México pasa a la ofensiva en la defensa de los mexicanos muertos a manos del ICE

México pasa a la ofensiva en la defensa de los mexicanos muertos a manos del ICE

Altar en honor a Lorenzo Salgado en el sitio donde fue asesinado, en Houston (EE UU), este viernes.                              Foto CARLOS RAMIREZ (EFE)

• El polémico fallecimiento de Lorenzo Salgado por la excesiva actuación policial marca un punto de inflexión y abre un nuevo frente de tensión en la relación bilateral

La muerte del mexicano Lorenzo Salgado a manos de la policía migratoria estadounidense (ICE) en Houston, Texas, rodeada una vez más de polémica por la desproporción y la violencia de la actuación policial, ha precipitado por primera vez una respuesta firme y airada del Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Hasta ahora, el Ejecutivo mexicano se había limitado a las burocráticas quejas formales, por vía de notas diplomáticas, y los frentes abiertos con el vecino del norte se concentraban más en el plano comercial y en la seguridad, con el fantasma de la injerencia en el horizonte. Pero tras la muerte a balazos de Salgado, un trabajador de la construcción que llevaba más de treinta años viviendo en Estados Unidos y que, según el propio ICE, no era el objetivo de la redada, tanto la mandataria como la Cancillería han pasado a la ofensiva, sumando un frente más a la complicada relación con la Administración Trump. Sheinbaum elevó primero el tono hablando de “no permitir el maltrato” y de tomar “acciones legales importantes”. Mientras la Cancillería detalló la batería de medidas jurídicas que, según fuentes de Exteriores, ya está en marcha.

El canciller Roberto Velasco escenificó la nueva dimensión con la que México encara la crisis. “Este es el tema más importante que tiene en este momento en la Secretaría de Relaciones Exteriores”, dijo en su rueda de prensa de más peso en los poco más de tres meses que lleva en el cargo. La frase es, cuando menos, toda una declaración de intenciones dado el complejo escenario al que se enfrenta la red consular mexicana en Estados Unidos. Desde la polémica actividad de agentes de la CIA en el país, resucitada con los recientes detalles alrededor de la detención de El Mayo, la insólita acusación del Departamento de Justicia por narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, la espinosa renovación del Tratado de Libre Comercio (TMEC) o la crisis en Cuba.

México ha puesto en marcha gran parte de su maquinaria diplomática. El servicio jurídico de la Cancillería ya trabaja en acciones legales con dos vertientes. En el plano penal, ha trasladado a la Fiscalía Federal de la República la solicitud formal para que inicie acciones legales contra los responsables de las fiscalías estatales estadounidenses y el Departamento de Justicia para que se investiguen por la vía penal los fallecimientos ocurridos bajo condiciones todavía sin aclarar en los momentos de las detenciones. En el plano civil, demandas contra las empresas privadas que gestionan los centros de detención de migrantes del otro lado de la frontera, en los que han perdido la vida 14 mexicanos; a los que hay que sumar tres personas muertas más durante los operativos de la policía de ICE para su captura.

Las cifras del Gobierno de Sheinbaum apuntan a que solo en lo que va de año han sido detenidos al menos 177.192 mexicanos, y que más de 13.722 siguen encerrados por su situación migratoria. En la vertiente más política, México ha activado también las palancas internacionales. Ya había recurrido en marzo, tras otra muerte de un migrante en un centro en California, a la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ahora entra en escena también el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, a quien México ha pedido que se involucre en la situación de los migrantes bajo custodia del ICE. Unas cárceles de facto señaladas por organizaciones de los derechos humanos, como Human Rights Watch, por graves retrasos en la asistencia médica en casos límite, insalubridad y falta de transparencia y de rendición de cuentas. Los informes de las organizaciones denuncian también que la mortalidad anual en estas cárceles para migrantes creció un 140%, comparada con la del año anterior.

La ofensiva mexicana también supone el primer reto inmediato de envergadura para el embajador en Washington, Roberto Lazzeri, nombrado hace apenas un mes. Un perfil joven, técnico y de confianza de la presidenta, a la que ha encargado encabezar las negociaciones para la renovación del TMEC, encalladas entre las presiones y las amenazas de Trump. El embajador Lazzeri, junto con la subsecretaria de la Secretaría de Exteriores, Cristina Planter Riebeling, tiene la misión de construir canales de comunicación directos con autoridades estadounidenses correspondientes para atender los fallecimientos, incluyendo los representantes del Congreso.

Una congresista precisamente, la demócrata Sylvia García, ha sido quien confirmó que el ICE no tenía como objetivo a Lorenzo Salgado durante la redada que acabó con su vida por un balazo de los policías. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicó que agentes del ICE intentaron frenar el vehículo de Salgado y que este “intentó evadir el arresto” y “embistió a un vehículo del ICE, se negó a obedecer varias órdenes verbales y utilizó su vehículo como arma para intentar atropellar a un agente”. Eso, explican, llevó a uno de los funcionarios a disparar su arma “en defensa propia”. Sin embargo, el abogado de los tres migrantes detenidos que iban en la furgoneta con Salgado, ha defendido que la versión de sus testigos es “muy diferente”. Todos coincidieron en que los agentes se encontraban a los lados del vehículo, no detrás o delante de él. Un nuevo escándalo que ha provocado que México escale su campaña contra la cacería de migrantes orquestada por Trump.