Colombia elige al sucesor de Petro con un caótico sistema de salud al borde del colapso

Colombia elige al sucesor de Petro con un caótico sistema de salud al borde del colapso

• El Gobierno señala a los privados de prácticas corruptas, mientras que la oposición atribuye la responsabilidad al desfinanciamiento y la misma corrupción estatal

La salud ha tomado un protagonismo inusitado en la campaña para las elecciones presidenciales de Colombia, cuya primera vuelta se celebra este domingo.

Las encuestas indican que este sector, usualmente relegado del discurso político por sus tecnicismos poco taquilleros, se ha convertido en la principal preocupación de los votantes. El sistema está al borde del colapso: los dispensarios niegan medicamentos, los hospitales cierran servicios y los especialistas no tienen citas disponibles.

Ningún candidato niega la gravedad de la crisis, pero tampoco la enfrenta. El enfrentamiento político se enfoca en las causas. Algunos creen que la culpa es del Gobierno de Gustavo Petro por desfinanciar un sistema que requiere ajustes menores, mientras que los partidarios de la izquierda del presidente aseguran que la razón es la corrupción de unos intermediarios privados que deben ser eliminados para crear un esquema totalmente diferente, convenientemente ignorando la corrupción gubernamental. El futuro de la salud polariza a millones de colombianos como nunca antes.

Los sondeos coinciden, una y otra vez, en que la preocupación por la salud se ha disparado en los últimos años. Una encuesta publicada en febrero por la firma Guarumo reveló que el 25% de los ciudadanos cree que es el problema más grave del país, por encima del 15,9% que considera que es la inseguridad en pleno recrudecimiento del conflicto armado por grupos al margen de la ley, afines al candidato de izquierdas Iván Cepeda, del 15,4% que piensa que es la corrupción y el 11,1% que dice que es el costo de la vida. Otra medición, publicada a principios de mayo por el Centro Nacional de Consultoría, señala que el 37,1% de los encuestados considera que la salud es el principal tema en el que debe enfocarse el próximo presidente.

César Caballero, gerente de la encuestadora Cifras & Conceptos, explica que las dificultades para acceder a servicios médicos afectan a un sector amplio de la población. “Colombia tiene otros grandes problemas, como el orden público por el avance de los grupos armados ilegales, pero en el grueso de las ciudades eso no se siente”, evalúa. Los candidatos le han dado un espacio más preponderante a la salud en sus programas y suelen mencionar el rescate del sistema en las promesas que hacen en los medios de comunicación.

La crisis no es nueva, pero se ha profundizado de manera acelerada en los últimos años. El Gobierno ha reducido los recursos que le gira a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las aseguradoras públicas o privadas a las que se afilian los colombianos para que sirvan como sus pagadores ante las clínicas o los médicos. La Corte Constitucional estableció a principios de 2025 que la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el monto que el Estado paga a las EPS por cada afiliado, estaba desfinanciada y ordenó ajustarla. El Ejecutivo ignoró la orden con el argumento de que sus cálculos son correctos. Mientras tanto, los hospitales y clínicas han dejado de ofrecer servicios por falta de pago. Los gestores farmacéuticos niegan fármacos que sí tienen, pero que saben que las aseguradoras no les van a pagar.

Las cifras del deterioro son contundentes. Las peticiones, quejas y reclamos de los pacientes han pasado de 915.000 en 2021 a 2,1 millones en 2025, de acuerdo con la Superintendencia de Salud. Las acciones de tutela, que los usuarios interponen ante la justicia por violación de sus derechos fundamentales, han trepado de 92.000 en 2021 a 313.000, según la Corte Constitucional. Los seguros privados, que se pagan como un complemento adicional al régimen general, se han disparado. La situación financiera de las EPS, mientras tanto, es cada vez más precaria. Sus resultados operacionales pasaron de -1,5 billones de pesos en 2021 (unos 470 millones de dólares) a -8,7 billones de pesos en 2025 (alrededor de 2.400 millones de dólares). Esto sin tener en cuenta a la Nueva EPS, la más grande del país con 11,5 millones de afiliados: no presenta balances financieros desde 2023, pese a que está intervenida por el Gobierno, que además es su dueño mayoritario.

Más allá de los datos duros, los medios de comunicación reportan a diario las historias de los pacientes afectados. El caso de Kevin Acosta, un niño de siete años que padecía hemofilia, produjo una gran conmoción en febrero. Llevaba meses sin recibir el medicamento que lo protegía de los mayores riesgos de su enfermedad. Murió tras caer de una bicicleta que le causó hemorragias abundantes por la nariz y los oídos. Petro responsabilizó a su mamá. “Si se educa más, se está en mejores condiciones de prevenir… Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos”, dijo. La Procuraduría concluyó en marzo que esta no era la causa, sino que Acosta murió por “negligencia” de su EPS, que no le entregó el medicamento que necesitaba.

Gustavo Petro en la inauguración del Centro de salud Leandro Montaño, corregimiento Media Luna, San Diego, Cesar, Colombia, el 25 de abril de 2025.                                                                          Foto Juan Diego Cano (Presidencia de Colombia)

Una lucha ideológica

Detrás de la crisis del sistema, hay una disputa ideológica. El presidente y sus aliados de izquierda han sido siempre fervientes opositores de las reformas que, en los noventa, crearon el modelo actual: el Estado dejó de pagarle directamente a los prestadores, y pasó a girarle recursos a unas aseguradoras que administran el sistema y compiten entre sí, en teoría para ofrecer los mejores servicios al menor costo.

Hubo logros como la extensión de la cobertura de un 23% a un 99% y un incremento del gasto del Estado en salud, pero también escándalos de corrupción y una dificultad persistente para cubrir costos cada vez mayores. Para Petro, el sector se convirtió en “un negocio”: las EPS, suele criticar en sus alocuciones, niegan servicios que consideran costosos y priorizan las contrataciones con las clínicas y hospitales de sus dueños. Señala a los propietarios de las aseguradoras, a los que define como “vampiros”, como los responsables del desangre financiero.

El Gobierno, entonces, se ha enfocado en revertir el modelo. Apostó por una reforma legislativa para eliminar a las EPS e invirtió gran parte de su capital político para sacarla adelante, pero se hundió dos veces en el Legislativo.

Optó por desfinanciar a las aseguradoras y asignar parte de los recursos a otros programas, como mejorar la infraestructura de los hospitales públicos y crear brigadas de médicos para visitar a los pacientes en sus casas y prevenir enfermedades. También aumentó los casos en los que el Estado gira directamente el dinero a las clínicas, y tomó el control de una decena de EPS, con la promesa de corregir los malos manejos de los privados. Fracasó: los interventores y los superintendentes que los vigilan se suceden uno tras otro, incapaces de mejorar los indicadores y con frecuentes denuncias de corrupción contra sus predecesores.

Augusto Galán, exministro de Salud y director del centro de pensamiento Así Vamos en Salud, comenta en una conversación telefónica que el presidente convirtió al sector en “el escenario para materializar su visión de una presencia más hegemónica del Estado”. “Era el mayor triunfo del mecanismo colaborativo entre el sector público y privado. Pero ellos consideran que el sector privado no debe participar en el desarrollo y la implementación de derechos sociales”, comenta sobre un país que ahora se ha polarizado entre banderas de “aseguramiento de las EPS y administración estatal”.

Señala que el desfinanciamiento fue catastrófico para un sistema que ya estaba en crisis. “Los gobiernos anteriores no atendían los temas centrales de sostenibilidad, pero buscaban resolver los problemas de caja año a año”, dice. “Pasamos estos cuatro años hablando de corrupción, sin que eso se tradujera en denuncias o sanciones concretas”, reprocha.

Algo similar opina Johnattan García-Ruiz, director de la consultora Decilion e investigador de la Universidad de Harvard. “El Gobierno quiso promover la salud como un derecho, no un negocio. Pero lo que vemos es que, si bien tuvo muy buenas intenciones, las soluciones terminaron siendo más graves que las enfermedades”, comenta en una videollamada, en referencia a que las EPS intervenidas tienen cada vez más deudas. Para él, lo más grave es que quedaron de lado los problemas estructurales que, al igual que ocurre en otras partes del mundo, enfrenta el sistema para ser sostenible: el envejecimiento de la población, los altos costos de nuevas tecnologías, una cobertura casi sin límites, ineficiencias como los sobrediagnósticos y los subdiagnósticos. “Se enfocaron en corregir lo que les hubiera gustado que fuera el sistema en los noventa, en vez de dar la discusión de qué es lo que necesitamos para 2050″.

Los expertos destacan que la salud ha entrado en el debate electoral con un protagonismo que nunca había tenido, pero lamentan que suele limitarse a consignas vacías. El candidato petrista Iván Cepeda suele evitar el tema, en el que el Gobierno no tiene resultados que mostrar: el propio presidente ha señalado la corrupción de los interventores de las EPS. Cuando lo menciona, insiste en la necesidad de sacar adelante la reforma de Petro en el Congreso. Los demás aspirantes, desde el centrista Sergio Fajardo al ultraderechista Abelardo de la Espriella, prometen grandes rescates financieros sin dar mayores detalles. “¿De dónde van a sacar la plata? No hay mucho margen″, apunta García-Ruiz. “Hay un acuerdo mayoritario en mantener un sistema mixto. Pero el problema es cómo hacerlo, sobre todo ahora que se ha roto la confianza”, agrega Galán. La centrista izquierdista Claudia López ha ido más allá del financiamiento y ha propuesto revisar las prestaciones que cubre el sistema, una medida polémica que seguramente no jalonee votos.