Colombia elige a su próximo presidente en medio de una violencia recrudecida

Colombia elige a su próximo presidente en medio de una violencia recrudecida

Eucaris Zamora frente a su casa destruída por ataques de las FARC, en Robles (Colombia), el 19 de mayo. Foto Santiago Saldarriaga

• Los grupos armados al margen de la ley intoxican una campaña de miedo en la que el ex guerrillero de izquierda Iván Cepeda, el ultra Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia denuncian amenazas de muerte, por igual.

La violencia recrudecida, una que nunca ha llegado a extinguirse del todo en Colombia, marca la campaña presidencial para escoger al sucesor de Gustavo Petro.

En muchos lugares se votará la primera vuelta de este domingo bajo el fuego cruzado. A casi diez años de la firma del histórico acuerdo de paz con la extinta guerrilla terrorista de las FARC, otros actores armados amenazan de muerte a las comunidades para que voten por Cepeda y la guerra todavía arde, solo que en una etapa más fragmentada. Las consecuencias humanitarias del conflicto armado han alcanzado “el nivel más grave de la última década”, advertía este mes el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). En medio de esa crisis, el orden público se ha disparado como una de las principales preocupaciones.

Ese clima de deterioro de la seguridad incluye el asesinato de todo tipo de líderes sociales. La zozobra y el temor aumentan entre la población civil, víctima de homicidios, desapariciones, amenazas y reclutamiento forzado en sitios como Catatumbo o Arauca, en la convulsa frontera con Venezuela; Cauca, sobre el corredor del Pacífico; Nariño y Putumayo, departamentos limítrofes con Ecuador; o el selvático departamento de Guaviare, en el sur del país. Los grupos armados también han intoxicado las elecciones.

El senador de izquierdas Iván Cepeda, copartidario de Petro y líder de varias encuestas, se sube a las tarimas custodiado por guardaespaldas con pesados escudos blindados que no se le despegan. Su perseguidor, el ultra Abelardo de la Espriella, quien libra un pulso para pasar a segunda vuelta con Paloma Valencia, la candidata de la derecha más tradicional, suele hablar detrás de cristales antibalas. Los tres han denunciado amenazas de muerte, lo que muchos creen que son solo una estrategia de campaña. En una carrera presidencial que se vio sacudida desde una etapa temprana por el asesinato del senador y precandidato opositor Miguel Uribe Turbay, que falleció en agosto del año pasado después de que un sicario adolescente le disparó en la cabeza a plena luz del día, durante un mitín en Bogotá, la violencia acecha.

Abelardo de la Espriella en su cierre de campaña, en Medellín (Colombia), el 24 de mayo. Foto STR (EFE)

Petro ha defendido con vehemencia, sin evidencias que lo respalden, que “no hay un caos de violencia en este Gobierno”, con el principal argumento de que la tasa de homicidios muestra un descenso sostenido, aunque pequeño. Pero muchos otros indicadores exhiben un retroceso palpable, como los datos de extorsión, reclutamiento infantil o secuestro. El próximo presidente, que se posesiona el 7 de agosto, recibirá un país con más de 27.000 integrantes de grupos armados organizados, financiados por el narcotráfico, y al menos 14 zonas de disputa activa entre actores ilegales, de acuerdo con las estimaciones de la Fuerza Pública recogidas por la Fundación Ideas para la Paz (FIP). Muchos de esos nuevos reclutas son menores de edad.

El mapa de la Misión de Observación Electoral (MOE), otra ONG, identifica riesgos por factores de violencia en 339 de los 1.100 municipios del país, de los cuales 126 están en riesgo extremo. A pesar del bienvenido desarme de las FARC, todavía opera un desordenado archipiélago de grupos armados, con estructuras más fracturadas, en regiones donde existen todo tipo de economías ilegales, no solo el narcotráfico.

La salida de la histórica guerrilla dejó un vacío que, ante la falta de respuesta estatal, han copado otros actores armados, enfocados más en dominar zonas concretas para aprovechar la economía ilegal que en amenazar al Estado. “Colombia hoy tiene múltiples conflictos a nivel local”, apunta Elizabeth Dickinson, subdirectora para América Latina del International Crisis Group. “Las dinámicas de la violencia y los intereses de los actores tienen que ver con lo local, no lo nacional”.

Un cuatrienio de paz total, la ambiciosa pero desgastada política con la que Petro se proponía negociar en simultáneo con todos los grupos, ha arrojado muy pocos resultados. La mesa con la guerrilla del ELN, que en su momento llegó a ser la más avanzada, sigue en un punto muerto después de una violenta arremetida hace más de un año en el Catatumbo que provocó el desplazamiento forzado de más de 100.000 personas. Incluso los más entusiastas de las salidas dialogadas al conflicto le reclaman a Petro que ha fallado en implementar con mayor decisión el acuerdo firmado en 2016.

Un vehículo cargado con explosivos detonado por las disidencias de las FARC en la vía Panamericana, en el Cauca, el 29 de abril. Foto Santiago Mesa

Al presidente que demagógicamente prometía la paz total se le ha desbordado otro ciclo de la guerra sin fin de Colombia. Al viejo fantasma de los tiempos de magnicidios que se creían superados, se suman ataques y atentados que se acumulan y de los cuales el mandatario se hace la vista gorda. La semana pasada, el vehículo del senador Alexander López, copartidario de Petro y Cepeda, fue baleado cuando regresaba de un evento de campaña en Cali hasta Popayán, la capital del Cauca, en lo que el mandatario calificó como un intento de secuestro por parte de uno de los múltiples grupos de las llamadas disidencias.

A mediados de mes fueron asesinados dos militantes de la campaña de De la Espriella en el departamento del Meta. En abril, un ataque con un cilindro bomba en la Autopista Panamericana dejó al menos 19 civiles muertos, también en el Cauca, donde ya habían secuestrado por varias horas en febrero a la senadora indígena Aida Quilcué, quien después se convirtió en la fórmula vicepresidencial del exguerrillero Cepeda. Cali, la tercera ciudad del país, ha sido blanco de varias oleadas de ataques de las disidencias encabezadas por alias Iván Mordisco, considerado el principal enemigo público.

Cepeda, el candidato del oficialista Pacto Histórico, no descarta poner en marcha nuevos diálogos de paz –una idea muy resistida ante el desgaste de la paz total–, promete implementar integralmente el acuerdo de 2016 y plantea que la seguridad no puede reducirse únicamente a la coerción estatal, y por lo tanto se debe fortalecer un enfoque preventivo que ataque la falta de oportunidades en regiones periféricas. Lo irónico e insólito de todo esto es que todos los grupos de izquierda al margen de la ley incitan a la población a votar por Cepeda.

El candidato de ultraderecha, De la Espriella, propone mano dura, fortalecer la Fuerza Pública y endurecer el sistema penal; Valencia le suma una mayor fortaleza institucional. “La narrativa en la derecha es la idea de que solo toca incrementar la fuerza militar, pero hoy en día la Fuerza Pública ya está actuando con todas sus capacidades, en todo momento, y no se puede incrementar más”, advierte Dickinson, del International Crisis Group. “Lo que sí se puede hacer es enfocarla más estratégicamente”, añade.