La Fiscalía los ha bautizado como los “gánsters de las finanzas” y si bien la orden de detención solo se dictó para veintitrés personas, en realidad en la carpeta fiscal son cincuenta y dos los vinculados al caso.
“Son acusados de crear empresas vinculadas a la cooperativa. Las funciones no eran tener empresas inmobiliarias; sin embargo, han creado varias y a través de ellas han hecho construcciones de edificios, estas han sido vendidas, pero no han retornado el dinero a la cooperativa. La cooperativa ha sido un vehículo de inversión para sacar el dinero, han defraudado a los socios”, ha señalado la fiscal Irene Mercado Zavala. Sobre el prófugo, Richard Baca Palacios, el alcalde prófugo, puntualizó: “era asesor, luego logra ser socio, saca préstamos por nueve millones de dólares y presenta como garantía terrenos en Piura que no son de su propiedad”. En Chulucanas recuerdan que Baca Palacios despertó la simpatía de la gente durante la campaña, en base a su origen humilde como vendedor de frutas.
Judith Terrones, otra de las agraviadas, comparte su tristeza por haber perdido su jubilación y detalla el impacto que ha causado esta estafa en otros ahorristas. “Tengo un hijo. Era para sus estudios. Mi padre acaba de fallecer. Nadie se esperaba este trato. Ya ha habido un suicidio, y han fallecido algunas personas a causa de diferentes enfermedades provocadas por todo esto. Era el proyecto de miles de ahorristas y personas de la tercera edad”, ha lamentado, deshecha. La estafa ha quebrado a más de veinte mil familias y 188 millones de dólares se han hecho humo.
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