Los 50 años de la Vicaría de la Solidaridad, el organismo que dio amparo a los perseguidos en la dictadura de Pinochet

Los 50 años de la Vicaría de la Solidaridad, el organismo que dio amparo a los perseguidos en la dictadura de Pinochet

La exposición sobre la trayectoria de la Vicaría de la Solidaridad, en Santiago, el 10 de enero de 2026.                            Foto SOFIA YANJARI

• Fue creada al alero de la iglesia católica y se convirtió en uno de los mayores desafíos al régimen. Hoy, una exposición fotográfica en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos recuerda su trabajo fundamental

Para el dictador fue un tiro por la culata. La Vicaría de la Solidaridad, institución clave en la defensa de los derechos humanos durante el régimen militar (1973-1990), surgió luego de que Augusto Pinochet forzara el cierre del Comité Propaz, que había funcionado luego del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 por iniciativa de las iglesias cristianas y la comunidad judía.

Fue entonces que el cardenal Raúl Silva Henríquez, entonces arzobispo de Santiago, decidió crear una vicaría, sustentada en el derecho canónico, como parte de la estructura de la iglesia y que funcionaría en el palacio arzobispal, al lado de la catedral metropolitana. Es decir, que no habría orden capaz del régimen para forzar su disolución.

Eso fue hace 50 años, el 1 de enero de 1976, y a partir de entonces la Vicaría de la Solidaridad acompañó y acogió a perseguidos políticos y a los familiares de los asesinados, detenidos y desaparecidos por los cuerpos represivos.

Se convirtió en una maquinaria humana para presentar recursos ante la justicia, ayudar a los familiares de las víctimas a sobrevivir y para conformar el mayor testimonio de lo que fue la violación a los derechos humanos durante la dictadura. Pese a que la vicaría puso el dedo sobre las heridas de la represión y apuntó al régimen como responsable, no hubo presión suficiente de Pinochet para impedir o vulnerar su trabajo. Solo vino a cerrar sus puertas tras 16 años de trabajo, en 1992, cuando Chile daba sus primeros pasos en democracia.

El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos está conmemorando ese hito con una exposición de fotografías de lo que fue el trabajo de la vicaría. “Es una exposición informativa, que no tiene un carácter artístico, para dar a conocer qué era la Vicaría de la Solidaridad y cuáles son sus momentos más relevantes”, dice la directora ejecutiva del museo, María Fernanda García. No por nada algunos de los archivos de la vicaría “son parte fundante, de los cimientos” del museo que también celebró su 16º aniversario, afirma García. En una de esas imágenes exhibidas, quizá la más emblemática, es aquella donde trabajadores de la vicaría protestan en la calle, afuera de la catedral, con una pancarta. Es de 1986 y en ella aparecen algunos funcionarios históricos como Norma Muñoz, Lucía Valenzuela, Luis Toro, Héctor Salazar, Humberto Lagos, Leticia Olivares y Roberto Garretón.

Una manifestación de trabajadores de la Vicaría, en 1986.          Foto Museo de la Memoria

La vicaría funcionó en el segundo y tercer piso de la casa arzobispal. Se ingresaba por una puerta estrecha, frente a la misma Plaza de Armas de Santiago, en el número 444. La construcción es de 1851 por lo que se trata de espacios amplios y techos altos, pero que se hicieron estrechos para acoger a los más de cien funcionarios que llegaron a tener, aparte de los perseguidos y familiares de víctimas que hasta allí llegaban.

Ahí trabajaban abogados, trabajadores sociales, secretarias, sociólogos y religiosos. Se crearon los departamentos jurídico, laboral, campesino. Ahí se redactaron miles de recursos de amparo a favor de los detenidos, muchos de los cuales eran rechazados por una justicia cómplice. Desde ese lugar se organizaron comedores infantiles, bolsas de cesantes para encontrar trabajo y talleres de subsistencia. También fue centro de reunión de organizaciones como a la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

El trabajo minucioso de los profesionales que ahí trabajaron permitió registrar y dejar testimonio exhaustivo de las detenciones de miles de personas por razones políticas. Incluso ayudó a determinar las estructuras y la forma de operar de los aparatos represivos de la dictadura, primero la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y luego la Central Nacional de Informaciones (CNI). En el tercer piso del palacio arzobispal, en un espacio de 70 metros cuadrados, en cajones metálicos se fueron acumulando los archivos de la vicaría. Y cuando se dieron cuenta de la importancia que tenían esos registros, se decidió microfilmarlos.

Fue hasta la vicaría que llegó un hombre en noviembre de 1978 para describir lo que había encontrado en las cercanías de la localidad de Lonquén, a 50 km de Santiago. El vicario Cristián Precht y el secretario ejecutivo de la vicaría, Javier Luis Egaña, fueron hasta unos hornos de cal abandonados. Allí encontraron cadáveres humanos. Luego se sabría que eran de 15 personas, miembros de tres familias, y que habían sido detenidos por miembros de Carabineros de la localidad de Isla de Maipo entre el 6 y el 7 de octubre de 1973. Ese hallazgo, sumado después al entierro en una fosa común de la mayoría de las víctimas ordenado por la justicia militar, causó tal impacto y escándalo, que marcó un antes y un después en la lucha por los derechos humanos de la dictadura, y la primera evidencia de que los detenidos desaparecidos podían haber sido asesinados y sus cuerpos ocultados.

El edificio donde funcionó la Vicaría de la Solidaridad, en Santiago, el 10 de enero. Foto ELVIS GONZÁLEZ (EFE)

Sin embargo, la vicaría no fue incólume a la acción de la dictadura. Uno de los golpes más duros se produjo en 1985. El viernes 29 de marzo, en las afueras del Colegio Latinoamericano, en el sector de Providencia, en Santiago, fueron secuestrados un profesor de esa institución, Manuel Guerrero, y el director de la Unidad de Archivo y Procesamiento de la Vicaría de la Solidaridad, José Manuel Parada. El sociólogo Parada, militante comunista, trabajó en el Comité Propaz y luego en la vicaría desde sus inicios.

Los cuerpos de Guerrero, Parada y de Santiago Nattino —secuestrado el jueves 28— aparecieron en el sector de Quilicura, en el norte de la capital chilena, al mediodía del 30 de marzo. Habían sido degollados. El caso remeció al país y la investigación judicial forzó la salida de uno de los miembros de la Junta Militar y jefe máximo de Carabineros, el general César Mendoza, por la participación de ese cuerpo policial en el crimen.

Aunque el trabajo de la Vicaría de la Solidaridad se dio por concluido en 1992, su archivo ha sido fundamental en los años de transición y democracia, y en la búsqueda de la verdad y justicia. Así fue clave en la elaboración del Informe de Verdad y Reconciliación, conocido como Informe Rettig y dado a conocer en marzo de 1991, donde se estableció un primer recuento de las víctimas mortales y de detenidos desaparecidos durante los 17 años de la dictadura. Durante más de tres décadas y hasta hoy, información reunida por la vicaría es solicitada permanentemente por los jueces que abren o reabren causas de derechos humanos durante el régimen de Pinochet.

Pero el registro que acumuló la vicaría no solo sirve para causas en los tribunales, sino que también forma parte de la memoria histórica de un país. “Es requerida por las propias víctimas, ya sea porque necesitan certificar su condición para acogerse a beneficios reparatorios otorgados por el Estado (…) y también de recuperación de memoria” de quienes sufrieron prisión, persecución y tortura, explicó en el podcast Hitos de la Historia María Paz Vergara, secretaria ejecutiva de la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, que custodia ese patrimonio. “Ha habido casos que han ido al archivo porque el psiquiatra les ha dicho que vean la documentación y que enfrenten lo que a ellos les ocurrió, como una medida de sanación. Hay gente que no sabía qué les había pasado a sus padres o padres que quieren su documentación para mostrársela a sus hijos y nietos”, destacó.

Asistentes al acto de conmemoración por los 50 años de la Vicaría de la Solidaridad. Foto SOFIA YANJARI

Para el primer secretario ejecutivo de la Vicaría de la Solidaridad, Javier Luis Egaña, el legado de esa institución es clave para evitar que las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado no vuelvan a repetirse. “La importancia de la vicaría fue la defensa de miles de compatriotas y muchos hermanos de otros países durante los años más duros de la dictadura. Y el hombre que fue vital para esto fue Raúl Silva Henríquez, cardenal, arzobispo de Santiago. Pero es muy importante conservar esos archivos, porque es la memoria que va a ayudar a que hechos como los que ocurrieron en 1973 no vuelvan a repetirse”, afirma Egaña. “Hemos conservado toda la documentación de manera que la gente pueda revisarla, porque se acercan tiempos difíciles”, asegura.