Un fallo judicial ha declarado ilegal la interrupción de los procesos de asilo que la Administración de Donald Trump aprobó el año pasado para los ciudadanos de 39 países y obliga al Servicio de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) a que los retome.

El juez John J. McConnell de Rhode Island manifestó en una resolución de 135 páginas que las medidas destinadas a excluir del sistema migratorio a solicitantes de asilo elegibles y a negar permisos de trabajo temporales a otros, habían dejado “en suspenso las vidas de innumerables personas, simplemente por el hecho de haber nacido en determinados países”. El magistrado, que fue nombrado por Barack Obama, añadió que los afectados, a pesar de haber seguido rigurosamente los procesos legales establecidos por el Congreso, habían quedado atrapados en una espera de meses debido a la negativa de la agencia para resolver sus casos.

“Han presentado la documentación pertinente, abonado las tasas de tramitación requeridas, se han sometido a la toma de datos biométricos solicitada y han asistido a las entrevistas presenciales necesarias. A pesar de ello, los demandantes y sus miembros permanecen a la espera —durante meses interminables— de la resolución de solicitudes de beneficios que el USCIS se niega a tramitar”, recoge el fallo. “El estado de Derecho tiene que aplicarse a todos por igual y, como es evidente aquí, el USCIS no ha ‘seguido la ley’ ni ha ‘hecho las cosas de la manera correcta’”, sentenció McConnell.

En una dura reprimenda, el juez apuntó que la agencia migratoria justifica sus acciones con pretextos de “‘seguridad nacional’ que enmascaran sentimientos antiinmigrantes que tiene prohibido dejar que influencien sus decisiones”, por lo que califica sus acciones de “contrarias a la ley, así como arbitrarias y caprichosas”.

Trump ordenó la paralización de todos los procesos migratorios para los ciudadanos de 19 países en noviembre después de que dos miembros de la Guardia Nacional fueran atacados en Washington D. C. por un ciudadano de origen afgano. Una de los agentes resultó muerta. En diciembre, el republicano añadió 20 países a la lista de ciudadanos a quienes también se les prohibía la entrada en Estados Unidos. “Más de seis meses después, muchas de esas personas siguen sin empleo, sin estatus legal y sin ninguna posibilidad real de planificar su futuro”, escribió el juez McConnell.

La mayoría de los países pertenecen a África, Asia y Latinoamérica. Haciendo uso de una expresión ya anacrónica, Trump se ha referido a los países a los que impuso restricciones de viajes como “del Tercer Mundo” y ha acusado a sus ciudadanos sin ofrecer pruebas de ser delincuentes.

“Muchos de los países con restricciones sufren de corrupción generalizada, documentos civiles y antecedentes penales fraudulentos o poco fiables, y sistemas de registro de nacimientos inexistentes, lo que impide sistemáticamente una verificación precisa de los datos”, justificó en su momento la Casa Blanca.

Democracy Forward, una organización jurídica sin fines de lucro que colaboró ​​en la representación de los grupos de inmigrantes y sindicatos impulsores de la demanda, celebró el fallo. “Esta decisión reafirma un principio fundamental: el gobierno federal no puede cerrar las vías legales de inmigración ni discriminar a las personas por su lugar de procedencia”, declaró Skye Perryman, presidenta de la organización, según recoge The New York Times. “Estas políticas ilegales causaron un daño enorme a familias, trabajadores, solicitantes de asilo y comunidades de todo el país”.