Piden reformar el Código Penal para que el estatus migratorio no sea un factor en la sentencia

Piden reformar el Código Penal para que el estatus migratorio no sea un factor en la sentencia

Michelle Rempel Garner, diputada.

• Cuando el Parlamento reanude sus sesiones este otoño, una diputada conservadora afirma que su partido presentará una legislación para eliminar la consideración del estatus migratorio cuando un juez sentencia a un delincuente convicto que no es ciudadano.

Michelle Rempel Garner, diputada por Calgary Nose Hill y ministra en la sombra para Inmigración, afirmó que esta práctica ha resultado en un sistema judicial de dos niveles que permite que los no ciudadanos reciban sentencias más leves que los canadienses condenados por el mismo delito.

“Esto viola todos los principios de equidad que deberían ser fundamentales en nuestro sistema judicial”, declaró Rempel Garner en una conferencia de prensa en Ottawa.

Señaló una decisión de la Corte Suprema de Canadá de 2013 que, según ella, ha permitido a los jueces considerar el estatus migratorio en la etapa de sentencia.

En ese caso, R. contra Pham, el acusado era un no ciudadano, condenado por dos delitos relacionados con drogas. El juez de primera instancia impuso una pena de dos años de prisión. Sin embargo, el Tribunal Supremo señaló que, según la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados, un extranjero condenado a una pena de prisión de al menos dos años pierde el derecho a apelar una orden de expulsión en su contra.

Al reducir la pena de Pham, el Tribunal Supremo dictaminó que las “consecuencias colaterales de inmigración” son factores relevantes que un juez sentenciador puede tener en cuenta para determinar la pena adecuada, pero añadió que dichas consecuencias no deben influir en la deportación.

Rempel Garner citó algunos casos recientes que se basaron en el fallo de Pham para dictar sentencia. En el primer ejemplo, un residente permanente fue condenado por intentar comprar servicios sexuales a un agente de policía que se hizo pasar por un joven de 15 años en una operación encubierta en línea.

La Corona solicitó una pena de 90 días de prisión. El juez Paul O’Marra, del Tribunal de Ontario, escribió que los antecedentes penales probablemente impedirían al infractor patrocinar a su esposa para que también se convirtiera en residente permanente, además de retrasar su elegibilidad para la ciudadanía canadiense y poner en peligro su posibilidad de obtener la licencia de ingeniero.

O’Marra concluyó que “una pena privativa de libertad sería excesivamente severa” y, en su lugar, dictó una libertad condicional con 12 meses de libertad condicional, que incluyeron tres meses de arresto domiciliario. Al fundamentar su razonamiento, escribió: “El fallo Pham defiende el principio de que las consecuencias colaterales, si bien no son determinantes, pueden justificar una pena menor dentro del rango legal para evitar dificultades desproporcionadas”.

En un caso de Alberta citado por Rempel Garner, un hombre en el país con un permiso de visitante fue acusado de manosear dos veces a una adolescente de 18 años en un club nocturno. El juez dictaminó que, “considerando las devastadoras consecuencias colaterales para la inmigración de registrar una condena, concluyo que la sentencia apropiada para Singh es una libertad condicional con una orden de libertad condicional de una duración máxima de 3 años”.

Rempel Garner insiste en que, “en lo que respecta a la imposición de penas a extranjeros, Canadá ha adoptado esencialmente un sistema de justicia de dos niveles en el que los jueces pueden, y de hecho lo han hecho, imponer penas mucho más leves a personas no ciudadanas”.

Rempel Garner afirmó que los conservadores quieren presentar una legislación para modificar el Código Penal. “Nuestro proyecto de ley añadirá una sección después de la Sección 718.202… que estipulará expresamente que cualquier posible impacto de una sentencia en la situación migratoria de un delincuente extranjero condenado, o… de sus familiares, no debe ser tomado en cuenta por un juez al dictar una sentencia”.

Reconociendo que la gran mayoría de los inmigrantes y residentes temporales en Canadá cumplen con la ley, afirmó: «Expulsar a los extranjeros condenados por delitos graves es una decisión obvia. Los conservadores siempre lucharemos para proteger primero a los canadienses, de los que quebrantan la ley, el valor de nuestra ciudadanía y la seguridad de cada persona que vive aquí. Convertirse en canadiense es un privilegio, no un derecho».