Oleoducto hacia la costa oeste se convierte en el primer proyecto declarado de interés nacional

Oleoducto hacia la costa oeste se convierte en el primer proyecto declarado de interés nacional

El primer ministro Mark Carney y la premier de Alberta, Danielle Smith, anunciaron este jueves en Fort McMurray (Alberta) el siguiente paso para acelerar el nuevo proyecto de oleoducto de la Costa Oeste. (Todd Korol/Reuters)

• Su clasificación bajo la Ley “Building Canada” agilizará el proceso de aprobación y las evaluaciones ambientales

Un proyecto de oleoducto destinado a transportar un millón de barriles de petróleo diarios desde Alberta hasta la costa de British Columbia se ha convertido en la primera iniciativa declarada de interés nacional, según anunciaron los gobiernos federal y de Alberta.

La inclusión de este oleoducto hacia la costa oeste —que ahora recibirá oficialmente el nombre de *Pacific Link*— en el Anexo 1 de la Ley “Building Canada” (*Building Canada Act*) implica que el gobierno federal ha pasado de evaluar si la obra debía construirse a determinar cómo se ejecutará, mediante la agilización y consolidación del proceso de aprobación, incluidas las evaluaciones ambientales.

“Antes de la Ley ‘Building Canada’, los promotores debían invertir años y, potencialmente, miles de millones de dólares en estas gestiones antes siquiera de conocer la postura del gobierno federal respecto al proyecto”, declaró Carney el jueves en Fort McMurray, Alberta.

“Para muchos constructores, el riesgo no valía la pena. Por ello, Canadá dejó de construir. Ahora, el gobierno federal deja clara su posición al inicio del proceso, y no al final”.

Un alto funcionario gubernamental informó a la prensa, antes del anuncio oficial, que se espera que el oleoducto impulse el PIB de Canadá hasta en 30.000 millones de dólares anuales; de esta cifra, 20.000 millones provendrían directamente de la infraestructura del oleoducto.

Según los funcionarios, al diversificar las exportaciones canadienses más allá de Estados Unidos, el país podrá obtener un precio más alto por el petróleo que actualmente envía al sur de la frontera, lo que podría generar ingresos adicionales de 10.000 millones de dólares al año.

El gobierno federal también señaló que, una vez aprobado, el proyecto generará hasta 140.000 empleos.

Dominic LeBlanc, ministro responsable de la economía canadiense, ha recibido el encargo de finalizar —para el 1 de septiembre de 2027— el documento de condiciones que establece los requisitos del proyecto, permitiendo así el inicio de la construcción con el objetivo de que el oleoducto esté operativo para el periodo 2032-2033.

Carney señaló que la labor de definir dichas condiciones contará con el respaldo de la Oficina de Grandes Proyectos (Major Projects Office) y del Regulador de Energía de Canadá (Canada Energy Regulator), organismos que llevarán a cabo consultas con las partes interesadas para determinar las medidas de protección ambiental, la supervisión, la participación en la propiedad por parte de comunidades indígenas y la contratación de mano de obra local.

El costo estimado del proyecto oscila entre 35.200 y 43.700 millones de dólares, cifra que incluye una partida para imprevistos.

El gobierno de Alberta y la corporación federal Trans Mountain Corporation poseerán, cada uno, el 45 % del oleoducto, mientras que Pembina Pipeline Corporation —con sede en Calgary— mantendrá una participación del 10 % durante la fase de construcción.

Una vez que el oleoducto esté operativo, Pembina Pipeline Corporation tendrá la opción de adquirir una participación adicional del 10 %.

Carney indicó que se ofrecerá a las comunidades indígenas una participación mínima del 10 % en la propiedad del proyecto.

Aumento de la participación del sector privado

Unos trabajadores instalan tuberías durante la construcción de la ampliación del oleoducto Trans Mountain en terrenos agrícolas de Abbotsford, British Columbia, en 2023. Un nuevo oleoducto en la costa oeste transportará un millón de barriles de petróleo diarios desde Alberta hasta la costa de Columbia Británica una vez que entre en funcionamiento en el periodo 2032-2033. (Darryl Dyck/The Canadian Press)

Aunque el oleoducto es propiedad en un 90 % de los gobiernos federal y de Alberta, un alto funcionario que habló bajo condición de anonimato explicó que existen inversores dispuestos a participar.

Dicho funcionario señaló que estos inversores están observando si Canadá es capaz de agilizar la aprobación y construcción del proyecto Pacific Link para el periodo 2032-2033.

Estos inversores se muestran cautelosos —explicó el funcionario— debido a las complicaciones que rodeó el proceso de aprobación del oleoducto Trans Mountain y al largo tiempo que requirió su construcción.

La premier de Alberta, Danielle Smith, declaró al programa *Power & Politics* de la CBC que considera la participación gubernamental en este oleoducto como una forma de incentivar a los inversores privados a liderar futuros proyectos.

“Creo que, para transmitir confianza a la industria de que somos capaces de llevar a cabo estos grandes proyectos, debemos acompañarlos en cada etapa del proceso hasta su finalización”, afirmó ante el presentador David Cochrane.

Carney sostuvo que el anuncio del jueves —que implica la participación conjunta de Alberta, British Columbia y las comunidades indígenas—, sumado al hecho de que la tasa impositiva efectiva de Canadá para las inversiones se ha reducido a menos de un tercio del promedio del G7, son factores que atraerán a los inversores privados hacia el proyecto. “Este es el mejor país del mundo —una economía importante a nivel mundial— para invertir. Y estoy seguro de que esas empresas, así como otras de todo el país, lo tendrán en cuenta”, afirmó.

Mayores emisiones, menor intensidad

El anuncio del jueves fue bien recibido por grupos empresariales como la Cámara de Comercio de Canadá, que elogió al gobierno liberal por brindar respaldo normativo inicial al proyecto.

“Hacer llegar nuestros recursos a los mercados de Asia-Pacífico es una vía hacia una mayor producción, prosperidad y un futuro más prometedor para los trabajadores, sus familias y sus comunidades”, declaró Bryan Detchou, representante de la Cámara.

Sin embargo, organizaciones ecologistas como Greenpeace y el Instituto Pembina sostuvieron que Canadá no debería extraer más petróleo del subsuelo.

“Los nuevos proyectos de arenas bituminosas y oleoductos elevarán aún más las emisiones”, afirmó el Instituto Pembina —organización no afiliada a la empresa del oleoducto— en una publicación en X.

“Cada fracción de grado cuenta. Canadá debería invertir en soluciones energéticas más limpias y resilientes”.

Una nota explicativa del gobierno señala que, si bien el oleoducto “no contribuye directamente a los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de Canadá”, constituye una pieza clave de los planes para reducir la intensidad de las emisiones, es decir, las emisiones por barril de petróleo producido.

Dicho plan incluye el *Pathways Project*, una iniciativa de captura y almacenamiento de carbono que, según Carney, absorberá hasta 16 millones de toneladas de emisiones de carbono al año para almacenarlas en el subsuelo.

Rick Smith, presidente del Instituto Canadiense del Clima, declaró al programa *Power & Politics* que Canadá está muy lejos de cumplir sus objetivos de reducción de emisiones. Afirmó que el gobierno deberá implementar políticas climáticas adicionales a raíz de este nuevo proyecto.

“La contaminación derivada de este aumento en la producción de petróleo solo se reducirá si realmente se corrigen algunas de las políticas climáticas deficientes de Canadá”, dijo a Cochrane. “Pero es un proceso en curso”.