La ofensiva del Gobierno contra Los Pachenca deja a Santa Marta en una frágil calma

La ofensiva del Gobierno contra Los Pachenca deja a Santa Marta en una frágil calma

• La ciudad retoma su cotidianidad luego de que el grupo ilegal dejara ver su poder en una región que tiene al turismo entre sus grandes atractivos

Santa Marta, la ciudad turística sobre el Caribe que estuvo paralizada por tres días, no ha vuelto por completo a la normalidad.

Desde el viernes 25 de septiembre, cuando las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) levantaron el paro armado decretado en la región del norte de Colombia, las autoridades han dado por cerrado el capítulo. Pero la gente no cree que sea el fin, sino más bien una espera larga de una olla a presión que en algún momento volverá a explotar. María Angélica Duque, la presidente de la Junta de Acción Comunal del popular barrio Once de Noviembre, dice que es cuestión de tiempo para que llegue una nueva crisis. “El paro armado liberó y dejó salir todo lo que llevaba años acumulándose. Pero los problemas que no se han resuelto hoy se empiezan a acumular”, señala.

El presidente Abelardo de la Espriella, que ha centrado sus esfuerzos en atacar al grupo ilegal, ha dicho que no descansará hasta dar de baja a Fredy Castillo Carrillo, o Pinocho, comandante de las ACSN que se ha convertido en el pez gordo para el Gobierno. Mientras tanto, el grupo paramilitar ha buscado la forma de reorganizarse. Norma Vera Salazar, analista del conflicto en la Sierra Nevada, la cadena montañosa a espaldas de la ciudad que ha sido base del grupo, explica en una columna en La Silla Vacía que el golpe no fue menor para esa estructura, pero tampoco es su final. “Una organización que pierde a uno de sus principales mandos y, aun así, logra imponer restricciones de movilidad y comercio no está derrotada. Está demostrando que su poder no depende exclusivamente de un cabecilla”, escribió.

Niños juegan en una calle del barrio 11 de Noviembre, en Santa Marta, el 24 de septiembre. Foto Santiago Mesa

Se refiere a la muerte de José Luis Pérez Villanueva, El Cholo, el segundo al mando y quien murió en un operativo de la Policía Antinarcóticos el pasado 21 de septiembre. Ese operativo generó la reacción y venganza de la estructura que impuso por 72 horas un miedo que cogió a la población, los comercios y el turismo de la ciudad de unos 600.000 habitantes, capital del departamento del Magdalena, en una demostración de poder intimidatorio.

De hecho, el comunicado con el que las ACSN dieron por terminado el paro armado fue, sobre todo, un mensaje de fuerza. Vera lo explica históricamente. “Los paros y bloqueos vinculados a Los Pachencas, como también se conoce a las ACSN, no son un hecho nuevo. En junio de 2020, tras la muerte de alias 80, hubo restricciones y cierres en Guachaca [en la zona rural de Santa Marta]. En marzo de 2022, durante las elecciones legislativas, la organización bloqueó la carretera entre Santa Marta y Riohacha, derribó árboles, atravesó vehículos y amenazó a quienes intentaran votar. En junio de este año, luego de una operación militar en Quebrada del Sol, se registraron siete bloqueos, quema de vehículos e intimidación a comerciantes. Y ahora, tras la muerte de Cholo, la secuencia se repite”, explica.

Abelardo de la Espriella, saluda integrantes de la Policía Nacional de Colombia durante un Consejo de Seguridad, en Santa Marta, Colombia, el 25 de septiembre. Presidencia de Colombia (EFE)

Para la analista, estos episodios muestran la forma con la que el grupo armado hace visible su poder frente a la población civil. “El mensaje no está dirigido solamente a la Fuerza Pública, está dirigido a la población, a los gobiernos locales, a los gremios económicos y a las comunidades. Es una forma de decirles quién manda”. La población se ha adaptado a ello. “Ellos no permiten la delincuencia común en algunas zonas, entonces algunos lo ven como pagar seguridad privada”, advierte Cristina Cáceres, lideresa de la Comuna 12, sobre las extorsiones que cobran.

Esa connivencia hace más complejo el plan de extinguirlos. Lerber Dimas Vásquez, director de la Plataforma de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada, lleva años insistiendo en que el paro fue la muestra más visible de un problema que lleva décadas sin resolverse. La zona suma casi seis décadas de presencia armada, con organizaciones que han cambiado de nombre y de mandos, pero que han mantenido formas parecidas de control. Las ACSN son solo la etapa más reciente: desde 2020 habrían tomado el control del 90 % del macizo montañoso, bajo la lógica de que “quien domina la montaña, domina la zona urbana”. Es justo lo que se vio en las calles de Santa Marta.

La muerte de Cholo es la mejor prueba de esa continuidad. Aunque el comunicado que ordenó el paro parecía ser apócrifo, pues no respondía a las formas de las ACSN, logró cerrar más del 90 % de los negocios de Santa Marta. Jennifer del Toro, de la consejería departamental de Paz en esa ciudad, señala que “una organización que pierde a su número dos consiguió que la ciudad obedeciera en cuestión de horas”, añade. Para la experta, eso apunta a que las bajas en la cúpula no acabarán con la extorsión ni el control criminal, y pueden incluso fragmentar el grupo y llevar a un “desorden criminal”.

Esa posibilidad se da cuando los operativos contra los Pachenca se han convertido en parte central de una de las banderas del presidente. El paro armado ha sido la primera prueba de fuego del “milagro” de seguridad que prometió De La Espriella, y Pinocho reúne varias cosas que llevan a que capturarlo o matarlo le resulte atractivo. El cabecilla fue negociador de paz frente al Gobierno de Gustavo Petro, en una política que el mandatario ha cuestionado y desmantelado; De la Espreilla formó su extradición a Estados Unidos el 26 de agosto y ha hecho de los envíos de personas a ese país otra de sus imágenes como hombre de mano dura.

Soldados del Ejército patrullan Santa Marta ante la visita del presidente y el regreso a la normalidad. Foto Santiago Mesa

Todo eso hace incómoda la salida que ofrece Pinocho. Desde la clandestinidad, propuso entregarse a cambio de pagar solo cinco años de cárcel y entregar 400 de los 500 fusiles que dice tener el grupo. El presidente respondió que no hay negociaciones y que puede entregarse como cualquier persona buscada por la justicia – y, si no lo hace, su orden es darlo de baja. Y es que, si bien las autodefensas reiteraron su disposición a entregarse en el comunicado que anunciaba el fin del paro armado, esa salida parece distante. El Gobierno ha anunciado un proyecto de sometimiento para ese tipo de casos, pero aún no lo ha llevado al Congreso, donde en el mejor de los casos tardará varios meses en convertirse en ley, y por lo anunciado ofrecerá pocos beneficios a quienes dejen las armas. Así, mientras la carta de los acuerdos parece no tener eco, el medio se mantiene en una de las zonas más turísticas de un país que ha vivido recientemente una explosión de las llegadas de visitantes extranjeros.