El primer ministro de Perú presenta las políticas de Fujimori: mano dura, cárceles y más apoyo a las Fuerzas Armadas

El primer ministro de Perú presenta las políticas de Fujimori: mano dura, cárceles y más apoyo a las Fuerzas Armadas

El primer ministro de Perú, Luis Galarreta, habla en el Congreso de la República, en Lima, Perú, este jueves.                Foto Paolo Aguilar (EFE)

• El plan presentado al Congreso se da en un momento incómodo para el Gobierno por desencuentros entre sus ministros y una crisis de seguridad que no muestra señales de retroceso

El primer ministro de Perú, Luis Galarreta, acudió este jueves al Congreso acompañado por sus ministros para presentar la política general del Gobierno de Keiko Fujimori. Fue una intervención marcada por un diagnóstico severo del Estado, la inseguridad ciudadana y la promesa de acelerar decisiones que, según el Ejecutivo, llevan años atrapadas en la burocracia. La comparecencia —la primera de un gabinete desde el retorno de la bicameralidad después de 34 años— encontró, sin embargo, al Ejecutivo en un momento incómodo: lleva menos de un mes en funciones, pero ya acumula desencuentros entre sus ministros, cuestionamientos a algunos de sus integrantes y una crisis de seguridad que no muestra señales de retroceso.

Galarreta siguió la línea trazada por Fujimori desde que asumió la Presidencia. Si la mandataria ha asegurado que recibió “un Estado catastrófico”, su primer ministro sostuvo que encontraron “un Estado desordenado y desbordado frente a los grandes problemas del país”. Después fue más lejos: “Un Estado entrampado por la burocracia, que llega tarde al delito, llega tarde a las emergencias y a las necesidades de las familias. Un Estado que muchas veces dilata las decisiones mientras el crimen avanza, y que reacciona tarde cuando los fenómenos naturales golpean a nuestras comunidades. Pero sí llega temprano para multarte, para cerrar tu pequeño negocio, para poner trabas a tu emprendimiento o exigir requisitos absurdos”.

Sus adversarios cuestionan ese argumento y recuerdan que Fuerza Popular ha sido uno de los actores centrales de la inestabilidad política que el Perú arrastra desde hace una década. Durante esos años, el fujimorismo ejerció una influencia decisiva en el Congreso y fue acusado de obstruir a distintos gobiernos y profundizar la confrontación entre el Ejecutivo y el Parlamento.

Las primeras semanas tampoco han ayudado al Gobierno a sostener una imagen de cohesión. Fujimori reprendió públicamente al ministro de Economía, Elmer Cuba, después de que este minimizara las intensas lluvias que afectaron a Lima y principalmente a la costa sur, con carreteras bloqueadas y cientos de vehículos varados. “Tampoco exageremos con un poco de agua en la rodilla, así pasa”, dijo Cuba. Al mismo tiempo, el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, abrió otro frente al promover que el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) pase del Ministerio de Cultura al de Justicia. Álvarez sostiene que el museo difunde un “falso relato”. El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, respondió recordándole que los museos están dentro de su cartera.

Los cuestionamientos no terminan allí. El ministro de Salud, Luis Dyer, ha sido criticado por su escasa experiencia en el sector, mientras Rafael Belaunde, titular de Defensa, enfrenta objeciones porque una minera financió más del 90 % del presupuesto de su campaña presidencial. Ese contexto convirtió la presentación de Galarreta en algo más que el cumplimiento de una obligación constitucional.

El eje del discurso giró sobre la seguridad. Galarreta anunció la construcción de penales de alta seguridad para los internos más peligrosos y planteó utilizar, mediante convenios, cuarteles de las Fuerzas Armadas en desuso para albergar a condenados por delitos menores. También prometió fortalecer el sistema de flagrancia, recuperar capacidades operativas del Sistema de Inteligencia Nacional y permitir una participación excepcional de los militares en la seguridad externa y el apoyo operativo de las cárceles. “Será una participación excepcional, delimitada y sujeta a reglas precisas. Las Fuerzas Armadas no reemplazan a la Policía ni a la autoridad penitenciaria, pero aportan sus capacidades cuando la gravedad de la situación lo exige y la Constitución lo permite”, sostuvo.

En apenas tres semanas de Gobierno, el Sistema de Información de Defunciones registra 121 homicidios —una cifra todavía pendiente de actualización—, 93 de ellos cometidos con armas de fuego. El Plan Escudo, lanzado por Fujimori con el despliegue de más de 4.000 policías y militares contra las extorsiones en el transporte público, todavía no ha logrado cambiar la percepción de inseguridad. El próximo martes 25, los transportistas han anunciado un paro nacional por las muertes vinculadas a las extorsiones y el aumento del combustible. Es sobre ese terreno, más que sobre los anuncios, donde comenzará a medirse el nuevo Gobierno.

Galarreta también abordó el próximo Fenómeno El Niño y anunció la instalación de una comisión nacional para coordinar la respuesta al evento 2026-2027. “Será la última vez que el Estado llega tarde”, prometió, al insistir en que el Gobierno deberá enfrentar la emergencia con las limitaciones heredadas. La promesa contrasta con emergencias que siguen abiertas. En Pumpunya, Junín, los pobladores denuncian que, un mes después del sismo, en la sierra central de Perú, solo han llegado 96 de los 500 módulos temporales de vivienda ofrecidos por el Gobierno y que numerosas familias continúan durmiendo a la intemperie.

Después de la exposición siguieron cuatro horas de debate, pero Galarreta no tuvo que solicitar un voto de confianza para mantenerse en el cargo. Antes del retorno de la Cámara de Diputados y el Senado, cada nuevo gabinete acudía al Congreso a exponer su programa y someterse a una investidura. Con la reforma que restituyó la bicameralidad, esa votación dejó de ser obligatoria.

“Me sorprende cómo un gobierno que se ha preparado durante 20 años para llegar con un diagnóstico hecho hoy nos diga ‘no pidan mucho en 20 días”, dijo Rossana Alayza, del partido del Buen Gobierno. Ernesto Zunini, de Juntos por el Perú, apuntó directamente contra Fujimori y sus transmisiones sobre su rutina del cuidado de la piel: “No se gobierna desde las redes. El Perú no necesita un gobierno de influencers”.

El primer ministro anunció finalmente que el Ejecutivo prepara un pedido de facultades legislativas concentrado principalmente en la seguridad ciudadana. “Este gobierno va a batir el récord de presentar el proyecto de delegación de facultades más rápido de la historia: el más cercano ha sido 45 días, nosotros llevamos 22. Estamos puliendo para poder tener todas las herramientas”, afirmó. El desafío para el Gobierno de Fujimori será demostrar que el Estado que describe como desbordado puede empezar a responder.