Obispos reconocen por primera vez que tienen mil clérigos acusados de abusos sexuales

Obispos reconocen por primera vez que tienen mil clérigos acusados de abusos sexuales

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán, durante la rueda de prensa de este viernes. Foto Marcos Villaoslada (EFE)

• El secretario general de la Conferencia Episcopal evita aclarar si se investigarán los casos de pederastia que el diario EL PAÍS entregó en su sexto dosier: “Los hemos remitido a las instituciones eclesiales correspondientes”

Cinco días después de que ese periódico español publicara el sexto dossier sobre pederastia en el seno de la Iglesia Católica española, con más de 3.000 víctimas, los obispos se han pronunciado al respecto.

Lo ha hecho Francisco César García Magán, secretario general de la CEE, preguntado por ello en la rueda de prensa posterior a la Asamblea plenaria. Este sexto informe recoge un total de 58 testimonios, de 48 hombres y de 10 mujeres, que acusan a 50 clérigos y laicos en España. Todos son hombres, salvo dos monjas. De ellos, 10 ya habían sido señalados con anterioridad. Se han contabilizado 3.084 víctimas desde 2018 y 1.613 acusados. “¿Cuántos casos conocen ustedes? ¿Se va a hacer una investigación al respecto?“, se le preguntó.

“Efectivamente, EL PAÍS ha entregado un sexto informe y, como es habitual, lo ha hecho al comienzo de una Asamblea Plenaria…”, ha empezado García Magán. En realidad, es la primera vez desde 2021, cuando se presentó el primer dossier, que la publicación del mismo ha coincidido con una plenaria de los obispos.

A continuación, García Magán ha añadido: “En total hay 816 testimonios y 615 victimarios”. En realidad, los datos de EL PAÍS contabilizan 657 victimarios, es decir, agresores. “Las oficinas para la protección de menores [creadas a partir de 2020 por congregaciones y diócesis] han recibido 1.131 testimonios sobre victimarios [93 en lo que va de 2026], que son en torno a 1.000. Somos conscientes de que las víctimas pueden presentar su caso allá donde quieran, en nuestras oficinas de menores se hace un trabajo profesional”. En la contabilidad que la Iglesia empezó con su informe Para dar Luz, se informaba de 1.057 casos, de los que solo 155 eran probados.

“Hemos pasado el correspondiente dossier, como hemos hecho con todos los anteriores, a las instituciones eclesiales correspondientes”, ha dicho García Magán. Y la prensa le ha insistido en si van a hacer alguna investigación. “Hemos remitido el dossier a las instituciones eclesiales, como ya le he dicho antes”, se ha limitado a decir.

En algunas ocasiones, las órdenes o diócesis informadas de los casos recogidos por EL PAÍS, contactan con las víctimas para, dado el caso, indemnizarlas. En otras, las órdenes no saben nada de los casos. Así ha ocurrido, por ejemplo, en uno de los casos más graves que salen a la luz del colegio de sordos de La Purísima, en Madrid, de las Franciscanas de la Inmaculada, abierto en 1967 y donde las víctimas son niños vulnerables. Este diario ya recabó en 2021, en su primer informe, un testimonio de un exalumno contra un sacerdote del centro, A. Y. V., y ahora surge una nueva acusación. Celia Tena, superiora general de las Franciscanas de la Inmaculada, preguntada por EL PAÍS sobre el caso, incluido ya en el primer dossier de 2021, asegura que entonces a la orden no le fue remitido nada: “No nos ha llegado ninguna notificación”. Si es así, de nuevo queda en entredicho la gestión de las acusaciones de abusos de la Conferencia Episcopal, responsable de remitir a cada orden los casos que le competen.

Cuando EL PAÍS empezó la investigación sobre pederastia en la Iglesia, hace casi ocho años, solo había 34 casos oficialmente conocidos. Sin embargo, ahora las víctimas llegan a 3.084, tras sumar las que salen a la luz con el último informe de este diario, el sexto desde 2021, que contiene una recopilación de testimonios recabados en los últimos dos años. El número de clérigos y laicos acusados se eleva a 1.613. Supone el 1,46% de los 110.000 curas y religiosos que ha habido en España desde 1940, según las estadísticas de la Iglesia.

El sexto dossier de este tipo que elabora este periódico, al igual que los anteriores, ha sido entregado al Vaticano, a la propia Conferencia Episcopal Española (CEE) y al Defensor del Pueblo, para que investiguen las acusaciones. Además de los cientos de casos publicados, EL PAÍS ha recogido en estos informes 841 testimonios en 1.800 páginas.

No obstante, en cinco años, la Iglesia no ha respondido sobre ellos ni sobre los numerosos casos sospechosos de encubrimiento de obispos y superiores religiosos. En 2023, la Iglesia elaboró su propio informe de casos, el mencionado Para dar luz. Este periódico destapó un año después de que la CEE ignoró en su recuento y contabilidad más de 300 casos admitidos por los obispados y las congregaciones. En febrero de 2025, García Magán anunció que ese documento —que publicó con la promesa de renovarlo anualmente “para ofrecer esta información a los miembros de la Iglesia y a la sociedad”— dejará de ser actualizado y su contenido pasará a ser difundido solo internamente para los altos cargos de la Iglesia.

Luis Argüello, presidente de la CEE, anunció este lunes en el discurso de inauguración de la asamblea plenaria cuando hablaba de la reparación de las víctimas de abusos sexuales que se sometería a discusión y posible aprobación “un decreto general sobre sanciones a clérigos causantes de delitos, además de lo que los posibles procedimientos penales pudieran establecer”. Para que una norma legal se adopte dentro de un territorio, sin embargo, es necesario que sea la Santa Sede la que lo ordene. Ya fue así en 2022 cuando desde la CEE se pidió un decreto sobre cómo tratar los abusos sexuales. La Santa Sede pidió en aquella ocasión que se esperara a que estuviera lista la nueva normativa del Papa Francisco.

Este viernes, preguntado por el decreto, García Magán dijo que no era para nada específico sobre abusos sexuales. “Se ha aprobado un decreto general, no se circunscribe a los abusos”, ha dicho. Cuando le han insistido en que fue el propio Argüello el que lo anunció en el discurso del lunes, contestó: “Ha habido un error de comunicación o comprensión… Es un texto que hemos aprobado y que hemos enviado a la Santa Sede [la que lo tiene que aprobar y hacer efectivo] con nuevas sanciones, pero de todo tipo de delitos y no solo para clérigos, sino también para fieles laicos. Se ha recuperado el concepto de multa”.