A las 7:00 a.m., se abre la puerta del puente fronterizo en Dajabón, en el límite noroeste entre República Dominicana y Haití. Como cada viernes y lunes, el mercado binacional empieza a llenarse de sacos, carretillas y compradores haitianos. Los comerciantes dominicanos pesan, cobran y entregan alimentos. A ambos lados del río Masacre, que divide los países, miles de personas dependen de este intercambio para abastecerse.

Mientras en Haití el 51% de su población está subalimentada y el 83,2% vive inseguridad alimentaria moderada o severa, según el informe SOFI 2026, República Dominicana cruzó un límite estadístico que por décadas parecía lejano: la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) confirmó en julio que la prevalencia de subalimentación cayó por debajo del 2,5%, el umbral que utiliza para identificar los niveles más bajos de hambre crónica. El país salió así del mapa del hambre.

No obstante, hay una segunda cifra que obliga a mirar de nuevo este logro: “El 41,3% de la población dominicana —unos 4,7 millones de personas— todavía experimenta inseguridad alimentaria moderada o grave”, afirma el Representante de la FAO en dominicana, Rodrigo Castañeda. Dentro de ese grupo, alrededor de 2,1 millones (17,9%) enfrentan inseguridad alimentaria grave.

Puesto de control militar fronterizo en Dajabón (República Dominicana), el 24 de agosto.Foto Kenny Cabrera

Las dos cifras no se contradicen: miden cosas diferentes. El primer indicador, conocido como PoU, estima la prevalencia de subalimentación crónica; el segundo, o FIES, mide si las personas han tenido que reducir la cantidad o calidad de los alimentos que consumen. Como ha señalado Rodrigo Castañeda, el problema no es necesariamente la falta de alimentos, sino el acceso: “las familias con menos ingresos tienen menos capacidad para adquirirlos”.

“Una persona puede estar fuera del umbral del PoU y a la vez puede tener inseguridad alimentaria”, explica Jorge Paz, economista argentino e investigador del CONICET y de la Universidad Nacional de Salta, quien analiza la inseguridad alimentaria en América Latina, a partir de la FIES, en un estudio publicado por la CEPAL.

De la estadística al hogar

En la casa de Reina Jiménez Contreras, en la comunidad de Palo Blanco, Dajabón, la seguridad alimentaria se mide en el dinero disponible para llevar comida. A sus 58 años, sin trabajo desde hace seis y con una enfermedad del corazón, recibe 1.650 pesos dominicanos (unos 28 dólares) de la tarjeta solidaria Aliméntate, además de los bonos de luz y gas.

Con ella compra arroz y aceite; la carne entra en la cocina de manera ocasional y las frutas, lo que menos abunda, dice. “Cuando el dinero no alcanza, lo que hago es comprar menos de todo”, señala. Para ella, hay una regla sencilla que sostiene la cocina: “Si hay aceite y hay arroz, uno no pasa hambre. Usted puede cocinar arroz y huevo y con eso el hambre se quita”. Si tiene que elegir entre comida y otros gastos, la cuenta puede volverse más dura: “A veces he tenido que dejar de comprar mis medicamentos o de hacerme estudios médicos, para poder comer”, asegura entre llantos.

Reina Jiménez en su casa en Palo Blanco, en Dajabón (República Dominicana). Foto Kenny Cabrera

Salir del mapa del hambre en República Dominicana fue resultado de varias políticas articuladas. Para Manuel Robles, director técnico del Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASSAN), esto se debe a la combinación de una mayor producción agrícola, importaciones, crecimiento de los ingresos y protección social: “El principal elemento es el aumento de la producción y de la disponibilidad de alimentos”, explica.

Mayra Jiménez, titular de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, destaca el papel de la tarjeta Aliméntate, que pasó de 825 pesos dominicanos (unos 14 dólares) a 1.650 pesos dominicanos (28 dólares) mensuales y amplió su cobertura hasta 1,4 millones de hogares durante la actual gestión. “Quizás ninguna política pública es tan significativa, tan sensible y al mismo tiempo tan humana como aquellas que ponen comida en la mesa de las personas más vulnerables”, defiende.

El Programa de Alimentación Escolar también ha sido determinante: “Más de dos millones de personas reciben alimentos diariamente en las escuelas, reduciendo la presión sobre los hogares de menores ingresos”, argumenta Robles.

En esa transición se inscriben también iniciativas como las 50 Casas Sombras, un proyecto de agricultura familiar, que mantiene la Dirección de Desarrollo Social Supérate del Gobierno. “Cuando se sale de la pobreza, al final vamos siempre a lo mismo: tiene más posibilidad de comprar alimentos”, resume Jiménez. El reto ahora, admite, es evitar que quienes salieron del hambre vuelvan a caer en ella y lograr que los beneficios del promedio nacional lleguen a los territorios donde persisten las desigualdades.

Personas compran insumos en el mercado binacional de Dajabón. Foto Kenny Cabrera

“Salir del mapa del hambre es un punto de llegada, pero también un escalón”, indica la economista y ex-embajadora de Buena Voluntad de FAO, Guadalupe Valdez. “Tenemos que avanzar hacia lograr el acceso económico a los alimentos, que no es solo la disponibilidad, sino también que los hogares puedan adquirir una dieta saludable y suficiente”. Señala que persisten brechas territoriales y sociales y que unas 400.000 personas continúan en situación de hambre. Para Valdez, la sostenibilidad depende además de fortalecer a los agricultores familiares con tierra, agua, asistencia técnica, financiamiento y mercados.

Donde los índice PoU y el FIES se resisten

Y es que el promedio nacional puede mejorar sin que el progreso llegue por igual a todos. El estudio de Jorge Paz muestra que la inseguridad alimentaria sigue marcada por el ingreso, la educación, la composición del hogar y el sexo, con mayor vulnerabilidad entre los hogares de menores ingresos, con niños o encabezados por mujeres. “Alcanzar un indicador favorable no elimina las desigualdades que se esconden detrás del promedio”, enfatiza.

Las siete provincias fronterizas -Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Independencia, Bahoruco y Pedernales- con Haití concentra gran parte de esas vulnerabilidades. Para atenderlas, el Estado diseñó Mi Frontera RD, un programa con 90 iniciativas de empleo, servicios básicos e inversión, explica Erick Dorrejo, director de Políticas de Desarrollo de la Zona Fronteriza del Ministerio de Hacienda y Economía. Entre 2018 y 2022, la proporción de hogares de ingresos bajos y muy bajos en la zona pasó del 65% al 59%.

César Espinosa Márquez en el mercado de Dajabón.                    Foto Kenny Cabrera

Pero la frontera también funciona como un sistema alimentario propio: miles de compradores haitianos acuden al mercado binacional para abastecerse de productos dominicanos. Abigail Bueno, presidente de la Asociación de Comerciantes Detallistas de Dajabón y que regenta un puesto de alimentos en el mercado binacional de la provincia desde hace 25 años, cuenta que sus clientes son “totalmente haitianos” y que el volumen ha aumentado con la crisis del país vecino.

El flujo comercial también revela una diferencia entre disponibilidad y acceso. César Espinosa, un comerciante de 56 años y dos décadas trabajando en el mercado, indica que los haitianos son quienes más compran, pero que cuando suben los precios “se vende menos” porque su poder adquisitivo es menor.

En febrero, el Gobierno anunció la creación de cuatro puertos secos en la frontera para ordenar el comercio transfronterizo, ejercido por empresas, a diferencia del intercambio que se realiza en los mercados binacionales, y reducir así el “trasiego de mercancías”. Este intercambio supera los mil millones de dólares.

Para los pequeños operadores como César y Abigail, queda otra pregunta: ¿quién se beneficiará del nuevo orden?. Temen que el mercado pierda su razón de ser y que los pequeños comerciantes queden fuera. La discusión, entonces, no es solo cómo circulan los alimentos, sino quién podrá seguir participando en la economía que los hace circular.

La otra cara de los alimentos

Los alimentos que circulan por Dajabón no aparecen por arte de magia. Detrás del arroz, las habichuelas o la harina que llegan al mercado hay productores que enfrentan el coste de producirlos. José Lucio Gil García, agricultor de Dajabón, resume esa tensión: “Producir arroz es una situación difícil para nosotros, pues los costos no dejan casi margen de beneficio”. En sus 15 tareas pesan los fertilizantes, la mano de obra, el combustible y, sobre todo, el agua: tiene otras diez tareas de secano que no puede aprovechar porque las lluvias son escasas y el canal no llega. A eso se suma un clima cada vez más adverso: el representante de la FAO advierte que las precipitaciones podrían reducirse un 23% hacia 2050, lo que vuelve urgente invertir en investigación, tecnificación y adaptación agrícola.

José Lucio Gil García en Dajabón, el 24 de agosto.                        Foto Kenny Cabrera

El viceministro de Producción de Agricultura, Juan Gómez, sostiene que el país produce más del 85% de los alimentos de primera necesidad que consume, pero debe diversificar la oferta y fortalecer la agricultura familiar. En la frontera, el ministerio de Agricultura subsidia material de siembra, prepara tierras y promueve centros de acopio para facilitar el acceso de pequeños productores a mercados. “El punto más difícil”, admite Gómez, “es poder acceder a los mercados de una forma que sea equitativa”.

El desafío ya no es sólo producir alimentos suficientes, sino hacerlo de manera sostenible y a precios accesibles. Gómez reconoce otra tarea pendiente: industrializar los excedentes para abrir nuevos mercados y evitar pérdidas. En la frontera, donde el agua limita las cosechas y los pequeños productores tienen menos margen para absorber los costes, adaptarse al cambio climático será clave para sostener el avance que muestran las estadísticas.