CRÓNICAS. Ecuador: Carnaval de Escándalo
CRÓNICAS. Ecuador: Carnaval de Escándalo
Por: Lucía P. de García
Toronto.- El 9 de febrero las urnas rebelaron la voluntad ciudadana: Daniel Noboa Azín, líder del movimiento político de derecha Acción Democrática Nacional ADN, obtuvo el 44.17% de votos. Luisa González Alcívar, representante de la Revolución Ciudadana RC5 que lidera Rafael Correa, el 43.97% de votos. Habría Segunda Vuelta.
El resultado parece contrarió a Daniel, quien plantó a quienes le esperaban en un hotel de lujo de Quito para celebrar. Reapareció dos días después como presidente-candidato; reanudó su campaña electoral; renovó su gabinete; pidió la renuncia a la cúpula militar; atacó a Luisa al afirmar que en varios lugares individuos armados habían forzado a ciudadanos a fotografiar sus papeletas para comprobar que votan por “quien representa grupos delincuenciales y narcotraficantes”, que las pruebas ya las tenía el Consejo Nacional Electoral CNE cuyo reconteo de votos no coincidían con los de OEA.
Le desmintieron OEA, CNE, Misión Electoral de la Unión Europea y Luisa, quien señaló “No se equivoque, a mi Ecuador se lo respeta… dividir e incrementar miedo y odio demuestra la ineficiencia de su Plan Fénix”, su proyecto “secreto” contra la inseguridad.
Las entidades internacionales también señalaron que Noboa aventajó a los otros candidatos al seguir en el cargo y hacer campaña; e inobservó la Constitución al nombrar vicepresidente a dos de sus funcionarias. La Relatora Especial de la ONU dijo no tener respuesta a la carta que envió al gobierno sobre denuncias de especialistas en Derechos Humanos por el hostigamiento administrativo, judicial, político y como madre a la vicepresidente Verónica Abad, por lo que “Ecuador viola obligaciones internacionales y pone en duda la independencia judicial y la democracia”.
Y mientras la democracia sólo queda en palabras, Noboa envió a la Asamblea Nacional un Exhorto que le autorice traer fuerzas internacionales. La asambleísta Ana Galarza, tras indicar que ya tiene esa facultad como Ejecutivo, hizo un recuento de las veces que se le ha apoyado, incluso subir el IVA al 15% para destinarlo a seguridad. Indicó que su pedido ofende a Policía y Fuerzas Militares ecuatorianas, a las que no se les ha subido el presupuesto sino se les ha reducido hasta carecer de lo básico, pese a lo cual enfrentan narcotráfico y delincuencia. “Por favor aprobémosle el Exhorto para que no se invente que esta Asamblea no le ha dejado gobernar” dijo. Se le aprobó.
Bajo esa violencia que cifra 25 homicidios cada 24 horas, Noboa realiza su campaña electoral con su usual soberbia, amenazas, desquites, escándalos de los que cito tres:
Cascos y Chalecos Antibalas para las Fuerzas Armadas: se adquirieron a una empresa incumplida con el Estado, lo que suscitó dudas sobre su calidad. El ministro de Defensa Gian Carlo Loffredo invitó a medios a una prueba al aire libre. El general retirado Luis Altamirano dijo que el resultado no era confiable; tal operación realizan laboratorios internacionales especializados; los implementos se podían comprar a menor precio.
Petronoboa: el ex candidato presidencial Pedro Granja expresó que aunque teme por su vida denunciaba al hermano del presidente, Santiago, por haber constituido dicha comercializadora de combustibles junto a Kléver Llerena y un capital de USD 2.000. Luego de un año facturaron USD 9 millones, fruto de un presunto juego de ventas de combustible subsidiado por el Estado y varias empresas del Grupo Noboa. Según Granja, al conocerse de sus investigaciones, Llerena habría ido al SRI para anular en un solo día 6.800 facturas a su nombre, de lo cual Granja ha informado a la Asamblea.
Campo Sacha: “joya de la corona petrolera” con más de 70 pozos cuyo crudo de excelente calidad proporciona al país USD 1.800 millones anuales, durante Carnaval y sin licitación se entregó por 20 años al Consorcio chino-canadiense Sinopetrol, conformado por las empresas Amodaimi y Petrolia. El Consorcio ofrece cancelar una prima de USD 1.500 millones financiados con el mismo “flujo de la operación”. De cada 100 barriles, el 87.5% del dinero de ganancia será de Sinopetrol, el 12,5% para el país.
Todo ocurrió pese a las alertas que ya en julio 2024 hizo David Almeida, secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de Petroecuador; fue despedido. De las denuncias de la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo (ANTEP); de las de varios funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas y de las de 37 funcionarios de Petroecuador, todos cancelados “por no alinearse con el gobierno”, palabras de Inés Manzano, titular del Ministerio de Energía y Minas.
Todo se realizó a pesar de que el jueves 27 de febrero el abogado Washington Andrade presentó en Fiscalía General un Acto Urgente para que se investigue el proceso y se preserven pruebas de lo que posiblemente acarrearía delitos de peculado, actos de corrupción en el sector privado y TRAICIÓN A LA PATRIA.
Sinopetrol habría recibido Sacha con aprobación del Comité de Licitaciones de Hidrocarburos (COLH), el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Energía y Minas. Aunque Manzano negó haber firmado algún documento su firma electrónica aparece con fecha 28 de febrero.
Ante la indignación nacional la ministra dijo que sólo se trata de “delegar a privados la joya oxidada para que la pulan”, y para comprobarlo invitó a algunos medios de prensa a visitar el Campo Sacha. Previamente y en una entrevista radial, David Almeida había indicado haberse enterado que se invitaría a Sacha a periodistas, pero sólo se les enseñaría las instalaciones antiguas que muestran el paso de 52 años de producción petrolera y siguen funcionando precisamente por el cuidado que reciben; no recorrerían las modernas instalaciones que en los últimos años han hecho crecer la producción, sosteniendo plenamente la demanda nacional e internacional, como certifican expertos petroleros, extrabajadores, ambientalistas. Efectivamente así sucedió.
Para calmar la indignación, el gobierno dio plazo a Sinopetrol para que cancele la prima hasta el 11 de marzo. Según el medio estadounidense GlobeNewswire, el Consorcio está buscando con urgencia un financiamiento a través de New Stratus Energy, aun cuando eso signifique compartir ganancias. ¿Cuál es la verdadera razón por la cual el gobierno se empeña en entregar el Campo Sacha aunque se perjudique el país?
La respuesta dieron las redes sociales. Una grabación mostró que al marcar el número telefónico registrado por Amodaimi contestaba El Ordeño, empresa de Isabel Noboa, tía del presidente. Al ingresar a la página de la Superintendencia de Compañías, Amodaimi y El Ordeño compartían el mismo número telefónico y estaban domiciliadas en el mismo sector del norte de Quito. El dato, que el martes 4 desató un Carnaval de escándalo, desapareció la mañana del Miércoles de Ceniza. Al mediodía regresó la página de la Superintendencia de Compañías pero sólo en forma parcial, ya no constaban los nombres de los asociados a las empresas que conforman Sinopetrol, tampoco aparecían los nombres o dato alguno de los integrantes del Grupo Noboa.
El viernes 7 de marzo el abogado Washington Andrade anunció que presentó ante la Corte Constitucional un amicus curiare que suspenda la adjudicación de Sacha. El sábado 8 interpuso ante Fiscalía una petición de Acto Urgente por dicha concesión, contra Daniel Noboa, funcionarios y privados involucrados en el proceso. Ayer, lunes 10, logró que Fiscalía considerara “notitia criminis” y dispusiera la recepción de su versión; la recopilación de información, actas y anexos del proceso de concesión del Ministerio de Energía y de la empresa Amodaimi; y la petición al CNE que certifique la calidad de Daniel Noboa como Presidente de la República y candidato presidencial.
Previamente, el domingo 9, el viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira al ser entrevistado por Carlos Vera, dijo que en julio 2024 el gobierno planteó al Consorcio Sinopel lo que ya se conoce y se guardó en forma confidencial. Aseguró que el acuerdo “beneficia al país” ya que los USD 1.500 millones se necesitan para inversión social, mitigar los daños que están causando las lluvias y solucionar otros problemas.
Ayer también Ramiro Páez de Petrolia, dijo que Sinopetrol todavía no existe, que lo hará cuando se concrete la negociación.
Ayer la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie); el Frente Unitario de Trabajadores; el Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano; la Asociación de Trabajadores de la Energía y Petróleo y otras organizaciones sociales anunciaron acciones para impedir que se entregue el Campo Sacha.
Ante la vertiginosidad de los hechos, al actualizar las noticias hoy 11 de marzo, veo que en la Asamblea Nacional, donde ya se rechazó la entrega del Campo Sacha y se convocó al Pleno para analizar este asunto el jueves 13, la Comisión de Fiscalización alerta que no ha encontrado ningún registro del Consorcio Sinopetrol ni en la Superintendencia de Compañías ni en el Servicio de Rentas Internas (SRI). Amoidaimi y Petrolia se registran como empresas españolas y cada una suscribe un capital de USD 2.000. La Comisión también plantea estas preguntas “¿Cómo es posible que el Gobierno Nacional delegue la operación de un activo estratégico del país a un consorcio que no está formalmente registrado? ¿Cómo se adjudica un contrato de tal magnitud a un consorcio fantasma?” ¡Ecuador, indignado, exige respuestas diáfanas!
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