Colombia. El Gobierno frena el gasto en varias entidades que quedan al borde de la parálisis

Colombia. El Gobierno frena el gasto en varias entidades que quedan al borde de la parálisis

Abelardo de la Espriella en Bogotá, el 25 de agosto. Foto Mauricio Dueñas Castañeda (EFE)

• Cerca de 50.000 contratos están en vilo desde que el Ejecutivo congeló recursos comprometidos para este año

El primer mes de Abelardo de la Espriella se ha sentido especialmente en varias entidades del Estado. En las últimas cuatro semanas, agencias, ministerios y otros organismos públicos de Colombia han visto cómo quedan congelados sus recursos económicos, una medida que el Gobierno justifica como parte del ajuste fiscal y que ha empezado a afectar la operación de estas entidades. Cientos de contratistas, claves para ejecutar proyectos que ya estaban en marcha, han quedado sin la posibilidad de cobrar, renovar o iniciar contratos que ya estaban aprobados.

Aunque la idea de recortar el Estado, disminuir los ministerios y minimizar la burocracia que De la Espriella defendió en campaña aún no toma forma. El Gobierno elegido con la bandera de la austeridad no ha establecido dónde comenzarán esos recortes, pero sí ha frenado la ejecución de recursos actuales, en un contexto de creciente déficit fiscal, recaudos insuficientes y grandes interrogantes y desconfianza entre los nuevos funcionarios y sus predecesores, como quedó ejemplarizado en la falta de la usual transición administrativa ordenada, el empalme del que el nuevo Gobierno se levantó.

Un alto funcionario del Ministerio de Hacienda, que mantiene en la cartera desde el Gobierno pasado, explica que la suspensión mantiene en vilo los contratos de unas 50.000 personas en distintas entidades nacionales, y vaticina un retraso creciente en su ejecución. “Lo más complejo no son los retrasos que hay ahora, que son incalculables, sino la dificultad para cerrar el año con los proyectos que habían comenzado a andar y que deben ser ejecutados”, dice.

El costo de esa indefinición ya tiene un rostro. El 1 de septiembre, el Ministerio de Hacienda confirmó ante el Congreso un recorte de $21,9 billones al Presupuesto General de este año, con el argumento de que el Estado no tiene cómo sostener el gasto previsto sin generar tensiones de caja hacia fin de año. “No tenemos cómo pagarlo”, resumió el ministro, Miguel Gómez Martínez, ante los legisladores, en referencia a unas cuentas que el Gobierno anterior presentó con la claridad de que estaban desfinanciadas en 16 billones de pesos, un hueco que se llenaría con medidas de mayor recaudación que nunca se llevaron a cabo.

Eso ha llevado a que el nuevo Gobierno congele dineros, una decisión que en los últimos días ha golpeado sobre todo al Ministerio de Agricultura que dirige el empresario guajiro Indalecio Dangond. El también tío del cantante vallenato Silvestre Dangond ha anunciado el recorte de unos 10.000 contratos por prestación de servicios, la disminución de 540.000 millones en esos pagos y la terminación de la compra de tierras para el campesinado. Una funcionaria de la Agencia Nacional de Tierras, creada para garantizar el acceso a la tierra de los campesinos, señala que la entidad sufrirá un recorte de al menos el 13% en su presupuesto. “Los procesos de contratación en los territorios están parados. También las visitas a zonas rurales. Dijeron que nos íbamos a dedicar a la titulación de tierras por ahora, pero hay procesos de compra en curso que quedaron estancados”, comenta.

El panorama no es distinto en la cartera de Educación, que históricamente ha estado blindada de la tijera del Estado. Un contratista que asesoraba uno de los viceministerios cuenta que ese freno fue una de las primeras decisiones de De la Espriella. “Vimos consecuencias desde el 10 de agosto, el día del terremoto, cuando no pudimos desplegar a varios equipos a tiempo para revisar daños de las instituciones educativas porque no había autorización para salir a las misiones”, comenta. También señala que debieron esperar tres días para que los funcionarios pudieran salir a campo.

El asesor es enfático en decir que, al menos hasta la salida de Viviane Morales de la cabeza de la cartera, no hubo amenazas de recortes a los contratistas este año. “Siempre dijo que iba a respetar los contratos y que les iba a permitir finalizarlos en diciembre”, añade. Sin embargo, el pago de la nómina de agosto se retrasó una semana, según tres personas de la entidad. “Nunca antes se había congelado todo el dinero de esta cartera, en Salud y Educación siempre nos blindábamos de eso”. Se refiere a que el congelamiento de recursos es usual con un cambio de gobierno, pero, como explica el funcionario de Hacienda, usualmente solo se frenaba lo que no estaba aún comprometido.

La incertidumbre es igual en entidades de la paz, como la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) o la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). La primera, dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado, viene trabajando a media máquina. Para cumplir su cometido, debe hacer trabajo de campo, viajar a cementerios, fosas comunes y clandestinas a desenterrar la verdad de la guerra. Pero sin la posibilidad de ejecutar sus recursos, el trabajo avanza a pasos cortos.

El panorama es igual en la JEP, una de las entidades a las que De la Espriella más le ha hecho la guerra, y que ha frenado varios programas por sus limitaciones administrativas. En otra circular interna, su presidente, el magistrado Alejandro Ramelli, explica que el Gobierno no ha expedido el decreto que desarrolle las medidas de aplazamiento de los recursos de las entidades. “La JEP presentó ante el Ministerio de Hacienda las justificaciones técnicas y misionales, orientadas a que no se afecten los recursos”. Señalan que han insistido, en una sesión extraordinaria con el Gobierno, en la importancia de liberar los dineros retenidos. “La disposición del Gobierno implica restricciones en nuevas contrataciones de personas naturales y jurídicas, comisiones de viajes de contratistas y algunos servicios cuyo proceso contractual está en curso”, se lee.

Este diario consultó al Ministerio de Hacienda sobre las prioridades, riesgos y lógicas del congelamiento, y explicaron que el Gobierno recibió, de la administración de Petro, un presupuesto desfinanciado. Sin embargo, su versión contraría la de los funcionarios de otras carteras. “Se congelaron temporalmente recursos que las entidades aún no habían comprometido, ni ejecutado, para revisar prioridades y ajustar gastos que podían esperar”, explican.

En el ministerio también afirman que la medida es temporal y que se irán liberando recursos de manera paulatina. “No es parálisis del Estado. Es disciplina fiscal para proteger lo esencial, gastar mejor y reducir el déficit”.

Las cifras de gasto de 2026, que se rigen por un presupuesto que salió vía decreto ante la falta de acuerdo en el Legislativo, siguen en el debate. Lo mismo pasa con la llamada inflexibilidad de gasto, los dineros que, por orden de la Constitución o de alguna ley, el Ejecutivo debe apropiar cada año. Y también con el presupuesto para 2027, que el Gobierno insiste en aumentar aún más sin aún presentar una anunciada ley de ajuste fiscal para evitar que se repita el congelamiento a mitad de año. En las respuestas a estas discusiones se sabrá cómo es el ajuste fiscal que De la Espriella ha ondeado como una bandera.