• La mañana del 13 de marzo, Santa Cruz de la Sierra amaneció movilizada por la caída de uno de los narcos más buscados de América Latina.

El líder del llamado Primer Cartel Uruguayo, Sebastián Marset, había sido capturado mientras dormía en su casa en la capital de Santa Cruz, el departamento más rico de Bolivia.

Extraditado ese mismo día a Estados Unidos, donde es investigado por tráfico de drogas y lavado de dinero, Marset había dejado Montevideo en 2018 y, luego de pasar por Paraguay y Dubái, se había fugado a Bolivia.

Unos días después de su captura, el gobierno de Rodrigo Paz informó que, además de Marset, habían detenido a cinco colombianos y dos ecuatorianos en la capital cruceña como parte de un operativo para desarticular su organización criminal.

Esta no era la primera vez que se vinculaba al departamento boliviano con el crimen organizado. Ya el año pasado, las autoridades brasileñas señalaron que Santa Cruz se ha convertido en un refugio para los grandes narcotraficantes de su país.

Según investigadores de la Policía Federal de Brasil, el Primer Comando de la Capital, una de las organizaciones criminales más grandes de ese país, ha venido operando desde el oriente boliviano.

En mayo pasado el narcotraficante brasileño Marcos Roberto de Almeida fue arrestado por agentes de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen Organizado en Santa Cruz de la Sierra mientras buscaba un documento de identidad falso.

Almeida era uno de los principales coordinadores de un esquema internacional de lavado de dinero vinculado a su organización criminal y estaba en la lista de las notificaciones rojas de Interpol, solicitudes que la agencia hace a las fuerzas del orden a nivel global para detener provisionalmente a personas en espera de extradición.

“Santa Cruz se ha convertido en un hub logístico y financiero para el narcotráfico”, dice Gabriela Reyes Rodas, experta boliviana en tráfico de drogas y comercio ilícito.

El viceministro de Sustancias Controladas de Bolivia, Ernesto Justiniano, reconoce que este departamento ocupa un lugar clave en la ruta de la droga, pero aclara que no es un problema exclusivo de Bolivia, sino que se trata de una “red criminal que opera en diferentes países”.

El incómodo lugar que ocupa este país y, en especial, Santa Cruz en el tráfico de sustancias ilícitas es lo que el nuevo gobierno del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, busca desactivar con operativos como el que terminó con la captura de Marset.

“Si llegan a Bolivia, ya no se van a topar con un país aislado, sino con un país que está inserto en el mundo y que no va a permitir que (las organizaciones del narcotráfico) se instalen en nuestro territorio”, dice el viceministro a BBC Mundo.

El camino de la coca

Lejos de la postal del altiplano, con su estrecha franja de bosque a lo largo de la ladera oriental de la cordillera de los Andes, Santa Cruz se caracteriza por sus tierras llanas que favorecen el cultivo de granos como la soja y el trigo.

Esta parte del país no se destaca por la siembra de coca, al tener un clima más seco que las dos principales regiones productoras, que son las Yungas de La Paz y el Chapare en Cochabamba.

Sin embargo, sí se da en una limitada zona en la ciudad de Yapacaní, provincia de Ichilo, en la frontera con Cochabamba, de acuerdo al informe “Territorios de la coca y la cocaína”, publicado en octubre por la Universidad Internacional de Florida (FIU).

Y mientras la hoja de coca de las Yungas se usa —según el gobierno— principalmente para el “acullico”, un consumo cultural típico en diversas regiones y legal, la proveniente del Chapare y de Ichilo, más dura, suele acabar en la cadena de producción de drogas que alimenta el narcotráfico.

La relevancia que tiene el cultivo de la hoja de coca en Bolivia explica que Evo Morales, quien hoy sigue liderando desde Chapare el sindicato de cultivadores de coca más importante del país, llegara a la presidencia del país con el lema “Coca sí, cocaína no”.

Aunque Santa Cruz no cuenta con grandes extensiones de tierra dedicadas al cultivo de la planta, los analistas consultados sostienen que en la región se ha pasado de un escaso procesamiento de coca a elaborar cocaína.

“Las hojas llegan de Chapare, se procesan en fábricas de cocaína en Yapacaní y desde allí se acarrean en aviones a los países limítrofes”, dice el profesor boliviano de la FIU y autor del informe, Eduardo Gamarra.

El documento, publicado en alianza con el Comando Sur de Estados Unidos, asegura que el procesamiento de dicha droga se ha desplazado progresivamente desde las zonas tropicales del Chapare hacia la frontera rural de Santa Cruz.

Las autoridades bolivianas ya observaron en 2019 que Yapacaní se había convertido en “una base para refinar la pasta de coca del Chapare y convertirla en hidrocloruro de cocaína”, agrega Gamarra.

De todos modos, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) detectó que los cultivos de Santa Cruz representan solo el 0,5% del total de áreas cultivadas en el Trópico de Cochabamba.

Además, destaca una reducción del 71% de la superficie cultivada en comparación con el año anterior. Un dato que contrasta con la tendencia nacional, que en el último año registró un incremento del 10% del cultivo, alcanzando las 34.000 hectáreas.

“La cantidad de hectáreas cultivadas se ha disparado en los últimos años en el país”, confirma el viceministro de Sustancias Controladas de Bolivia, pero aclara que Santa Cruz no se caracteriza por la cosecha de esta planta.

Entonces ¿qué lugar ocupa Santa Cruz en la ruta del narcotráfico?

Distribución y comercialización

A tres horas en coche de Yapacaní, en la moderna capital de Santa Cruz, entre sus altas torres de vidrio y las estaciones de carga para autos eléctricos, se encuentra el principal mercado de hojas de coca del país.

De acuerdo al último informe de Monitoreo de Cultivos de Coca, elaborado con acompañamiento técnico de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y publicado en diciembre pasado, Santa Cruz concentra el 37% de la hoja comercializada en el país, lo que la ubica en el principal destino para la venta de este cultivo, aunque gran parte de su comercio no pasa por el mercado legal.

De todos modos, el negocio no se limita a la hoja, sino que también incluye la comercialización del alcaloide derivado de la planta.

Según los analistas consultados, desde hace unos años Bolivia recibe la pasta base producida en Perú y en sus laboratorios la convierte en clorhidrato de cocaína.

Según los expertos, la cocaína que sale del Trópico de Cochabamba en avionetas se recibe en hangares en Santa Cruz y de ahí se la traslada a Paraguay, Argentina o Brasil, con los compradores europeos como destino final.

“Hoy fue Marset, pero mañana puede ser otro el que aproveche ese caldo de cocaína con coca ilegal que se produce en nuestro país”, dice el viceministro.

De acuerdo al último reporte de la ONU, la incautación de cocaína base aumentó en un 73% con respecto al año anterior en el país, mientras la de clorhidrato de cocaína subió en un 115%.

“Refugio para criminales”

“Gracias al nuevo gobierno, Bolivia ha dejado de ser un refugio para criminales”, celebró el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, tras la captura de Marset.

Pero ¿qué llevó a que los líderes de las organizaciones criminales transnacionales se establecieran en Santa Cruz?

Los analistas coinciden en que, en primer lugar, se debe a su ubicación. El oriente boliviano comparte una extensa frontera con Brasil y Paraguay y, a pesar de no contar con salida al mar, tiene acceso a los ríos que los conectan.

“Santa Cruz ocupa territorialmente un espacio privilegiado desde (el punto de vista de) la logística del narcotráfico, (por su cercanía a) Brasil, uno de los principales puertos, el Puerto de Santos, y de la hidrovía Paraguay-Paraná, por donde se exporta la cocaína a Europa”, explica Reyes.

Con el fenómeno tiene que ver también el exponencial crecimiento económico de este departamento –señalan los especialistas–, impulsado por la inversión privada de los grandes empresarios del país, que ha potenciado el desarrollo inmobiliario.

“Es un lugar muy fácil para ocultar el lavado de dinero. Puede mezclarse con las inversiones en comercios e inmobiliarias legales”, agrega la investigadora en tráfico de drogas y comercio ilícito.

En ese sentido, el Grupo de Acción Financiera (GAFI), un organismo internacional para combatir el lavado de dinero con sede en París, incluyó a mediados del año pasado a Bolivia a su lista de países con “deficiencias estratégicas” en la acción contra esa actividad.

Además, los analistas ponen la lupa en el rol de la Justicia.

“El operativo de captura de Marset se lleva adelante sin la administración de justicia. Eso explica la desconfianza que puede existir con un sector de la policía y con lo que queda del Poder Judicial en Bolivia”, sostiene Gamarra.

Ya en 2023, Sebastián Marset había logrado escapar de un intento previo de captura. En entrevista con la televisión uruguaya reconoció, ese mismo año, que alguien le había informado de que estaban por atraparlo.

“Me avisaron, sí, me avisaron. Armé dos valijas con ropa mía, de los niños, y me fui”, le contó Marset a Canal 4 de Uruguay.

En la misma línea, Reyes resalta que en la captura de este año no han participado ni la Fiscalía General ni ningún otro órgano de la Justicia dado que “había susceptibilidades de que la información de su captura podía filtrarse”.

Según el viceministro de Sustancias Controladas, la captura de Marset busca enviar un mensaje claro de que Bolivia ya no es “territorio para el narcotráfico”.

En ese sentido, el presidente Paz reanudó los vínculos con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y otras agencias estadounidenses, tras una ausencia de 17 años en el país.

Además, el 7 de marzo Bolivia formalizó su ingreso al llamado “Escudo de las Américas”, una estrategia de seguridad para América Latina impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A eso se le suma el acuerdo reciente con Brasil para intensificar la cooperación contra el crimen organizado por medio del intercambio de información e inteligencia con el país que gobierna el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Está claro que Paz busca dar una señal de que no solo Santa Cruz sino que Bolivia ha dejado de ser un lugar seguro para las organizaciones criminales que no conocen de fronteras.

Lo que aún queda por verse es qué eco tendrá el mensaje en las altas cúpulas de las bandas criminales que todavía siguen operando desde Bolivia.