La filtración de datos privados para usar en la campaña antiinmigración de Trump hace saltar las alarmas

La filtración de datos privados para usar en la campaña antiinmigración de Trump hace saltar las alarmas

Agentes federales arrestan a un hombre en Virginia. Amanda Mason (ICE Public Affair)

• Organizaciones civiles y congresistas exigen al Departamento de Seguridad Nacional explicar el intercambio de información entre agencias gubernamentales y los contratos con la empresa Palantir para localizar personas

Una de las principales herramientas con las que la Administración de Donald Trump cuenta para su campaña contra la inmigración es la recopilación de datos personales.

El umbral entre el derecho a la privacidad de la información sensible de los ciudadanos se ha desvanecido en los últimos meses con la adquisición por parte del Departamento de Seguridad Nacional de datos recopilados por empresas privadas, el intercambio de información personal entre las agencias gubernamentales y la proliferación de contratos opacos con compañías como Palantir. La empresa estadounidense de software especializada en el análisis de grandes volúmenes de datos e inteligencia artificial ha diseñado programas específicos para ayudar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por las siglas en inglés) en su tarea de identificar y localizar tanto a migrantes indocumentados como a cualquier persona crítica con las operaciones de la agencia.

“La Administración Trump ha ampliado drásticamente el alcance y la magnitud del intercambio de datos entre las agencias federales de una manera que no habíamos visto antes”, asegura Chioma Chukwu, directora ejecutiva de American Oversight. Esta organización de vigilancia ha interpuesto una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional, el ICE, el IRS y otras agencias gubernamentales porque no respondieron a su solicitud de información sobre el manejo de los datos en virtud de la ley de Libertad de Información de EE UU.

“La información que los ciudadanos estadounidenses proporcionaron con fines totalmente distintos —como la declaración de impuestos, el acceso a la atención médica o la solicitud de beneficios como la asistencia alimentaria— está siendo ahora centralizada y reorientada para respaldar la aplicación de las leyes de inmigración. Esta consolidación tiene el potencial de crear una poderosa infraestructura de vigilancia, permitiendo el rastreo y la elaboración de perfiles tanto de inmigrantes como de ciudadanos estadounidenses”, agrega Chukwu.

La preocupación por el destino de los datos sensibles de los ciudadanos se ha disparado desde que Trump firmó en marzo de 2025 una orden ejecutiva por la que ordenó el intercambio de los datos personales entre las agencias gubernamentales. Información privada y sensible del IRS y Medicare pasó a manos del DHS para apoyar la campaña de deportaciones.

En este contexto de vigilancia gubernamental, este jueves, el Congreso prorrogó por 45 días un polémico programa de espionaje que se conoce como la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera, que permite a las agencias de inteligencia interceptar las comunicaciones electrónicas de ciudadanos extranjeros ubicados fuera de Estados Unidos. Se la considera una laguna jurídica en torno a la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege a las personas contra registros e incautaciones irrazonables por parte del gobierno, garantizando la seguridad en sus personas, casas, papeles y efectos. Prohíbe órdenes judiciales sin causa probable y es aplicable a todas las personas, independientemente de su estatus migratorio.

“La Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera tiene por objeto proteger a los estadounidenses de las amenazas extranjeras. Pero también está facilitando que su propio gobierno lo espíe sin una orden judicial. Trump quiere espiarlo. Yo estoy luchando para detenerlo”, escribió en las redes sociales el senador por Oregón Ron Wyden.

El legislador demócrata, junto a los representantes demócratas por Nueva York Dan Goldman y Nydia Velázquez, dirigió una carta en abril al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y al director interino del ICE, Todd Lyons, firmada por 30 legisladores, en la que se exigían respuestas con respecto al uso continuo de tecnologías desarrolladas por Palantir para recopilar datos personales de los estadounidenses y alimentar un ecosistema de vigilancia masiva.

“Los informes públicos relativos a las herramientas y el software de análisis de datos del [Departamento de Seguridad Nacional, o DHS] suscitan serias inquietudes acerca del uso de tecnologías desarrolladas por Palantir para recopilar, agregar y analizar grandes volúmenes de datos e información personal. Según se informa, estos sistemas de recopilación de datos permiten al personal del DHS vincular perfiles individuales con direcciones, números de teléfono, dispositivos y otra información de identificación a través de múltiples conjuntos de datos, con el fin de generar pistas e identificar posibles ubicaciones de personas buscadas para acciones de control migratorio”, escribieron.

Los congresistas se refirieron a la aplicación Elite (siglas en inglés de Identificación y Selección Mejorada de Pistas para la Aplicación de la Ley), creada por Palantir, que identifica vecindarios y áreas geográficas donde podrían encontrarse personas con antecedentes migratorios y que la describe como “algo así como Google Maps”, aunque con una fiabilidad cuestionable.

“Aún más preocupante resulta el hecho de que las herramientas desarrolladas por Palantir no son las únicas tecnologías que su departamento está desplegando para cumplir con la campaña de deportaciones masivas de la administración y con las cuotas diarias de detenciones”, apuntaron. El Departamento de Seguridad Nacional, a través de contratistas privados, ha utilizado sistemas de reconocimiento facial desarrollados por Clearview AI, herramientas de monitoreo y análisis de redes sociales producidas por PenLink, tecnología Stingray de proveedores como L3Harris, y tecnologías de vigilancia de teléfonos celulares creadas por Paragon Solutions. “Estas herramientas contribuyen a un ecosistema de vigilancia masiva que, al parecer, opera en conjunto con las plataformas desarrolladas por Palantir y, en última instancia, respalda las operaciones de aplicación de la ley llevadas a cabo” por el departamento, señalaron.

Desde 2015 las agencias federales tienen prohibido recopilar datos de ciudadanos estadounidenses de forma masiva. La legislación surgió después de que el excontratista de Seguridad Nacional, Edward Snowden, filtrara información clasificada sobre la forma en que la agencia recopilaba los registros telefónicos de los estadounidenses. Para superar esa barrera legislativa, el Gobierno compra las bases de datos que han creado las empresas privadas y las usa habitualmente para fines comerciales.

“Si bien las empresas pueden manipularte, no pueden enviarte a la cárcel. Pero el Gobierno de Estados Unidos sí puede hacerlo, y actualmente adquiere cantidades masivas de tu información a intermediarios comerciales de datos”, afirma Anne Toomey McKenna, profesora en el Instituto de Ciencias Computacionales y de Datos de Penn State University, en un artículo reciente de The Conversation.

La Administración Trump ha recurrido también a empresas tecnológicas como Google, Reddit y Meta para que le suministren información de los usuarios. La petición de información personal a las compañías ha sido una práctica habitual para casos como el tráfico de menores, pero ahora se usa para identificar a críticos de las operaciones migratorias del ICE y la Patrulla Fronteriza. Recientemente, el Gobierno sometió a Reddit a un jurado federal en Washington D. C. para que revelara la identidad de un usuario que había sido crítico en la red social sobre la actuación del agente federal que mató a tiros a la ciudadana estadounidense Renée Good en Minneapolis en enero.

Además de la preocupación derivada del desconocimiento de dónde acaban los datos de los ciudadanos, los críticos denuncian las relaciones entre las empresas beneficiadas por los contratos y el Gobierno. American Oversight hace referencia en la demanda al hecho de que el cofundador de Palantir, Peter Thiel, es amigo íntimo de Trump, y el CEO, Alex Karp, donó un millón de dólares a MAGA, el movimiento ultraconservador que apoya al republicano. Además, subraya que, aunque la empresa ha firmado contratos con administraciones anteriores, en el segundo mandato de Trump ha obtenido contratos federales por valor de cientos de millones de dólares para una variedad de servicios —incluyendo inteligencia artificial y análisis de datos— con múltiples agencias federales.