Asambleas ciudadanas: la apuesta democrática de América Latina frente a la crisis climática

Asambleas ciudadanas: la apuesta democrática de América Latina frente a la crisis climática

Río Grijalva en Chiapa de Corzo, el 28 de febrero de 2024. Foto Damián Sánchez Jesús (CUARTOSCURO)

• Ante la insatisfacción de la región frente a la política electoral, los países innovan con este modelo que ya se ha explorado desde Argentina hasta México

El cambio climático es un problema complejo que exige transformaciones estructurales. Implica tomar decisiones colectivas que mitiguen sus efectos inmediatos y, a largo plazo, redefinan nuestras formas de producir, consumir y convivir. Enfrentar el cambio climático supone un sistema democrático capaz de resolver desafíos complejos y de largo alcance, pero la democracia electoral ha tenido dificultades para generar los espacios y consensos necesarios. Los ciclos políticos y el sistema de partidos responden a incentivos de corto plazo: las elecciones. Graham Smith, profesor en la Universidad de Westminster en Reino Unido, llama a este fenómeno “miopía democrática”, la cual no nos permite gobernar a futuro.

Más que repetir como mantra que la democracia está en crisis, conviene matizar. Lo que muestra signos de agotamiento es la democracia tal como la conocemos: los partidos, los candidatos y el modelo tradicional de representación. En América Latina, según el Latinobarómetro 2024, la mayoría de los encuestados apoya el ideal democrático; sin embargo, alrededor del 65 % se declara insatisfecho con su funcionamiento. Solo el 17 % confía en los partidos políticos y el 24 % en el Congreso, y en ningún país de la región existe una mayoría que afirme sentirse representada por su parlamento.

El mensaje es claro: la ciudadanía no ha renunciado a la democracia, pero sí cuestiona la forma en que hoy se ejerce. Hemos reducido la democracia al acto de votar. Pero la democracia es plural: abarca las múltiples formas de organización comunitaria y participación popular que permiten deliberar, decidir y gobernar en común. En la simplificación de nuestro entendimiento de democracia, hemos relegado a segundo plano sus formas participativas, deliberativas y directas.

Frente a este impasse surge una pregunta. Si la democracia electoral no basta para enfrentar el cambio climático, ¿estamos condenados a la inacción o existen otros caminos?

Afortunadamente, América Latina ha demostrado que existen otras vías, en las cuales democracia y clima avanzan de la mano. En la región conviven las instituciones representativas modernas con prácticas de deliberación basadas en la asamblea, la comunidad y el consenso. En materia climática, iniciativas como la gobernanza colaborativa del agua en Cochabamba, las consultas a pueblos indígenas en las zonas mineras del norte de Chile, el Consejo Ciudadano para el Cambio Climático en Costa Rica o la Asamblea de Pueblos, Agua, Vida y Territorio en México, muestran que América Latina no se limita al voto para incorporar a sus poblaciones en las decisiones ambientales.

Siguiendo esta tradición, América Latina sigue innovando con nuevas formas de democracia: las asambleas ciudadanas. Estos procesos siguen tres etapas. Primero, una autoridad pública convoca una asamblea para abordar un problema colectivo. Esta autoridad organiza una lotería democrática, es decir, que una muestra aleatoria de ciudadanos recibe una invitación y, entre quienes la aceptan, se selecciona por sorteo una muestra representativa, considerando criterios como género, edad, territorio o nivel socioeconómico.

Este método de selección combina prácticas ancestrales (el sorteo es la base de la democracia ateniense) con algoritmos y estadísticas que permiten un muestreo representativo. Una vez conformada la asamblea, los participantes reciben información de mano de especialistas, autoridades y organizaciones de la sociedad civil, para pasar de la opinión al juicio informado. La siguiente etapa es la deliberación. Con el apoyo de facilitadores, deliberan durante varias sesiones y elaboran recomendaciones o propuestas colectivas que se presentan a la autoridad convocante.

Las Asambleas Ciudadanas son particularmente útiles para resolver temas polarizantes, políticos o socialmente sensibles, o de largo plazo. El sorteo permite que ciudadanos de a pie participen, aportando una visión representativa y libre de intereses electorales. La deliberación, por su parte, favorece la empatía y la construcción de soluciones compartidas e inclusivas.

En Francia, el presidente convocó una Asamblea Ciudadana con 150 participantes que elaboraron 149 recomendaciones para la transición ecológica, entre ellas redirigir los impuestos al transporte aéreo para financiar el tren y reconocer el ecocidio en el código penal. Entre los participantes había personas escépticas del cambio climático que transformaron su postura tras el proceso. Estos ejercicios no solo mejoran la toma de decisiones, sino también pueden transformar percepciones y comportamientos individuales.

Recientemente, una docena de Asambleas Ciudadanas relacionadas con el cambio climático se han organizado en América Latina. En Uruguay, un panel ciudadano analizó la propuesta del Plan Nacional de Aguas, debatiendo sobre gestión hídrica, acceso al agua potable y las dimensiones políticas y éticas de este recurso. Argentina celebró en 2024 una asamblea ciudadana en Mar del Plata, con 46 participantes seleccionados por sorteo para discutir los desafíos locales y alinear soluciones con el plan municipal. Brasil ha impulsado estos procesos en distintos territorios: en Magalhães Barata, en la Amazonia, 30 ciudadanos deliberaron sobre financiamiento climático y economías locales, y en Recife (Pernambuco), la alcaldía reunió a 36 jóvenes seleccionados por sorteo entre 684 inscritos de las seis regiones de la ciudad para elaborar recomendaciones sobre cómo hacer la ciudad más resiliente frente al cambio climático desde la perspectiva de las nuevas generaciones.

En Colombia, en 2024, una asamblea ciudadana reunió a 50 habitantes de Buenaventura para deliberar y emitir recomendaciones sobre la recolección y transformación de residuos. En México, el estado de Nuevo León anunció en 2025 la puesta en marcha de cuatro acciones derivadas de las propuestas de la Asamblea Ciudadana celebrada el año anterior, entre ellas la creación de redes comunitarias para la acción climática y programas educativos sobre cambio climático. Para 2026, se prevé la organización de una Asamblea Ciudadana en Jalisco con niñas, niños y adolescentes del área metropolitana de Guadalajara.

“Las asambleas ciudadanas son una herramienta muy eficaz para abordar el cambio climático. Nuestra experiencia muestra que, con información, recursos y tiempo, cualquier ciudadano puede participar en decisiones difíciles”, afirma Silvia Cervellini, cofundadora de Delibera, la organización de la sociedad civil que ha impulsado una docena de asambleas en Brasil. “De hecho, suele sorprender a líderes políticos y sociales la capacidad de las personas para evaluar costos, asumir compromisos y respaldar cambios profundos”.

Frente al cambio climático, la democracia no puede limitarse a elecciones periódicas ni a un gobierno de expertos: requiere incorporar la voz informada y plural de la ciudadanía. Las Asambleas Ciudadanas no son una solución mágica, pero sí una vía concreta para ampliar la democracia y permitir que ciudadanos comunes participen activamente en decisiones públicas. Estos procesos pueden complementar la democracia electoral y combinarse con otras herramientas democráticas como el referendo. Por ejemplo, en Irlanda, el Parlamento convocó una Asamblea Ciudadana, la cual propuso legalizar el aborto, decisión que fue ratificada por referéndum.

En su origen etimológico, la crisis remite a un momento de quiebre: un punto de inflexión frente a una situación que exige cambios y para la cual aún no tenemos respuestas. El cambio climático y el deterioro democrático avanzan en paralelo. No son crisis aisladas, sino procesos entrelazados que ponen a prueba nuestra capacidad para gobernar el presente y el futuro. América Latina puede liderar una democracia ambiental donde mecanismos como el sorteo y la deliberación informada ayuden a implementar el Acuerdo de Escazú, y emprender, de manera colectiva, una transición hacia un modelo de sociedad que sea a la vez sostenible, justo y democrático.