El Gobierno de Daniel Noboa volvió a declarar un conflicto armado interno en Ecuador. Lo hizo horas después de que una balacera en el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil dejara al descubierto una de las mayores contradicciones de su política de seguridad: el asesinato de Carlos Alberto Suástegui, uno de los hombres que el propio Bloque de Seguridad consideraba un objetivo de alto valor.

Suástegui, identificado como cabecilla de la peligrosa banda criminal Los Águilas, recibió disparos la noche del 17 de junio en la zona de arribo internacional del aeropuerto, en medio de los pasajeros que abandonaban la terminal. Horas después se publicó la nueva declaratoria de guerra contra el narcotráfico y las bandas criminales. El hecho también abrió preguntas incómodas sobre la eficacia de una estrategia que insiste en el lenguaje bélico mientras los principales cabecillas del crimen organizado continúan moviéndose con libertad.

El nuevo decreto autoriza al Ejecutivo a conceder indultos, rebajas o conmutaciones de penas para militares, policías y civiles que participen en operaciones relacionadas con el conflicto armado interno. La protección también se extiende a militares de países aliados que colaboren en territorio ecuatoriano y exhorta a la Asamblea Nacional a otorgar amnistías. “A partir de esta decisión, militares de países aliados podrán desplegarse en las provincias más golpeadas por la violencia para trabajar junto a nuestro bloque de seguridad”, señaló Noboa en un video difundido en redes sociales por la Presidencia.

Es la segunda vez que Noboa recurre a esta figura. La primera fue en enero de 2024, tras la cadena de atentados que incluyó la toma armada de un canal de televisión en Guayaquil. Desde entonces, el presidente ha sostenido que Ecuador libra una guerra interna. Sin embargo, la Corte Constitucional declaró inconstitucional la prolongación de esa narrativa al considerar que las causas con las que el Gobierno la justificaba no sostenían la medida, e incluso llamó la atención del mandatario por insistir en esa causal.

La nueva declaratoria llega apenas dos días después de declararse el estado de excepción en diez provincias. También ocurre en medio de una escalada de violencia que hasta mayo había dejado cerca de 3.500 homicidios.

Autoridades resguardan el Aeropuerto Internacional José Joaquin de Olmedo, en Guayaquil, el 17 de junio.                                         Foto César Muñoz (REUTERS)

La muerte de Suástegui resume mejor que cualquier discurso las dificultades del Estado para enfrentar a las organizaciones criminales. Aunque era considerado un objetivo prioritario, no tenía órdenes de captura vigentes. Entraba y salía del país utilizando sus documentos de identidad. Nadie lo detuvo.

Las autoridades conocían su historial. Había sido sentenciado por asociación ilícita. También enfrentó un proceso por delincuencia organizada. Fue procesado por asesinato y posteriormente absuelto. Aun así, no existía ninguna medida judicial que limitara su movilidad.

La pregunta que surge es qué significa realmente ser un objetivo de alto valor en Ecuador. En teoría, la categoría identifica a personas cuya captura o neutralización es prioritaria para la seguridad nacional. En la práctica, el caso de Suástegui revela la distancia entre la narrativa oficial y la capacidad del Estado para perseguir a quienes considera una amenaza estratégica. Los organismos de inteligencia no impidieron que se moviera libremente. Tampoco existe evidencia pública de una estrategia sostenida para afectar su estructura económica.

El Triunfo, una ciudad situada a una hora de Guayaquil, se convirtió en uno de los principales enclaves de Los Águilas, una facción surgida de Los Choneros, la organización criminal que durante años dominó buena parte del negocio del narcotráfico, extorsiones y sicariatos en Ecuador. Tras el asesinato de su líder, alias JR, en Colombia, Suástegui pasó a formar parte de la estructura que disputó el control del grupo, junto a alias Candela.

Ubicado en el centro de la costa ecuatoriana, el cantón está rodeado de extensas zonas rurales donde las autoridades han detectado pistas clandestinas utilizadas para el tráfico de drogas. Allí era conocida la existencia de propiedades vinculadas a Suástegui y a su entorno, incluida una hacienda con caballos de paso y ponis. El Bloque de Seguridad había intervenido previamente en el predio, aunque no logró capturarlo porque no se encontraba en el lugar, según una fuente policial consultada por este periódico. Pese a ello, los bienes continuaban operando sin afectaciones visibles ni controles de otros organismos como la Unidad de Lavado de Activos o el Servicio de Rentas Internas.

La contradicción atraviesa toda la estrategia de seguridad del Gobierno. Mientras el Ejecutivo anuncia mejoras en inteligencia, cooperación militar internacional y una guerra sin tregua contra el crimen organizado, uno de los hombres que consideraba un objetivo prioritario terminó asesinado por sus rivales antes de ser detenido por el Estado.

La escena final ocurrió en El Triunfo. Una caravana de carros, motos y caballos recorrió las calles con música ranchera y fuegos artificiales para despedir a Suástegui. Los militares observaron el cortejo desde los márgenes. La procesión avanzó sin obstáculos. La imagen resulta difícil de ignorar. Mientras el Gobierno declara una guerra, el control territorial sigue disputándose lejos de los decretos y permanece bajo la gobernanza del crimen organizado. El triunfo es la demostración de aquellas ciudades de Ecuador donde todo se mueve a través de la orden de los narcos.