Chile cuenta con uno de los regímenes de control de drogas más exigente de América Latina para las altas autoridades: ministros, subsecretarios y otros cargos de responsabilidad están obligados por ley a someterse a un test al asumir el cargo y, al menos dos veces al año, con resultados públicos.

Y ahora, el Gobierno de José Antonio Kast, que estableció como política que alguien que consuma drogas no puede ser parte, independiente si es adicto, va a por más: esta semana, presentó una reforma constitucional que busca el cese en el cargo de las autoridades que den positivo en el examen. Esto, en medio de una polémica que crece, luego de que el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, se viera obligado a renunciar tras dar positivo en el resultado del test de drogas de junio. La exautoridad alega que no ha consumido ninguna sustancia y presentó este viernes un resultado negativo de un laboratorio externo al contratado a través de una licitación por el Ejecutivo.

Durante décadas, el control de drogas en el sector público estaba regido por un decreto que establecía que quienes ocuparan altos cargos directivos en la Administración del Estado no podían tener dependencia de drogas ilegales, el que se fiscalizaba con exámenes de orina aleatorios y de carácter reservado. En la práctica, sin embargo, la Contraloría interpretó reiteradamente que la exigencia afectaba sólo a los directores municipales y cargos equivalentes, dejando fuera a otros altos cargos del Ejecutivo. El camino de la legislación más amplia y exigente arrancó en noviembre de 2024, bajo la Administración de Gabriel Boric. Durante la tramitación de la Ley de Presupuesto 2025, el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI, de la derecha tradicional) Juan Antonio Coloma, presentó una indicación para obligar al mandatario, a sus ministros y a sus subsecretarios a someterse a un examen de drogas semestral en 2025. La glosa transitoria se aprobó en el Congreso con un respaldo bastante transversal.

La continuidad de la normativa para este año y su endurecimiento, sin embargo, vino de la izquierda. Cuando se discutía Ley de Reajuste del Sector Público 2026, en el descuento del Gobierno de Boric, los diputados socialistas Daniella Cicardini, Daniel Manouchehri, Leonardo Soto, Juan Santana y el comunista Luis Cuello presentaron una indicación que establecía la realización de un examen de consumo de sustancias mediante muestra de pelo, obligatorio al asumir el cargo y repetible al menos dos veces al año, con resultados públicos, aplicable a ministros, subsecretarios, delegados presidenciales, secretarios ministeriales y jefes de servicio. Así quedó establecido en la ley publicada el 5 de febrero, sin generar ruido.

Kast llegó a La Moneda el 11 de marzo y, un mes después, los autores de la norma sobre el test de drogas —ahora en la vereda de la oposición— cuestionaron al nuevo Gobierno por incumplirla y presentaron un requerimiento ante la Contraloría, exigiendo que se fiscalizara si las autoridades se habían sometido al examen “al momento de asumir”, como manda la ley.

Dos días después, el presidente se hizo el test de pelo voluntaria y públicamente para dar una señal política. Tras el episodio, la Contraloría emitió un instructivo para aterrizar la aplicación del artículo en cuestión, el número 110: el examen inicial puede rendirse hasta 30 días hábiles después de asumir el cargo y la publicación es solo del resultado del test, no de antecedentes médicos sensibles. La autoridad puede aceptar el resultado o pedir la contramuestra; si esta también es positiva, debe someterse a exámenes médicos para determinar si existe dependencia. De confirmarse ésta, sería inhabilitado para el cargo, según reconstruyó Diario Financiero a partir del instructivo de Contraloría y la Ley 18.575. Esto quiere decir que, si una persona pierde su trabajo antes de este proceso, es por una decisión política, no normativa.

A principios de mayo, el Ministerio del Interior ordenó a través de un decreto a los distintos servicios del Estado a contratar el examen de drogas mediante el mecanismo de compra ágil, con apoyo técnico del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) y con el financiamiento a cargo de cada institución, fijando como plazo el 30 de junio para tener los resultados. La licitación pública para contratar el servicio se la adjudicó el laboratorio Corthorn Health Limitada, especializado en toxicología, por 30 millones de pesos (unos 32.000 dólares). Fue el único oferente. Para hacer el examen se cortan entre tres a cuatro centímetros de pelo. Como cada centímetro equivale a un mes de historial, permite detectar el consumo de marihuana, cocaína, opiáceos o anfetaminas ocurrido entre 90 y 120 días atrás. Esa muestra se divide en dos: una se analiza de inmediato y la otra queda guardada como contramuestra, a solicitud del implicado.

A cuenta gotas comenzaron a aparecer casos de autoridades regionales que no cumplían los plazos, pero el episodio más polémico, y que continúa generando coletazos, ocurrió la semana pasada, cuando el entonces subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, renunció tras dar positivo en su test de drogas, mismo resultado que arrojó un segundo análisis a dicha muestra elaborado por Corthorn Health, pero realizado por otro especialista y en un cromatógrafo distinto.

Rodríguez, que desde el primer día niega haber consumido alguna sustancia, se realizó cuatro test de pelo y orina por su cuenta en varios laboratorios, entre ellos el de la Red UC Christus, enviados a Estados Unidos para su análisis. La exautoridad publicó este viernes el resultado de este último, que dio negativo. “Espero volver al Gobierno”, afirmó en un vídeo. Además, para su defensa, señala el examen de pelo que se realizó en abril, y que también dio negativo. “Estoy reivindicando mi nombre, mi reputación y mi honra”, dijo este domingo en Mesa Central de Canal 13, donde añadió que le ha solicitado la contramuestra al laboratorio, a diferencia de lo que ha dicho Corthorn Health Limitada, y que se han negado a entregarle un informe de la cadena de custodia, al igual que el de carácter cuantitativo, el que establece cuál es la concentración de la sustancia supuestamente detectada. Por las bases de la licitación, el laboratorio no está obligado a entregar este último informe.

Apenas estalló el caso Rodríguez, Kast firmó un proyecto de reforma constitucional para crear una nueva causal de cesación en el cargo por consumo de drogas ilícitas y ampliando el universo de autoridades —ministros, subsecretarios, senadores, diputados, gobernadores regionales, consejeros regionales, delegados presidenciales, alcaldes y concejales—. Pero la disputa sobre la validez metodológica del proceso actual sigue abierta y ya se está discutiendo que, al menos, la autoridad en cuestión sea removida del cargo una vez que se conozcan los resultados de la contramuestra. O que el laboratorio que ganó la licitación lo analice la muestra y otro, con estándares internacionales, también lo examine.