Vinicius y Neymar, que debutó en el Mundial, celebran el triunfo de Brasil ante Escocia (3-0) SAM NAVARRO (IMAGN IMAGES via Reuters)

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Diego Luciani, titular de la Fiscalía General 1 y el fiscal José Ipohorski Lenkiewicz ante los Tribunales Orales, este miércoles. Foto MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

• La justicia sentenció a prisión a tres exfuncionarios del corrupto kirchnerismo, acusados de beneficiar a la empresa brasileña en la licitación de gasoductos

En 2014 la investigación sobre un lavadero de autos en Brasil donde se blanqueaba dinero abrió la puerta de la causa de corrupción más grande de ese país, con ramificaciones internacionales. El Lava Jato reveló que la constructora Odebrecht regó de sobornos el continente a cambio de contratos con el Estado, llevó a la cárcel a cuatro presidentes y alteró el panorama político de Latinoamérica.

A pesar de que Argentina se reveló como parte del entramado, con pagos irregulares hechos por la empresa de por lo menos 35 millones de dólares, la justicia del país sudamericano pasó más de una década sin emitir una condena vinculada al caso. Finalmente, esta semana el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido fue sentenciado a tres años de prisión en una causa que investigó el direccionamiento en favor de Odebrecht de obras de ampliación de gasoductos.

La decisión fue tomada por el Tribunal Oral Federal N° 2, el mismo que condenó a Cristina Fernández de Kirchner por otros hechos de corrupción, y alcanzó también al exsecretario de Energía Daniel Omar Cameron. Ambos fueron condenados por negociaciones incompatibles con la función pública y los jueces les fijaron una inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de cargos públicos.

También fue condenado, por considerarse partícipe necesario en la maniobra, el ex subsecretario de Combustibles de la Secretaría de Energía de la Nación, Cristián Alberto Folgar. Por otro lado, se dispuso la absolución del ex gerente general y vicepresidente de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), Luis Alberto Beuret y del ex subgerente de la firma, Julio Armando Bragulat.

La causa se inició luego de que, en el marco de la investigación por el pago de sobornos a funcionarios públicos y sobreprecios por parte de la empresa sueca Skanska para la construcción de gasoductos, se advirtieran una serie de maniobras para la adjudicación de las obras de los gasoductos operados por la Transportadora Gas del Norte (TGN) y la Transportadora Gas del Sur (TGS).

De acuerdo al alegato del fiscal Diego Luciani, se detectó “un claro e inadmisible direccionamiento hacia la empresa Odebrecht, en una contratación pública de enorme envergadura”. “Estamos hablando de la ampliación de capacidad de transporte de gas de la República Argentina entre los años 2006 y 2008; estamos hablando de una inversión del Estado argentino que supera los 2.300 millones de dólares”, detalló.

De Vido, de 76 años, fue un funcionario clave durante las tres gestiones del kirchnerismo, entre 2003 y 2015. Como ministro de Planificación Federal tuvo un rol decisorio en las obras públicas que se hicieron en el país y en las empresas que proveyeron los servicios para concretarlas. Con el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) se convirtió en diputado, pero terminó preso días después de la derrota de Cristina Kirchner en las elecciones legislativas de octubre de 2017, cuando el Congreso le retiró los fueros. Finalmente, no fue condenado por esa causa —el supuesto fraude al Estado en una mina y una central hidroeléctrica en Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz— y recuperó su libertad en 2020. Pero el exfuncionario acumuló otras sentencias.

Esta es la cuarta condena que recibe De Vido, que desde noviembre pasado se encuentra preso por su responsabilidad en el accidente ferroviario conocido como la “tragedia de Once” (primero estuvo alojado en la cárcel de Ezeiza y desde el mes pasado se encuentra en su domicilio en Zárate, ambas localidades en la provincia de Buenos Aires). Las otras dos condenas, que son de cuatro años de prisión cada una y no están todavía firmes, corresponden a las causas por la compra de trenes usados a España y Portugal y por la adquisición de cargamentos de gas natural licuado.

Gracias a los datos que salieron a la luz en Brasil, se sabe que Odebrecht participó en tres grandes negocios en la Argentina, que en conjunto suman una inversión de más de 2.250 millones de dólares: el proyecto para soterrar el tren Sarmiento, la construcción de una planta potabilizadora de agua en Paraná de las Palmas y la extensión de las redes troncales de gasoductos. Una confesión corporativa de Odebrecht en los tribunales de Estados Unidos señala que los sobornos en la Argentina ascendieron a por lo menos 35 millones de dólares, lo que implicaría un retorno de alrededor de 1,5% del monto total de los contratos, aunque es posible que los pagos irregulares hayan sido más.

El condenado Cristian Folgar hizo uso de la palabra antes de recibir la sentencia y se refirió a la demora del proceso judicial. “Estamos en el 2026 juzgando hechos del 2006, que se empezaron a analizar en el 2016-2017. El paso del tiempo nos aleja de la idea de que el juicio pueda ser justo porque a veces no se puede producir prueba”, sostuvo. “Muchos testigos no recordaban lo que habían hecho y un denominador común de este debate fue mostrarles a los testigos lo que habían firmado más de 20 años atrás; eso me parece que es un demérito a la calidad de la decisión que ustedes tienen que tomar”, les dijo a los jueces Néstor Costabel, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini.

El caso Lava Jato ha llevado a la cárcel a Lula da Silva y a presidentes de Perú, Panamá y El Salvador, motivó el suicidio de un quinto mandatario, alteró el mapa político de la región y alumbró la mayor multa de la historia a una empresa por pagar sobornos. Fue cerrado parcialmente en Brasil con la disolución en 2021 de la unidad de investigadores abocada exclusivamente a esa investigación, pero continúa activo en otros países donde han llegado sus coletazos.