A un mes de los terremotos, un régimen que no supo responder no puede reconstruir a Venezuela

A un mes de los terremotos, un régimen que no supo responder no puede reconstruir a Venezuela

Vista aérea de edificios colapsados tras los terreremotos en La Guaira, el 28 de junio. Foto Nayeli Cruz

• Una vez más, no faltó dinero, sino voluntad. El régimen chavista venezolano gastó más de 1.000 millones de dólares en tecnología de videovigilancia china y compró 5.239 camiones pesados que nadie vio durante la emergencia

Se cumple un mes de los dos terremotos que el 24 de junio sacudieron Venezuela y lo esencial ya está claro: la mayor parte de las muertes no las causó la tierra, sino un Estado que llevaba años desmontando las instituciones encargadas de proteger a los ciudadanos. El terremoto fue inevitable; la magnitud de la tragedia fue una decisión.

Así lo documenta el informe que el Miranda Center for Democracy acaba de publicar sobre la respuesta del régimen a la catástrofe: entre lo que un Estado funcional debía haber hecho y lo que hizo la dictadura de Delcy Rodríguez se abre una distancia que se cuenta en vidas, y que el régimen, fiel a la costumbre de Chávez y Maduro, todavía intenta esconder maquillando a su antojo la cifra de muertos.

Las primeras 72 horas —las que deciden quién sale con vida de los escombros— pasaron sin una operación seria coordinada por el Estado. Quienes excavaron fueron los vecinos, los bomberos voluntarios de la Universidad Central de Venezuela y 51 equipos internacionales de 28 países. Los rescatistas venezolanos trabajaron con mazos, picos y palas. “No tenemos las herramientas, no tenemos la tecnología… estamos en la Edad de Piedra”, resumió uno de ellos.

De la Guardia Nacional, en cambio, apenas hubo rastro durante esos días decisivos. Cuando por fin apareció, no lo hizo con grúas ni con perros de búsqueda, sino armados con controles militares. Desde el 26 de junio, entrar a La Guaira exigió una credencial con código QR que solo podía tramitarse en persona en Caracas, a kilómetros del derrumbe. Sus efectivos rechazaron a voluntarios, detuvieron a bomberos de guardia que iban a excavar y retuvieron convoyes de ayuda humanitaria mientras corría el reloj.

Donde actuó, lo hizo contra los propios ciudadanos a los que había dejado solos. Guardias nacionales —junto a la Policía Nacional y el Ejército— fueron filmados robando y saqueando entre los escombros. En la principal universidad pública del país incautaron siete camiones de ayuda destinados a un centro de acopio ciudadano, que siguen sin aparecer. Las morgues, en paralelo, cobraron a las familias entre 400 y 5.000 dólares por entregar a sus muertos. Es el retrato de un cuerpo reconvertido: de proteger al ciudadano a controlarlo y extorsionarlo.

Nada de esto es fruto del azar, sino de decisiones políticas tomadas mucho antes del terremoto. Las unidades de protección civil operaban desde hacía años al 10% de su capacidad, sin vehículos, herramientas ni botas. La red sísmica nacional pasó de unas 300 estaciones a menos de diez. Y la Gran Misión Vivienda, el programa “insignia” del chavismo, levantó miles de viviendas sobre el mismo terreno aluvial que ya había colapsado en 1999, sin que ninguna autoridad auditara jamás si cumplían las normas sísmicas: los cálculos se guardaron como secreto de Estado. Muchos de esos edificios volvieron a derrumbarse en junio.

Una vez más, no faltó dinero, sino voluntad. El régimen venezolano gastó más de 1.000 millones de dólares en tecnología de videovigilancia china y compró 5.239 camiones pesados que nadie vio durante la emergencia. También adjudicó 1.600 millones de dólares a una sola constructora china para la Misión Vivienda, mediante contratos marcados por la opacidad. Los recursos fueron destinados al control y a la corrupción, en lugar de destinarse a las grúas o a los equipos de rescate. Un Estado que invierte en vigilar a su pueblo y no en salvarlo termina, previsiblemente, viéndolo morir.

Nada de esto es nuevo. En 1999, los deslaves de Vargas dejaron unos 30.000 muertos en ese mismo litoral, bajo el mismo movimiento político. Aquella catástrofe debía haber enseñado algo; en cambio, las recomendaciones técnicas quedaron, en palabras de los expertos, como “opiniones en una gaveta”. Por segunda vez en 27 años, los mismos actores le fallaron a La Guaira. Una evidencia irrefutable de la cleptocracia chavista.

Esto no fue solo una respuesta fallida, sino el resultado de un sistema diseñado para controlar, censurar y reprimir, que funcionó exactamente como fue concebido. De ahí se desprende una conclusión incómoda: no se puede entregar la reconstrucción de Venezuela a los mismos que cerraron los caminos e incautaron los camiones. Hacerlo sería garantizar una tercera tragedia, como si la dictadura per se no lo fuese.

Para Venezuela, la democracia no es un lujo que pueda esperar a la reconstrucción, sino la condición necesaria para que esta sea posible. Instituciones que rindan cuentas, información pública, contratos transparentes y supervisión independiente no son añadidos deseables al final del proceso; son su punto de partida.

La solidaridad internacional —la de Estados Unidos, con sus propios intereses y la de las decenas de países que enviaron equipos y ayuda— demostró en junio que otra respuesta era posible. Un mes después, la mejor forma de honrar a las víctimas es exigir un Estado que, la próxima vez que tiemble la tierra, esté del lado de quienes buscan sobrevivientes y no del de quienes les cierran el paso.