Guardianes del territorio: la disputa sobre el agua en Mendoza

Liliana Claudia Herrera participa de la gesta Libertadora por el Agua, el 8 de diciembre de 2025, en Mendoza (Argentina). Foto Matias Chiofalo

La posibilidad de extraer cobre tiene a la comunidad en vilo. Les preocupa el uso de sustancias químicas, el elevado consumo de agua dulce y la instalación de los residuos mineros

El agua se ha convertido en el principal campo de batalla de la minería en Mendoza. Impulsado por el Gobierno de Alfredo Cornejo y respaldado por la política de promoción minera del presidente Javier Milei, el proyecto PSJ Cobre Mendocino ha reabierto uno de los conflictos socioambientales más importantes de la provincia. Mientras las autoridades lo presentan como una oportunidad para atraer inversiones e impulsar la transición energética, vecinos, comunidades indígenas y científicos sostienen que el debate nunca ha girado realmente en torno al cobre, sino al agua.

Basta recorrer Mendoza para notarlo: el agua aparece en las pancartas, en la sobremesa entre vecinos, en los informes técnicos y hasta en el paisaje mismo. En una de las provincias más áridas de Argentina, donde la vida depende del deshielo de la cordillera, cualquier proyecto que requiera grandes volúmenes de agua termina convirtiéndose en un conflicto político y social.

Entender el conflicto de San Jorge exige partir de ahí. Mendoza lleva años enfrentándose a una crisis hídrica persistente: las sequías son cada vez más seguidas, los glaciares retroceden y la acumulación de nieve en la cordillera ha disminuido en comparación con décadas anteriores. Con ese telón de fondo, no sorprende que el agua —y no el mineral— se haya vuelto el centro de la discusión.

Según el informe de Impacto Ambiental, la mina prevé utilizar 141 litros por segundo de agua del Arroyo El Tigre, el único curso de agua permanente en la zona del proyecto. El documento sostiene que este puede abastecer esa demanda, aunque también reconoce que la captación reducirá parte de la recarga hacia la Ciénaga de Yalguaraz, un humedal que depende de la misma cuenca.

El conflicto volvió a escalar cuando el gobierno provincial, encabezado por Alfredo Cornejo, aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino —conocido antiguamente como San Jorge—, una mina de cobre a cielo abierto proyectada en Uspallata, en la precordillera mendocina. Se trata del primer proyecto de megaminería metalífera de la provincia y contempla una inversión cercana a los 600 millones de dólares impulsada por las empresas Zonda Metals GmbH (Suiza) y Alberdi Energy (Argentina).

El gobierno provincial presenta la iniciativa como una oportunidad económica vinculada a la transición energética. Sin embargo, vecinos, comunidades indígenas, científicos y organizaciones ambientales advierten que el costo podría recaer sobre el sistema hídrico mendocino. En Uspallata, el conflicto se siente latente. La disputa por San Jorge trasciende los despachos gubernamentales y los informes técnicos; forma parte de la vida cotidiana.

Del río Mendoza dependen tres de cada cuatro habitantes de la provincia y unas 240.000 hectáreas de cultivos, incluidos los viñedos que dieron proyección internacional a la región. Cualquier alteración sobre la cuenca despierta alarmas.

“Esto no afecta solo a Uspallata. Afecta a toda la cuenca, a generaciones enteras”, advierte Liliana Claudia Herrera, lideresa indígena y Otma de la comunidad Huarpe Guaytamari. Para ella, el avance del proyecto es parte de una larga historia de despojo territorial. Herrera insiste en que el debate debe ir más allá de las cuestiones técnicas o económicas, ya que involucra la relación de las comunidades con el territorio y los recursos naturales de los que dependen. La empresa minera no accedió a una entrevista con EL PAÍS.

Alejandra, vecina y defensora del agua desde hace más de una década, resume el temor de gran parte de la comunidad: “Para nosotros, el proyecto San Jorge significa la muerte, el fin de la vida tal como la conocemos”. La voz se le quiebra. Hace una pausa antes de continuar. Ante la pregunta de qué diría el agua si pudiera hablar, no duda en responder: “Estaría orgullosa de nosotras por defenderla”. Durante unos segundos, el silencio ocupa el lugar de las palabras.

Entre las principales preocupaciones señala el uso de sustancias químicas durante el proceso de flotación, el elevado consumo de agua dulce y la instalación de los residuos mineros en una zona de alta actividad sísmica. Aunque la empresa asegura que no utilizará cianuro, quienes se oponen al proyecto sostienen que los riesgos persisten. “La megaminería es secante, consume millones de litros de agua que luego no se pueden reutilizar”, afirma.

Las organizaciones ambientales cuestionan la aprobación de la DIA. Uno de los aspectos más criticados es que la audiencia pública se realizó a más de 3.000 metros de altura, a 44 kilómetros del pueblo, en horario laboral y durante varios días seguidos. Para quienes se oponen al proyecto, esas condiciones dificultaron la participación ciudadana y reflejan una falta de licencia social. El Gobierno provincial no respondió a la solicitud de comentarios realizada para este reportaje.

En sus comunicaciones públicas, la administración provincial sostiene que el cobre representa una oportunidad histórica para diversificar la economía mendocina. Se habla de empleo, inversión y exportaciones, y se repite la idea de que el cobre como un mineral indispensable para la fabricación de vehículos eléctricos, redes energéticas y tecnologías relacionadas con la descarbonización.

Sin embargo, varios especialistas cuestionan las proyecciones económicas difundidas por el gobierno. Marcelo Giraud, geógrafo e investigador de la Universidad Nacional de Cuyo, señala una diferencia significativa entre las cifras anunciadas públicamente y los datos del expediente técnico del proyecto. Mientras que el discurso político habla de 800 empleos directos y miles de indirectos; el expediente, es mucho menos optimista y no explica cómo se calcularon las otras estimaciones.

Giraud va más allá. Según su análisis, buena parte de la maquinaria, la tecnología y los servicios con mayor valor agregado se importarían —principalmente desde países del norte global—, lo que en los hechos achica el impacto económico real para Mendoza. Tampoco le convence el esquema fiscal: el RIGI permite subir las regalías mineras hasta el 5%, pero la provincia eligió quedarse por debajo de ese tope. Menos regalías, menos ingresos para Mendoza, resume el investigador.

Hay otro dato que pocas veces aparece en los anuncios oficiales, pero que sí detalla el investigador: aunque San Jorge se vende como un proyecto de cobre, el propio informe ambiental admite que el concentrado también traerá oro, plata y molibdeno —y que todo eso saldría sin refinar, rumbo a Asia.

Para Giraud, el principal riesgo no es un accidente visible, sino la posible contaminación de las aguas subterráneas. “Lo más preocupante es la posible contaminación del acuífero de Uspallata”, afirma. Aclara que no se puede asegurar que la contaminación ocurrirá, pero sí que existen riesgos que no se han descartado por completo.

El conflicto por San Jorge es un patrón que se repite en buena parte de América Latina: a más demanda mundial de minerales para la transición energética, más tensión en los territorios donde esos minerales salen de la tierra. La mayoría termina en mercados lejanos; lo que se queda en el lugar de origen son los efectos —ambientales, sociales— de haberlos extraído.

Para quienes defienden proyectos como San Jorge, el cobre sigue siendo una oportunidad económica demasiado grande como para dejarla pasar. Para muchos de sus detractores, la pregunta es quién se beneficia de esa transición y quién asume sus consecuencias. En Uspallata, donde las montañas dominan el horizonte y los carteles contra la mina forman parte del paisaje cotidiano, muchos vecinos sienten que la discusión siempre fue del agua.

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