La crisis de seguridad más aguda en dos décadas espera un plan detallado de Abelardo de la Espriella

La crisis de seguridad más aguda en dos décadas espera un plan detallado de Abelardo de la Espriella

Casas destruidas por un ataque de las FARC, en Buenos Aires, Cauca, el 20 de mayo.                                                           Foto Santiago Saldarriaga (AP Photo/Santiago Saldarriaga)

• El presidente electo ha hecho énfasis en los ataques a los armados y la ruptura de las negociaciones con los bandidos, sin detalles en cómo recuperar la gobernanza en los territorios en conflicto auspiciados por el actual gobierno.

Abelardo de la Espriella, el presidente electo que ha prometido mano dura y cero negociaciones de paz, hereda un país con al menos ocho focos de violencia activos en distintas regiones.

Su propuesta de recuperar la seguridad de Colombia en apenas 90 días, promesa de la que reculó en la campaña, es apenas el pincelazo de la distancia entre el discurso electoral y el país que recibirá el próximo 7 de agosto: por lo menos cinco grupos armados ilegales con más de 27.000 integrantes, nueve mesas de negociación en suspenso y los enormes cultivos de coca en crecimiento.

El mapa que hereda el ultraderechista tiene siglas impronunciables, disputas de vieja data y otras que se agudizaron o nacieron durante el cuatrienio del presidente Gustavo Petro. En el Catatumbo, el choque entre los grupos de disidencias de las extintas terroristas FARC agrupados bajo la sombrilla del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla en armas de América, produjo la crisis humanitaria más grave del año pasado. En el Nordeste antioqueño, dos frentes de esas mismas disidencias combaten al Clan del Golfo, el grupo más grande del archipiélago de ilegales. En el Caribe, el Clan enfrenta a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, un grupo local. En el Cauca, el Estado Mayor Central —la otra gran facción disidente de las FARC— y el ELN llevan años de disputa.

A ese mapa se suman cuatro escenarios más recientes: el Guaviare, en la Amazonia, ve una sangrienta guerra entre las dos facciones disidentes; en el sur del Chocó, el EMC avanza desde el Bajo Calima para enfrentar al ELN; en Arauca, en la frontera con Venezuela, ese mismo grupo choca con la otra facción disidente; y el Sur de Bolívar, el Clan del Golfo y el ELN se disputan el control del territorio.

Frente a ese escenario, el presidente electo ha prometido lo que llama una pax romana, que consiste en recuperar el control territorial bombardeando campamentos, fumigando cultivos ilícitos y ampliando el pie de fuerza, sin negociar con ningún grupo armado.

Su modelo de referencia es el de Nayib Bukele en El Salvador y su apuesta es una alianza estratégica con Estados Unidos para financiar y tecnificar esa ofensiva. Pero el país que recibirá no es ni El Salvador ni el de hace una década, cuando los grupos armados dependían mayoritariamente de la coca y la cocaína: ahora combinan la minería ilegal, la extorsión y el control de las economías locales, pasando por la trata de personas o el control de los gobiernos locales y sus contratistas. Además, más que ejércitos armados que puedan ser bombardeados, tienen elementos de bandas criminales, e incluso tercerizan parte de sus operaciones en una suerte de modelo de franquicias, especialmente el Clan del Golfo.

La Fundación Conflict Responses, que investiga el conflicto en el país, ha advertido que incrementar los combates no necesariamente detiene el crecimiento de los grupos armados. “Los combates son solo una herramienta, y no es la mejor para frenar el crecimiento del número de combatientes”, dice esta fundación en sus redes sociales. Explican que los grupos armados no solo cumplen funciones militares, sino que también regulan disputas, cobran protección y llenan los vacíos donde el Estado llega de forma intermitente. En suma, tienen un rol en la gobernanza local. “Un despliegue militar que no sustituya esos servicios solo produce caídas de corto plazo y un reacomodo posterior”, explica, sobre uno de los mayores interrogantes frente a lo que ha planteado De la Espriella hasta el momento.

La otra pregunta sustancial es el futuro de las nueve mesas de negociación que deja el Gobierno Petro. Algunos de los procesos amparados por la cuestionada política de paz total han avanzado. La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y los Comuneros del Sur han comenzado a concentrarse en zonas temporales para comenzar el desarme, un hito que tomó años construir. El presidente electo no ha dejado espacio para la ambigüedad, pues ha insistido en que no mantendrá las negociaciones: sometimiento a la justicia o bala, es el dilema que ha planteado a los grupos.

Para Francisco Daza, coordinador de Paz, Seguridad y Derechos Humanos de la Fundación Paz y Reconciliación, el desenlace es obvio. “Los grupos no tendrán otra opción que volver a armarse y una fuerza pública que no está en capacidad de atender de forma simultánea todos los focos del conflicto tendrá que enfrentar, además, el regreso de combatientes que estaban haciendo el camino hacia la vida civil”, señala, en una previsión de un agravamiento de la violencia ante la esperada arremetida estatal.

Una que, además, se dará con un narcotráfico en crecimiento. Este jueves la ONU publicó su informe anual sobre los cultivos de uso ilícito y un dato resume parte del problema que heredará el nuevo presidente: Colombia cerró 2024 con 261.000 hectáreas de coca, un nuevo récord histórico, aunque detrás tenga el crecimiento más pequeño de los últimos cuatro años.

Para enfrentarlo, De la Espriella trae una propuesta convencional: la fumigación aérea de al menos 330.000 hectáreas y la erradicación manual, con herbicidas distintos al glifosato. Décadas de fumigaciones masivas han mostrado que erradicar sin ofrecer alternativas económicas a los campesinos que viven de la coca es, en el mejor de los casos, un logro temporal. “Golpear los cultivos ilícitos o la minería no se traduce en mejoras inmediatas de la seguridad”, advierten desde el Conflict Reponses. Algo similar reflexiona María Alejandra Vélez, del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de Los Andes: “El próximo gobierno debe entender que no toda la economía ilegal es criminal y que, en el caso de la coca-cocaína, buena parte de los cultivos siguen siendo economía campesina”.

Ante ese panorama, el electo trae como activo político visible su relación con Washington. Donald Trump respaldó públicamente su campaña, en una cercanía que abre la puerta a una versión renovada del Plan Colombia, con cooperación militar y tecnológica de contenido aún por definir. Es algo especialmente incierto cuando el presidente electo reconoció en campaña que debe enfrentar una guerra tecnificada con una fuerza pública poco preparada para ello. En 2025 se registraron 277 ataques con drones cargados de explosivos, más del doble que el año anterior, la mayoría atribuidos al EMC. Para el investigador Francisco Daza, esto señala que los grupos armados han encontrado en esa tecnología una ventaja a bajo costo, que multiplica su capacidad ofensiva y deja al Estado en una posición reactiva. “El Ministerio de Defensa necesitará ajustes internos urgentes para hacer más ágil la respuesta antidrones. Modernizar, entrenar y desplegar esa capacidad de forma simultánea en ocho frentes activos”, señala.

En medio de este panorama, el reto más grande no es militar, sino humanitario. En 2025, los conflictos desplazaron de forma masiva a más de 107.000 personas y dejaron a otras 128.000 confinadas, sin posibilidad de moverse. Colombia ocupa el segundo lugar en el mundo en desplazamiento interno por conflicto armado, con más de 7,2 millones de personas afectadas. Una estrategia basada exclusivamente en la confrontación, el militarismo y sin negociación, advierte Daza, no reduce esas cifras. “La población civil no es un actor del conflicto: es su principal víctima, y ningún plan de choque en 90 días cambia esa ecuación”.