La falsa seguridad de la triple frontera amazónica y el reto para los nuevos gobiernos

La falsa seguridad de la triple frontera amazónica y el reto para los nuevos gobiernos

Ejército de Ecuador en un operativo por actividad de minería ilegal, en la localidad de El Chical, provincia de Carchi (Ecuador), el 27 de marzo. Foto Xavier Montalvo (EFE)

• En Colombia, Ecuador y Perú se instalan gobiernos de derecha alineados con tendencias de militarización y mano dura contra la violencia. Pero los discursos de guerra y las acciones de espectáculo contribuyen poco y ponen en riesgo los derechos de las poblaciones locales

Pocos sitios concentran de forma tan nítida los desafíos actuales de seguridad en la Amazonia como la triple frontera entre Colombia, Ecuador y Perú. El escenario geopolítico es particular: son gobiernos de derecha alineados con tendencias de militarización, extractivismo y mano dura, y de mayor cercanía con Estados Unidos en torno a la llamada “guerra contra el narcoterrorismo”.

Estamos ante un escenario donde las actividades extractivas y las economías ilícitas presentes en la región (alrededor del oro, minerales críticos, cocaína, petróleo; todas muy rentables por los mercados globales) convergen con actores armados altamente adaptativos y con Estados débiles, ausentes, corruptos o violentos contra sus mismas poblaciones. La receta es peligrosa.

Abelardo de la Espriella, que se convirtió en presidente de Colombia este 7 de agosto, habla de “90 días” para que los grupos armados se sometan y de poner fin a cualquier proceso de paz en Colombia. Keiko Fujimori, mandataria de Perú, promete la construcción de megacárceles y la salida del país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para “recuperar el orden”. Y Daniel Noboa, de Ecuador, ya declaró su “guerra total”. Los tres —que poco conocen la Amazonia— cuentan con el respaldo de Washington, que rebautizó el problema como una lucha contra “organizaciones terroristas extranjeras” y lanzó el Escudo de las Américas para “recuperar el control de su hemisferio” y sus recursos naturales, según su propia estrategia de seguridad nacional.

La militarización y criminalización no son respuestas efectivas ante un problema estructural: los Estados sí deben hacer cumplir la ley y tomarse en serio la seguridad transfronteriza, pero la pregunta es cómo.

El reciente informe de Amazon Underworld sobre esta triple frontera, publicado en julio, advierte precisamente sobre los riesgos de regresar a recetas antiguas que ya fracasaron y propone una estrategia distinta de paz y seguridad: una que pone a las comunidades en el centro y apuesta por desmantelar los sistemas que habilitan el crimen.

Los discursos de guerra y las acciones de espectáculo contribuyen poco a ello y ponen en riesgo la vida y los derechos de las poblaciones locales, como se ha evidenciado en los últimos meses. El 3 de marzo, fuerzas ecuatorianas incendiaron lo que se presentó como un campamento “narcoterrorista” en Sucumbíos y, tres días después, lo bombardearon con apoyo del Comando Sur de Estados Unidos. Según reportajes posteriores, era en realidad una finca ganadera: no se hallaron armas y hubo denuncias de tortura. En junio, tres comuneros shuar murieron en un operativo antiminero también en Sucumbíos, con versiones opuestas entre la comunidad y el Ejército. Desde hace meses, además, la frontera amazónica Colombia-Ecuador permanece cerrada, afectando a los pueblos indígenas y comunidades locales que habitan a ambos lados de una línea que ellos no trazaron, mientras que al crimen organizado no le supone mayor obstáculo.

Los actores armados de la frontera no son ejércitos invasores. Están incrustados en la economía local y cotidianidad de miles de familias, así como en la vida política e institucional del bioma. Las poblaciones amazónicas viven bajo amenazas, extorsión, reclutamiento y confinamiento, pero también son afectadas por la represión y el abandono estatal, mientras que la expansión de la minería ilícita de oro contamina sus ríos y afecta su salud. Ninguna estrategia que ignore esto puede llamarse de seguridad. Los Estados no van a revertir la situación con soldados y bombardeos, sino generando confianza y trabajando con las comunidades locales.

El proceso de paz con los Comandos de la Frontera (CDF) en Colombia prueba que hay otro camino posible, pero también tiene sus límites. Los homicidios en Putumayo cayeron de 183 en 2024 a 41 en 2025; casi 13.000 familias firmaron acuerdos de sustitución de cultivos de uso ilícito y, en junio de este año, 99 miembros del grupo ingresaron a una Zona de Ubicación Temporal, el paso más concreto hacia su desmovilización. Pero las contradicciones son igual de reales: el grupo niega operar fuera de Colombia mientras expande su control en Ecuador y Perú; dejó de comprar pasta base localmente solo para desplazar el cultivo al lado peruano y volcar su negocio hacia el oro; y sigue ejerciendo control territorial y social sobre las comunidades. La Defensoría del Pueblo en Colombia advirtió que el proceso avanza sin garantías suficientes ni supervisión independiente. Aun así, romperlo por decreto, como ha anunciado el presidente De la Espriella, no traería el fin de la violencia, sino su escalamiento o desplazamiento, dejando sin protección a las comunidades y a quienes ya se desmovilizaron.

Perú corre en este escenario un riesgo particular: combina la institucionalidad fronteriza más débil de la región con un marco legal que restringe la capacidad del Estado frente al crimen organizado debido a sucesivas iniciativas legislativas en los últimos años. A medida que avanzan las estrategias represivas en los países vecinos, la Amazonia peruana podría convertirse en el refugio y plataforma de expansión de las economías ilícitas que sostienen a los actores armados de la región.

Ante la pregunta de qué haría un gobierno que realmente quisiera seguridad en la triple frontera, la respuesta debe darse en cinco partes. Primero, perseguiría el dinero de las actividades ilícitas: las rutas de mercurio, combustible, maquinaria y de lavado de activos. Segundo, sostendría el proceso con los CDF, bajo condiciones firmes, en vez de darlo por muerto. Tercero, reconocería y financiaría las redes de monitoreo territorial indígena y las alternativas económicas locales, primera línea de alerta temprana y de protección de la Amazonia. Cuarto, combatiría la corrupción y fortalecería una presencia estatal al servicio de la población local. Por último, fortalecería la cooperación regional amazónica que ha avanzado en los últimos años y condicionaría toda cooperación militar extranjera al respeto del derecho humanitario y a supervisión independiente.

La triple frontera amazónica enfrenta una decisión política crucial. Puede volver a convertirse en el laboratorio de una nueva “guerra contra el crimen” que lleva a las economías ilícitas a adaptarse y desplazarse sin resolver el asunto de raíz, mientras las poblaciones locales cargan con el costo. O puede impulsar una arquitectura de seguridad basada en la cooperación regional, donde las comunidades sean parte central de la estrategia, y no un blanco en la mira. La ventana para elegir ese camino se está cerrando rápido, y los signos no son alentadores.