El régimen de Ortega ya entregó el 10% del territorio de Nicaragua a mineras chinas

El régimen de Ortega ya entregó el 10% del territorio de Nicaragua a mineras chinas

Terrenos despejados en Murubila, Nicaragua, en una imagen de archivo. Foto Esteban Felix (AP)

• La voracidad china por el oro avanza sobre áreas protegidas y afecta a zonas indígenas y afrodescendientes

Three Gold Coins Company, una empresa minera de capital chino, solo tuvo que esperar 41 días para que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo le otorgara este 16 de julio tres concesiones que, juntas, suman 114.500 hectáreas para la explotación de oro, entregadas de manera exprés, y que afectan a comunidades indígenas protegidas por las leyes del país centroamericano.

Esta concesión es parte de un patrón que las organizaciones ambientalistas han documentado: según el Atlas de concesiones mineras —presentado el 14 de julio por la Fundación del Río— hasta junio de 2026 el régimen había entregado 84 concesiones a 22 empresas de capital chino, las que abarcan más de 1,2 millones de hectáreas, el equivalente al 10% del territorio nacional de un país de poco más de 130.000 kilómetros cuadrados.

Dos días antes, el 14 de julio, otra concesión minera entregó 60.610 hectáreas más: la empresa Global Group, representada por el canadiense Thomas Ernest McGrail, cedió dos concesiones a Plantel Central Nicaragua, S.A. Uno de esos lotes, llamado Muy Muy, se ubica sobre territorio indígena de la zona central del país, protegido en teoría por ley contra estas industrias extractivas. Pero la “fiebre del oro” que el régimen Ortega-Murillo ha impuesto en Nicaragua en los últimos años, sobre todo entregando concesiones a empresas chinas, ha trastocado la propiedad comunal de los pueblos originarios del país.

Las concesiones se dan en momentos de tensa relación con Estados Unidos. El Departamento del Tesoro sancionó en abril al núcleo que controla el opaco entramado de empresas mineras chinas a las que el régimen, tras modificar al menos cinco leyes a su medida, ha entregado las concesiones. A través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Washington designó a cinco individuos vinculados al negocio del oro, incluyendo a dos hijos de los copresidentes, Maurice y Daniel Edmundo Ortega Murillo, quienes han ganado preponderancia en la maquinaria propagandística del régimen.

El monitoreo de la Fundación del Río contabiliza 62 lotes mineros sobre 18 territorios indígenas y afrodescendientes; una ocupación que en conjunto cubre el 25,5% de esas tierras comunales y que, denuncian las organizaciones, se otorgó sin la consulta libre, previa e informada a la que obligan los estándares internacionales. Muy Muy es uno de esos 18 territorios: el Atlas lo documenta con 53.587 hectáreas concesionadas, y es justamente ahí donde se ubica uno de los lotes cedidos a Plantel Central Nicaragua. En muchos de estos casos, denuncian líderes indígenas como Norman Davis, las propias comunidades desconocen que sus tierras ya fueron entregadas.

“Toda esta repartición de nuestras tierras comunales para explotar oro la precede la invasión de nuestras propiedades por parte de los colonos. El asesinato y captura de nuestros guardabosques indígenas. Una vez que desarticularon toda nuestra resistencia comunal, es que le concesionan a estas mineras”, denunció Norman Davis, indígena mayagna exiliado en Costa Rica.

Dirigentes indígenas en el exilio calculan en más de 70 los indígenas asesinados en conflictos territoriales por la disputa de sus tierras comunales desde hace una década. Son muertes que no ocurren en las cárceles, sino en las comunidades, a manos de los colonos armados que avanzan sobre los territorios antes de que lleguen las mineras.

A esa violencia en el terreno se suma la de la prisión política. Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, en su corte de mayo de 2026 los líderes e integrantes de comunidades indígenas son el grupo más numeroso entre los 46 presos políticos del país: el 26% del total, unos doce casos, la mayoría autoridades comunales, síndicos y guardabosques de la Costa Caribe Norte, varios de ellos juzgados sin intérprete pese a no hablar español con fluidez. El propio Mecanismo vincula esa sobrerrepresentación a “dinámicas de control territorial y debilitamiento de estructuras comunitarias”.

Primero la violencia contra quienes defienden las propiedades comunales y solo después, sobre un territorio ya sometido, aparecen las concesiones mineras. El mismo patrón del que habla Davis lo documenta el Atlas de Fundación del Río con cifras. Por ejemplo, en Tuahka Takaln Balna las concesiones cubren el 88.64% del territorio; en Tasba Pri, el 83.77%; y en Mayangna Sauni Arungka “Matunbak”, el 63.79%.

Ríos afectados

La minería de oro afecta a las comunidades indígenas por dos vías: el suelo y el agua. La extracción, sea industrial a cielo abierto o artesanal, implica la remoción de la cobertura boscosa, la apertura de caminos y excavaciones que alteran el terreno, según explica Amaru Ruíz, director de la Fundación del Río. En el caso del oro, la separación del metal suele recurrir al mercurio, un metal pesado que contamina ríos y quebradas y se acumula en la cadena alimentaria, sobre todo a través de los peces. Por eso el componente hídrico resulta central. El Atlas de Fundación del Río identifica 163 ríos, 80 quebradas y 1,894 kilómetros de red hídrica dentro de los territorios concesionados.

Las organizaciones ambientales insisten en que toda concesión sobre territorios indígenas debe cumplir con el derecho a la consulta libre, previa e informada, un estándar que, según los liderazgos comunitarios, el régimen ha ignorado de forma sistemática. Frente al avance, piden a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos mantener la mirada sobre lo que ocurre en los territorios, antes de que el reparto se vuelva irreversible.

Para los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe, esa afectación no es solo ambiental. Su economía y su subsistencia dependen directamente del bosque y de los ríos. La pesca, la caza, la agricultura de subsistencia y la recolección se sostienen sobre ese entorno. El territorio, además, tiene una dimensión colectiva y cultural reconocida en la Ley 445, que ampara la propiedad comunal, donde la tierra no se posee de forma individual sino como la base material de la vida de la comunidad. La deforestación, la contaminación del agua y el desplazamiento de la fauna erosionan, al mismo tiempo, la fuente de alimento y la forma de vida que organiza a estos pueblos.

A la postre, indígenas como Davis denuncian que las comunidades no obtienen beneficios económicos de la explotación de sus territorios, pese a que la Ley 445 les reconoce, en su artículo 34, una cuarta parte de los tributos por el aprovechamiento de los recursos naturales en sus tierras. “La ley dice que a nosotros nos toca una parte de lo que sacan de nuestras tierras, pero eso nunca llega. Lo que hacen las empresas es dejarte un camino mal hecho, una escuelita, o darle trabajo en la misma mina a algunos de la comunidad. Eso es todo lo que recibimos”, denunció otro líder indígena que asistió a la presentación del Atlas de la Fundación del Río.