El huachicol fiscal en Matamoros se multiplicó cuando se militarizó la aduana

El huachicol fiscal en Matamoros se multiplicó cuando se militarizó la aduana

Entrada a la aduana en Laredo, Texas (EE UU), en febrero de 2025.  Foto Cheney Orr (Bloomberg)

• Una base de de datos de empresas acusadas de contrabandear combustible de Estados Unidos a México muestra que sus operaciones en esa frontera se dispararon en 2021, 2022 y 2023 bajo la mirada de los dos gobiernos

El contrabando de combustible desde Estados Unidos a México, el gran esquema criminal que creció durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y su nueva mandataria, mancha ahora a la Secretaría de la Defensa Nacional.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a tres soldados de alto rango por su papel como facilitadores en la aduana de Matamoros, Tamaulipas. Esta práctica, que consiste en importar gasolina y demás hidrocarburos ocultos como una mercancía que no paga impuestos, se dio en esta frontera comercial de 1 de junio de 2024 a 15 de julio de 2025, de acuerdo a las pesquisas de las autoridades. Una investigación periodística que combina informes confidenciales con bases de datos de comercio exterior revela que este crimen se multiplicó en este recinto desde que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se hizo cargo del control.

Las aduanas se militarizaron a mediados de 2020, durante el Gobierno de López Obrador. Los marinos se encargaron de los puertos, donde creció una red de complicidades entre militares, funcionarios y empresarios que fue desmantelada en septiembre de 2025, mientras los soldados se quedaron con las fronteras de tierra. El expresidente lo justificó, como tantos otros encargos, en la honestidad y eficacia de los cuerpos castrenses frente al personal civil.

Una revisión exhaustiva de una decena de empresas, listadas como contrabandistas en documentos filtrados del ejército e investigaciones de la FGR contra estas redes criminales, combinada con el análisis de sus importaciones y exportaciones de lubricantes derivados del petróleo, aditivos para lubricantes, o aceites de petróleo —mercancías que se usan como disfraz para introducir gasolina en el país—, permite retratar la evolución de este delito en la aduana de Matamoros. Estos datos coinciden con un análisis anterior de este diario de todas las importaciones a México de aditivos y aceites lubricantes.

En 2019 y 2020, este tipo de importaciones de empresas sospechosas no llegó a los 2 millones de litros. A partir de 2021, las cifras aumentan exponencialmente. Ese año, el primero en el que Defensa tuvo bajo su control la garita, la empresa Nafta Aditivos Orgánicos, listada en un documento militar como “relacionada con el comercio ilegal de combustible”, importó por carretera 80 millones de litros de aditivos para aceites lubricantes suministrados por Hevi Logistics. Esta compañía estadounidense es la que facturó como aditivos para aceites lubricantes los millones de litros de combustible que el buque Challenge Procyon trató de contrabandear, sin éxito, por la aduana de Tampico, también en Tamaulipas. Este caso de marzo de 2025 puso el término huachicol fiscal en el imaginario colectivo mexicano. También es Hevi Logistics quien manda, al año siguiente, en 2022, otros 80 millones de litros de aditivos por esta frontera.

Es en 2023 cuando las importaciones de estas mercancías se disparan en la aduana de Matamoros: 690 millones de litros. La mayor parte de estos fueron enviados por Hevi Logistics y el resto por Ikon Midstream, otra compañía exportadora involucrada en la red de contrabando vinculada con la Secretaría de Marina. Las oficinas de esta última empresa han sido cateadas por las autoridades estadounidenses. Las sociedades importadoras también son viejas conocidas, como Sensive Solutions, que comparte dirección con otras empresas, de nuevo, involucradas en la red de los marinos; o JSC Servicios Aduanales, que recibió millones de pesos de Ahavat Logistics Solution, señalada por Estados Unidos como intermediaria en la red de contrabando ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Para 2024 y 2025, las importaciones de estos aditivos y aceites caen estrepitosamente, bajando a niveles previos a 2021. La investigación de la Fiscalía revelada esta semana arroja una nueva luz y pone sobre la mesa un disfraz hasta ahora desconocido para contrabandear combustible: solución de cloruro de calcio, usados en medicina y alimentación. Este es el manto que la empresa Servicios Aduanales JR usó para el estraperlo de 144 millones de litros de combustible entre el 1 de junio de 2024 y el 22 de julio de 2025 por la aduana de Matamoros, con la complicidad de los tres soldados de alto rango que están en busca y captura. Con estos nuevos datos, la bajada del huachicol fiscal en la aduana de Matamoros se convierte en una quimera.

Se preguntó por este incremento a la Secretaría de la Defensa Nacional, que contestó que “la conducción operativa, técnica y los mecanismos de control de las aduanas corresponden a la Agencia Nacional de Aduanas de México, por lo que dichas funciones se encuentran fuera del ámbito de competencia de la Secretaría”, aunque “reitera su plena disposición de colaborar con la Fiscalía General de la República y con las autoridades civiles competentes en las investigaciones que se encuentren en curso” y a “una política de cero tolerancia a la impunidad y será respetuosa del debido proceso”.

De acuerdo con documentos internos de la Secretaría de la Defensa filtrados por Guacamaya Leaks, el Gobierno tenía información de que las operaciones de contrabando se remontan a más de cinco años. “Desde enero de 2020 se ha observado un incremento en las importaciones de lubricantes, sin ningún sustento en la actividad económica; en la demanda máxima de mercado del propio producto; o en el movimiento observado de ventas de combustibles”, se lee en un informe elaborado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). “La logística, traslado y cruce se realizan principalmente por Nuevo Laredo y Tamaulipas debido a las condiciones geográficas y de infraestructura de ambas”, añade.

El Gobierno ha repetido que el contrabando de combustible es un delito a la baja, aunque hay evidencias de que se mantiene. La última fue hace un par de semanas, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a una serie de empresas e individuos cómplices de una red de huachicol fiscal vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación. Según sus documentos, la Red de Control de Delitos Financieros ha recibido 160 reportes de actividades sospechosas con valor de 7.000 millones de dólares de operaciones de Estados Unidos a México, con origen en Texas y Florida. “Las instituciones tienen que estar vigilantes, ya que los cárteles, sus huachicoleros y los financieros se adaptan a los esfuerzos de la ley y los reguladores”, advierten las autoridades al norte del río Bravo, desde donde viene el contrabando que daña las arcas del fisco mexicano.