El 7 de julio de 1976, los obreros Francisco Fernández, Santos Ojeda y Roberto Rivolta Bonino se presentaron a trabajar como cualquier otro día a la fábrica alimentaria de Molinos Río de la Plata, en el sur de Buenos Aires.

Hacía poco más de tres meses que una junta militar había dado el golpe de Estado en Argentina e impuesto una dictadura que se prolongaría hasta 1983. Ese miércoles fue el último día que sus seres queridos los vieron con vida. Los secuestraron allí mismo y, medio siglo después, siguen desaparecidos. Emilio Parodi, entonces jefe de personal de esa fábrica, se sienta ahora en el banquillo de los acusados por su rol en estos tres crímenes como único imputado.

Se trata de un juicio emblemático porque busca probar la supuesta responsabilidad de una de las grandes empresas de alimentos de Argentina en el aparato represivo. Parodi está acusado de haber sido partícipe necesario en el secuestro de Fernández, Ojeda y Rivolta Bonino. La Fiscalía y las querellas sostienen que desde su posición dentro de la empresa, facilitó información y condiciones que permitieron a los represores identificar y capturar a los trabajadores. Aunque los casos juzgados a partir de este jueves son tres, en total hubo 27 trabajadores de la empresa Molinos desaparecidos durante el régimen militar.

El Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS), querellante en la causa, señala que los secuestradores de Fernández, Ojeda y Rivolta Bonino tuvieron a su disposición el sector de ingreso a la planta fabril, donde identificaron a los trabajadores, los obligaron a subirse a un vehículo y los trasladaron con rumbo desconocido. Los tres desaparecidos tenían en común su militancia sindical.

El primero fue Ojeda, un operario de 24 años. Lo secuestraron a las cinco de la mañana, cuando salía de la fábrica tras finalizar su turno. Según el CELS, “los testimonios indican que se lo llevaron en un auto hombres armados, vestidos de civil, que se identificaron como integrantes de Coordinación Federal”. La tía de Ojeda, Gregoria Figueredo, denunció ante la Comisión nacional de desaparición de personas (Conadep), que un compañero de trabajo de Ojeda le dijo que los secuestradores se presentaron ante Parodi y le pidieron que lo identificara.

Fernández fue el siguiente. Trabajaba en la sección mecánica y era militante gremial por la lista “17 de Octubre”, la más activa en las luchas por salarios y condiciones laborales. Ese 7 de julio, cuando llegó al vestíbulo de la fábrica a las seis de la mañana, no encontró la tarjeta que necesitaba para marcar su ingreso. “Por ese motivo lo llamaron desde la guardia del personal de seguridad (de la empresa), donde lo estaban esperando las personas que lo secuestraron”, relató Marcelo Arnoldo Flamenco en la causa.

Rivolta Bonino, trabajador de Administración, fue el último. Lo secuestraron a las 8 de la mañana, nada más pisar la fábrica. Como sus dos colegas, sigue desaparecido.

El caso será juzgado en el Tribunal Oral 2 de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires. Aunque Parodi es el único imputado, los organismos de derechos humanos destacan la importancia de esta causa por juzgar la responsabilidad civil del directivo de una de las empresas alimentarias más grandes de Argentina.

Molinos Río de la Plata fue fundada en 1902 por el grupo económico Bunge y Born y la última dictadura fue clave para su crecimiento. “Pasó de soportar pérdidas al cierre del ejercicio 74/75, a obtener ganancias en los dos períodos siguientes. Los resultados se incrementaron en un 358%”, según un informe de la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero de la Procuraduría General que es parte de la causa. La investigación también indica que, sin representación sindical, la empresa redujo de 4.540 a 3.851 su planta de trabajadores y de un 14% a un 8% el dinero que destinaba a salarios. Los trabajadores más activos en las luchas gremiales fueron perseguidos y muchos de ellos hoy están desaparecidos.

Molinos Río de la Plata no es un caso aislado. Durante décadas, las investigaciones judiciales sobre el terrorismo de Estado argentino estuvieron concentradas en las Fuerzas Armadas y de seguridad. Al estudiar la represión sobre los trabajadores, comenzó a salir a la luz otro entramado: el de empresarios y personal jerárquico que proporcionaron información, vehículos, instalaciones o listas de empleados a los organismos represivos.

El próximo 22 de octubre comenzará el juicio a Juan Tasselkraut, exgerente de producción de la filial argentina de Mercedes Benz, acusado por delitos de lesa humanidad cometidos contra dos operarios, Héctor Ratto y a Diego Núñez, en agosto de 1977 dentro de la planta en el sur de Buenos Aires.