Bukele se pasa de la raya y aprueba una ‘ley mordaza’ contra organizaciones y prensa independiente

Bukele se pasa de la raya y aprueba una ‘ley mordaza’ contra organizaciones y prensa independiente

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante un viaje a Buenos Aires. Foto Natacha Pisarenko (AP)

– Organismos de derechos humanos advierten de que la norma, aprobada de manera exprés por el legislativo oficialista, permitirá al Gobierno silenciar a las voces críticas y medios de comunicación  independientes

La embestida del presidente salvadoreño Nayib Bukele contra las voces disidentes en El Salvador ha llegado a un punto de no retorno. Este martes, la Asamblea Legislativa, bajo el control absoluto del mandatario, aprobó la Ley de Agentes Extranjeros con la que podrá dictar con una sola orden qué organizaciones humanitarias o medios de comunicación independientes pueden trabajar o no en el país. La ley, además, contempla que, a quienes se les permita trabajar, deberán inscribirse a un registro nacional y tributar al gobierno un 30% de sus ingresos.

La medida fue anunciada por el presidente la semana pasada, tras una protesta campesina frente a su residencia. Este martes, el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain Hanania, la presentó ante la Asamblea Legislativa, donde fue impulsada por el diputado Christian Guevara, del partido oficialista Nuevas Ideas. Su aprobación se dio con el 95% de votos a favor tras apenas una hora y 24 minutos de discusión, menos de lo que dura un partido de fútbol.

La aprobación de la ley se produce en medio de la embestida más fuerte contra las voces disidentes que el Gobierno de Bukele ha dado en sus seis años en el poder. En las últimas tres semanas, al menos 15 personas, entre empresarios, líderes comunales y activistas, han sido detenidos por razones políticas sin derecho a defensa. La última de ellas fue Ruth López, una prominente abogada de derechos humanos y miembro de la oenegé Cristosal. A principios de este mes, al menos siete periodistas han huido del país por temor a ser detenidos luego de revelar información sobre varios pactos secretos del Gobierno con las pandillas.

La ley ahora aprobada por el bukelismo es idéntica a la impuesta en 2020 en Nicaragua, con la que el régimen de Daniel Ortega ha cancelado la personería jurídica de más de 5.200 oenegés. Esta cifra incluye asociaciones religiosas, educativas, indígenas, médicas, empresariales y de derechos humanos, así como universidades y medios de comunicación independientes. En el caso de El Salvador, se estima que la ley puede afectar hasta a unas 8.000 ONG y a más de una docena de medios independientes.

La ley contempla la posibilidad de que algunas oenegés sean eximidas a criterios del Gobierno; sin embargo, la postura de Bukele ha sido clara en que no tolerará organizaciones que busquen fortalecer la democracia o el combate a la corrupción.

Las críticas ya no afectan a Bukele

En 2021, Bukele intentó impulsar una ley muy similar, con el mismo nombre y con un cuerpo muy parecido; sin embargo, debido a presiones de organismos internacionales, cedió.

Ante el anuncio del mandario de revivir esta propuesta de ley, varios organismos internacionales se pronunciaron nuevamente en contra, pero esta vez la presión no funcionó. Gina Romero, relatora especial de la ONU para la Libertad de Asociación y Asamblea, escribió en su cuenta de X: “Etiquetar como agentes extranjeros a quienes reciben fondos legítimos estigmatiza, silencia y debilita al tejido cívico del país. No es compatible con una sociedad democrática”.

En la última semana, Bukele ha enfrentado un tsunami de críticas sobre su autoritarismo en ascenso y visible con la criminalización injustificada de defensores de derechos humanos. Pero, hasta el momento, ni el presidente ni nadie de su gabinete ha respondido públicamente a esos señalamientos.

Durante los minutos que duró la discusión de la ley en el congreso, los únicos que se opusieron fueron los tres diputados de oposición que quedan en la Asamblea desde las elecciones legislativas de mayo de 2024, cuando el bukelismo consiguió el control total de los tres poderes del Estado.

La diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS, criticó la medida. “Esta ley es una ley incompatible con la democracia, el Estado de Derecho, y el respeto a los derechos fundamentales de libertad de expresión y asociación”, dijo. “Esta es una herramienta autoritaria para la censura y el debilitamiento del espacio cívico en El Salvador”, añadió.