Las armas ilegales están detrás del 76% de los homicidios con arma de fuego en Colombia

Las armas ilegales están detrás del 76% de los homicidios con arma de fuego en Colombia

• Revólveres, pistolas o fusiles llegan especialmente desde Estados Unidos, mientras las armas traumáticas vienen más que todo de Turquía

Una pistola es producida a miles de kilómetros de Colombia y solo termina en manos de un delincuente en alguna ciudad del país después de atravesar varias fronteras y cambiar de manos varias veces.

Aunque el 76% de los homicidios cometidos con armas de fuego en el país sudamericano fueron perpetrados con armamento ilegal, según información de la Policía Nacional, reconstruir la ruta que siguieron hasta llegar a los mercados clandestinos no es sencillo para las autoridades. Los registros muestran que una buena parte llega desde Estados Unidos, mientras que Turquía aparece como el principal origen de las armas traumáticas que cada vez son más usadas para cometer delitos.

Ahora que el presidente Abelardo de la Espriella ha levantado la suspensión del porte legal de armas y ha hablado de la posibilidad de ampliar el acceso de los ciudadanos a ellas, el control sobre la circulación de armamento en Colombia cobra una nueva dimensión. En el país hay entre 600.000 y 700.000 permisos o salvoconductos para tener o portar armas, pero sus titulares no podían sacarlas de sus casas por la restricción que mantuvieron todos los presidentes desde 2015. “Durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes. Eso tiene que cambiar”, dice el mandatario en el video en sus redes sociales en el que anunció su decreto.

Ese mismo día colapsó la página de Indumil, la empresa estatal que fabrica y comercializa las armas legales, en medio de la avalancha de consultas que siguió al anuncio del Gobierno. Apenas un día después, comenzaron a hacerse virales escenas que parecen calcadas de películas estadounidenses. En Medellín, un adolescente de 17 años ingresó a un colegio con un arma traumática, hizo varios disparos al aire para amedrentar a los profesores y se autolesionó. Dos días después, en Piedecuesta (Santander), una pelea callejera originada por un accidente de tránsito terminó también con la exhibición de un arma de fuego del conductor de un vehículo para intimidar a un motociclista. Aunque no se puede decir que ninguno de los dos episodios esté relacionado con el anuncio del Ejecutivo, las coincidencias no han pasado desapercibidas.

Hasta el 2024, Colombia no tenía un mecanismo para sistematizar la información de las armas ilegales que entraban al país y que eran incautadas por las autoridades. Las cifras de la Dirección de Investigación Judicial, Dijín, de la Policía, con las que analizan el panorama, vienen del reciente Módulo de Rastreo de Armas, Municiones y Explosivos, nacido en 2024, y que permite conocer ese detalle. Ese aplicativo contabiliza que, en 2025, fueron incautadas 21.593 armas de fuego, 359 más que el año anterior, en operativos realizados en carreteras, ciudades y zonas de frontera. Entre ellas hay armas fabricadas clandestinamente en Colombia, otras compradas por partes en distintos países y luego ensambladas en el país, y unas más fueron adquiridas legalmente en tiendas de Estados Unidos o Turquía.

Abelardo de la Espriella, aseguró que “la paz verdadera se construye con la fuerza de las armas y las leyes de la República” el 2 de septiembre.Foto Pablo R.Seco (EFE)

Del armamento incautado, el 73% era industrial, es decir, fabricado en una empresa especializada y con todas sus piezas originales. En esta categoría caben armas de fuego y traumáticas cuyas partes no han sido nunca reemplazadas. El otro 27% son armas hechizas, el término oficial para las armas fabricadas de forma casera o aquellas que han sido modificadas manualmente. Esta es la categoría más desafiante para las autoridades por la dificultad de rastrearla. Una fuente de esa entidad de investigación señala que “muchas armas son alteradas o tienen sus piezas intercambiadas, lo que hace que se pierda la trazabilidad, ya que cada componente porta un número de serie distinto. El cañón, la corredera y el armazón suelen presentar códigos diferentes entre sí, e incluso pueden haber sido fabricados en países completamente distintos”.

Su tipo es también muy variado. Van desde revólveres y pistolas hasta ametralladoras y lanzagranadas. Los revólveres son, de lejos, los más numerosos, con 2.114 registros, seguidos por 483 fusiles y 377 pistolas. El listado incluye además escopetas, carabinas, ametralladoras y lanzagranadas. “Las cifras tienen una explicación: las armas cortas son las que tienen más demanda porque, en el mundo criminal, son las que más suelen alquilarse para cometer crímenes”, dice una alta fuente de la Dijín.

También son variados sus orígenes. Para las armas industriales, el país que aparece a la cabeza de su fabricación es Estados Unidos. En las incautaciones de los últimos dos años, las autoridades identificaron que llegaron de ese país 4.343 armas, de las cuales 4.322 eran industriales. Turquía ocupa el segundo lugar, pero con un perfil completamente distinto: de las 3.923 armas fabricadas allá e incautadas en Colombia, 3.688 eran traumáticas, una categoría que tiene un peso mucho menor entre las provenientes de otros países.

En un tercer puesto están las armas fabricadas nacionalmente y que estaban siendo utilizadas ilegalmente. De todos los decomisos en los últimos dos años, 2.054 armas habían sido fabricadas legalmente en el país. De ese total, 1.966 eran industriales y 87 eran hechizas. Más atrás aparecen Italia, con 718 armas —638 industriales, 70 traumáticas y 10 hechizas—; Alemania, con 470, casi todas industriales (467); e Israel, con 383, todas industriales.

El mapa deja así dos apartes claros: mientras Estados Unidos, Alemania e Israel aparecen asociados casi exclusivamente con armas industriales, Turquía sobresale por las traumáticas y Colombia por una mezcla que incluye también producción artesanal.

La discusión que abrió el Gobierno en dos mercados de armas que no son iguales, pero que pueden terminar encontrándose. Uno es el legal, al que ahora el Ejecutivo busca facilitar el acceso para los ciudadanos que ya tenían una licencia de tenencia, pero no podían sacar el arma de sus casas; el otro es el clandestino, alimentado por armas que entran en medio de cargamentos de droga, contrabando o camuflados en electrodomésticos y son desviados de circuitos legales, se fabrican de manera artesanal o cambian de manos hasta quedar fuera del control de las autoridades.

Andrés Villamizar, experto en seguridad y quien fue asesor del Ministerio de Defensa, explica que, en la práctica, la puerta que abrió De la Espriella no debería tener ningún efecto en el mercado ilegal de armas. “Son mercados y públicos completamente distintos. El ciudadano que va a adquirir legalmente un arma no solo tiene unas limitantes gigantescas, como los permisos y trámites para su tenencia y porte, sino que enfrenta un costo elevado”, explica. El arma más económica que se puede comprar legalmente, a Indumil, cuesta unos 3 millones de pesos o 1.000 dólares. “Con lo que cuestan los permisos y los trámites, sale costando unos 6 millones de pesos, cuando el ingreso per cápita de un colombiano es de 1,5 millones de pesos”, comenta.

Además de la limitación económica, Villamizar considera impensable que Colombia llegue al escenario de Estados Unidos, en el que el Estado no tiene el monopolio de las armas. “Colombia siempre ha sido, y sigue siendo, uno de los países más restrictivos para que un particular adquiera un arma de fuego. Es improbable llegar a un escenario de legalización abierta como el de otros países” señala, en referencia a una norma que está en la Constitución.

Sin embargo, otras visiones advierten riesgos por la decisión del Gobierno. La ONG Temblores, advierte que una mayor disponibilidad de armas incrementa la letalidad de la violencia que ya existe. Y señalan que la mayoría del armamento con el que se cometen crímenes proviene de mercados legales o fue fabricado industrialmente. Y es que seguir el rastro de las armas ilegales es difícil. Los registros permiten identificar dónde fueron fabricadas, pero no necesariamente cómo llegaron a Colombia ni en qué momento saltaron de una compra legal a un mercado ilegal.

Las autoridades han identificado algunas rutas de acceso a Colombia. Una de ellas es el llamado tráfico hormiga desde Ecuador: las armas se comercializan mano a mano y entran al país en pequeñas cantidades por ciudades fronterizas, como Tumaco, Ipiales y Puerto Asís. Desde allí, el armamento avanza hacia el interior por corredores que pasan por Mocoa, Florencia, Popayán y Cali.

Otra ruta viene desde Europa a través de Panamá. El armamento, que llega al país centroamericano, cruza al territorio colombiano en una frontera más porosa y esquiva que la anterior. Y una más pasa por la frontera con Venezuela, en la que circulan armas cortas y largas. Las autoridades han identificado varios pasos, como los de Paraguachón, Maicao, Cúcuta, Arauca y Puerto Carreño.

En los registros oficiales de la Dijín hay documentación de que en esa zona del país ha sido identificada una máquina dedicada al ensamblaje de fusiles AK-47, que recibía las partes por separado y las armaba hasta convertirlas en una de las armas largas que más usan los grupos armados en Colombia. Un ensamblaje que muestra que el mercado ilegal es cada vez más múltiple en fuentes y armas, más complejo y más variado. La trazabilidad es muy endeble para las autoridades de un país que acaba de devolver el porte a quienes tienen armas legales, mientras intenta seguir el rastro de las que circulan en el mercado ilícito.