• A pesar de ser uno de los países más pobres de América del Sur, Bolivia logró controlar el aumento de los precios de los alimentos a través de políticas públicas implementadas durante los últimos 15 años que apuntaron a abastecer el mercado interno y romper el ciclo inflacionario que afecta a varios países de América Latina.

Ahora, sin embargo, el elevado déficit fiscal, similar al que vive Argentina desde hace años, está provocando que el país atraviese una crisis que hace que los dólares escaseen en la economía boliviana.

Esto impacta la inflación, cuya tasa anual alcanzó el 5,5% en septiembre, un nivel alto para los estándares bolivianos y que ya está generando irritación entre la población local, en medio de disputas políticas en el gobierno.

Este fue el nivel más alto desde 2013, cuando la inflación alcanzó un máximo del 6,48% interanual.

Desde 2015, Bolivia ha acumulado déficits fiscales consecutivos.

La situación, sin embargo, ha empeorado desde 2023, con una caída del volumen de gas que se vende fuera del país. Este es el principal rubro de exportación del país.

Por eso, desde el año pasado, el país ha tenido que recurrir a reservas internacionales para subsidiar el precio del combustible, que es importado.

Los subsidios, que van desde alimentos hasta empresas que importan diésel y gasolina, y cuestan alrededor de US$4.000 millones al año, comenzaron a pesar en la cuenta, con el gobierno gastando más de lo que recauda.

“Se trata de déficits fiscales de un promedio del 8% del PIB [Producto Interno Bruto], una caída de los ingresos tributarios y, obviamente, de las reservas del Banco Central, que fueron liquidadas y se convirtieron en uno de los financistas más importantes del gobierno”, dice el economista Jaime Dunn De Ávila, experto en administración de empresas de la Universidad Católica Boliviana.

Tratando de mantener su programa social y económico, el gobierno de Luis Arce comenzó a utilizar reservas oficiales en dólares.

Como resultado, se produjo una caída de las reservas, que pasaron de US$15.000 millones en 2015 a US$1.900 millones en la actualidad.

Desde el año pasado, el gobierno también ha restringido los retiros de moneda extranjera y las compras con tarjetas de crédito, con el objetivo de tener más divisas en suelo boliviano.

Aun así, con reservas bajas, el país ya no puede controlar la variación de la moneda estadounidense, que se ha disparado en el mercado paralelo.

“Las reservas internacionales de Bolivia se han reducido a un nivel cercano al colapso”, añade el economista.

“Se ha vuelto más difícil para el país importar incluso productos esenciales, como alimentos y medicinas, con la consiguiente falta de bienes y aumento de precios”.

La población sufre escasez de combustible, especialmente diésel. También hay filas para conseguir alimentos básicos subsidiados, como arroz y salvado de trigo.

Además, las tensiones políticas entre Luís Arce y el expresidente Evo Morales, antiguos aliados que se disputan el control del partido Movimiento Al Socialismo (MAS) y la posibilidad de disputar elecciones el próximo año, han ahuyentado a los inversores extranjeros.

En las calles de La Paz, los comerciantes buscan dólares y anuncian la compra de la moneda estadounidense.

“Necesito dólares para importar bienes y también porque ya no confío en el gobierno”, dice el comerciante José Ignacio.

“Entonces, para protegerme, voy a ahorrar dólares aquí antes de que los precios se disparen como en Argentina”.

Alex Nery, profesor de economía de la FIA Business School, explica que la escasez de reservas de divisas, que ahora se presenta en Bolivia, sigue siendo uno de los mayores desafíos que enfrenta la economía argentina.

“La falta de reservas dificulta la defensa del tipo de cambio en tiempos de crisis y aumenta la desconfianza de los agentes del mercado interno y externo en relación con la moneda local”, señala Nery.

“[En Argentina] la devaluación del peso tiene un impacto directo en la inflación, ya que aumenta los costos de los insumos importados y aumenta los precios de los bienes de consumo, especialmente en una economía que depende de las importaciones”, agrega.

Inflación creciente

Los desequilibrios macroeconómicos ya se reflejan en la vida de la población boliviana.

Bolivia ha tenido históricamente una inflación más baja que otros países de América Latina, donde el aumento de precios es un problema frecuente.

En los últimos cuatro años, de 2020 a 2023, el país ha acumulado un aumento del 6% en el índice de precios oficial. En Brasil, el aumento fue de alrededor del 25% en el mismo período.

María de Lourdes, que vende productos alimenticios en las calles de la capital boliviana, se queja del aumento de precios durante el gobierno de Luis Arce.

Por ello, toma partido en la disputa política en el MAS y afirma que sólo el regreso de Evo Morales al poder podría permitir al país retomar la senda del crecimiento y el control de precios.

“Los precios suben mucho y nuestro salario es muy bajo. Ojalá Evo regrese, para que nuestras vidas vuelvan a mejorar como lo hicieron en su época”, afirma.

Para Alexis Dantas, profesor de ciencias económicas de la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ), el país podría optar por iniciar un control cambiario más estricto para contener la subida de la moneda y sus efectos negativos.

“Lo más razonable, para el país, sería el control de cambios, ya que los exportadores no pueden hacer otra cosa que exportar, especialmente en el tema de los minerales, y así se puede controlar el corto plazo y se pueden relajar estas medidas en el tiempo”, afirma.

“Pero hay una fuerte presión del sistema financiero”, reconoce.

Para Jaime Dunn De Ávila, el problema es precisamente el excesivo control sobre la economía del país.

“La crisis monetaria en Bolivia es, de hecho, el resultado de un problema real, que comenzó a crearse poco a poco desde 2014, cuando los ingresos por las exportaciones de gas a Argentina y Brasil ascendieron a más de US$5.000 millones para el gobierno boliviano”, señala.

“Pero eso terminó y el gobierno siguió aumentando los gastos mientras los ingresos disminuían, lo que claramente nos lleva a una crisis”.

El presidente Luis Arce admite la crisis del dólar, pero ha negado el impacto económico en la vida cotidiana de los bolivianos.

“Como varios países, tenemos ciertas dificultades en la disponibilidad del dólar, pero no estamos en una crisis económica estructural ya que la oposición pretende posicionarse para generar una crisis política y acortar nuestro mandato”, indicó Arce durante un discurso este año.

El ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, le dijo a France 24 que “habrá un aumento de divisas” en la economía con las exportaciones agrícolas que se retrasaron por problemas climáticos.

Plan de alimentación

Parte del éxito, en un período no muy lejano, del control de precios y abastecimiento del mercado interno llegó con la fundación de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) y el Fondo Rotatorio de Seguridad Alimentaria.

Estas entidades importan alimentos utilizando recursos públicos y estimulan a pequeños productores que no cultivan productos básicos para la exportación.

Luego distribuyen estos artículos en los mercados estatales para mantener los precios.

La Emapa, creada en agosto de 2007, es un organismo estatal cuyo objetivo es garantizar la “seguridad alimentaria con soberanía”.

En la práctica, la empresa compra a productores locales, manteniendo un nivel de demanda constante, lo que incentiva la producción de alimentos no destinados a la exportación, como la soya, y los vende en sus propios supermercados, con precios subsidiados para los residentes.

“El ex presidente Evo Morales y el actual mandatario Luis Arce combinaron una serie de medidas que mezclaban liberalismo y desarrollismo, como la reducción a cero de los aranceles a la importación de algunos tipos de alimentos y la creación de una empresa pública, Emapa”, explica Maurício Santoro, doctor en Ciencias Políticas del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de Río de Janeiro (Iuperj).

“Estas decisiones se tomaron en el contexto de un aumento inflacionario de los alimentos y de muchos conflictos sociales y políticos en Bolivia a finales de la década de 2000”.

Los turistas pueden comprar en estos supermercados, que se limitan a sólo productos básicos y subsidiados por el gobierno, como arroz y salvado de trigo.

“Los turistas siempre vienen aquí para mirar y comprar productos. A algunos les interesan los precios bajos, pero yo siempre les explico que sólo las personas registradas pueden comprar algunos artículos”, le dijo a BBC News Brasil Carla Santí, quien trabaja como cajera en la unidad ubicada en la ciudad boliviana de Copacabana, cerca de la frontera con Perú.

Además de Emapa, también existe el Fondo Rotatorio de Seguridad Alimentaria, que importa alimentos con recursos públicos y los distribuye en estos mercados para mantener los precios bajos.

Poco después de la pandemia, por ejemplo, se informó que el fondo inyectó 10 mil toneladas de harina de trigo en el mercado para evitar un aumento en el precio del pan.

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva intentó hacer algo similar con el arroz en el momento de las inundaciones en Rio Grande do Sul, pero no pudo lograrlo por problemas en las subastas para comprar arroz a productores internacionales.

El ministro de Agricultura de Brasil, Carlos Fávaro, afirmó que el gobierno no realizará otros concursos dado que el precio del arroz ya volvió a niveles previos a la tragedia climática.

Otro pilar importante en el control de la inflación de alimentos en Bolivia es el precio del combustible, responsable de transportar la producción hasta la mesa del consumidor.

Allí el suministro se considera un servicio público y el Estado mantiene el control de la producción, subsidiando los precios para la población local.

Las medidas surten efecto. Si entre 2010 y 2015 el precio de los alimentos subió alrededor de un 55%, en los últimos cinco años el aumento fue sólo del 10% en total, según el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE), incluso con la pandemia de covid-19, lo que provocó un aumento de los precios de los alimentos en todo el mundo.

El control de precios practicado por el gobierno boliviano, sin embargo, difiere del congelamiento de precios practicado en Brasil durante el gobierno de José Sarney, o por el gobierno argentino en diferentes períodos de la historia.

Como explica Alex Nery, estas experiencias previas en Brasil y Argentina impusieron un techo a los precios de algunos bienes y servicios solamente, sin un enfoque más complejo.

“Este método intenta contener la inflación directamente, pero ha resultado ineficaz a lo largo de la historia porque no combate la causa de la inflación, sino sólo una de sus consecuencias, que es el aumento general de los precios”, afirma el profesor de la FIA Business School.

“Cuando se adopta, a menudo provoca escasez de oferta, ya que desalienta la producción o la importación de bienes cuyos precios han sido congelados al reducir la rentabilidad de los productores”.

Nery afirma que la práctica reciente boliviana es diferente, pues va acompañada de políticas para aumentar la oferta de artículos en el mercado y mantener la competencia.

Cita el Fondo Rotatorio de Seguridad Alimentaria.

“Hay un ejemplo de utilización de este fondo para importar toneladas de harina de trigo con el objetivo de mantener estable el precio del pan. La diferencia entre ambas situaciones es que, en el caso de Brasil [bajo el gobierno de Sarney], se trata de una medida puntual para hacer frente a una crisis de suministro momentánea, mientras que en el caso de Bolivia hay una política permanente que apunta a combatir la inflación”, afirma.