La vigilancia y el control digital se expande en América Latina al margen de los signos políticos

La vigilancia y el control digital se expande en América Latina al margen de los signos políticos

• Un informe de la organización Derechos Digitales revela más de un centenar de violaciones de ciberseguridad en un año. El reporte también documenta el ciberpatrullaje en Argentina, los bloqueos en Venezuela y Nicaragua o el acoso con IA en Brasil

La vigilancia y las filtraciones en ambientes digitales pueden sonar lejanas a la vida cotidiana, pero son prácticas cada vez más habituales. En Venezuela, por ejemplo, hubo bloqueos de aplicaciones de mensajería y redes sociales como Signal, X, TikTok, Telegram además de YouTube, servicios de VPN y sitios web; en Nicaragua bloquearon dominios de medios independientes; en Paraguay, una filtración de la Justicia Electoral involucró datos de cerca de siete millones de personas; y en Argentina, más de 665 mil estudios médicos fueron puestos a la venta. Estos son algunos de los más de 100 casos registrados en menos de un año -entre junio de 2024 y mayo de 2025- y difundidos en el informe “En la mira 2: un panorama de las amenazas digitales en América Latina”, de la organización sin fines de lucro Derechos Digitales.

Estados y empresas -por separado o en conjunto- son igualmente señalados por prácticas de vigilancia, censura, violencia y control en los entornos digitales que, según la organización, están afectando el ejercicio de derechos humanos en la región.

“Estas prácticas no se diferencian tanto entre regímenes autoritarios y más democráticos. En Venezuela se usan herramientas de spyware (software malicioso) contra activistas, periodistas o ciudadanos en general. En Argentina se habilitó el ciberpatrullaje; las autoridades monitorean sin control a las personas. Alguien que es crítico del Gobierno o es de la oposición no se puede expresar libremente porque ya lo están monitoreando de manera automatizada”, explicó a América Futura la analista en Seguridad y Resiliencia Digital de Derechos Digitales, Ximena Cuzcano.

En los países latinoamericanos, se agrega otro nivel de complejidad; dado que las autoridades locales utilizan softwares importados, se exponen a una tecnología que no conocen en profundidad y suman un plano más a la dependencia de las potencias que las fabrican.

“Los Estados latinoamericanos adoptan estas tecnologías de otros países, por ejemplo, un spyware de Israel. Lo mismo respecto a las prácticas de vigilancia. Otros casos ni están a la vista. Después, estas prácticas y tecnologías se legalizan rápidamente”, detalló Cuzcano.

¿La ley como trampa?

Estas herramientas que no caen en el vacío, sino que son parte de un contexto regional donde se institucionalizan prácticas a partir de normativas específicas sobre seguridad y vigilancia que, según el informe, “inciden de manera directa en el ejercicio de derechos humanos en el entorno digital”.

Cuzcano citó el caso de Ecuador donde el Gobierno de Daniel Noboa promulgó en 2025 la Ley Orgánica de Inteligencia que “habilitaba la vigilancia y la captura de una persona sin necesariamente tener una orden judicial”.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, en Nueva York, el 25 de septiembre. Foto Mike Segar (REUTERS)

Las regulaciones tienen diversas tendencias, algunas amplían las facultades estatales de vigilancia en entornos digitales, generalmente justificadas bajo discursos de seguridad nacional y orden público como en el caso argentino con la Resolución 428/2024 del Ministerio de Seguridad del Gobierno de Javier Milei, que habilita el monitoreo sistemático de fuentes abiertas y el uso de tecnologías automatizadas para análisis de información en línea. En tanto, el Decreto 383/2025 incorporó el ciberpatrullaje como facultad de la Policía Federal, según el informe, “sin necesidad de autorización judicial” cuando son fuentes abiertas.

Una vez más el signo político de los Gobiernos no altera esas prácticas. En 2024 en El Salvador se aprobó la Ley de Ciberseguridad y se creó la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE) que podrían facilitar la eliminación de contenidos en línea; mientras que en Cuba, entró en vigor la Ley de Comunicación Social que regula contenidos y medios digitales y que refuerza el control estatal sobre la información.

Y mientras se promueven estas prácticas a nivel regional, no se está avanzando en los controles de transparencia ni en herramientas ciudadanas.

Filtraciones: la deriva de los datos personales

Las anteriores son respuestas estatales que exponen un contexto político y legal que hace posible -y en algunos casos legítima- los incidentes de seguridad digital. Pero además de los casos intencionales, existen otros que se producen por imprudencia o falta de capacidades. Las filtraciones masivas son un ejemplo de eso.

“Filtraciones ha habido en 12 países de la región y la mayoría de estos ataques no se dan porque un hacker experto, sino porque hay bases de datos abiertas, sin autenticación, o accesos legítimos mal usados”, explicó la analista de Derechos Digitales.

“Estos datos luego son vendidos por la Dark Web o por Telegram a bajo costo. A la ciudadanía no nos queda más que decir ‘bueno, ya tienen todos mis datos’, pero a veces tampoco nos dicen qué es lo que pueden hacer con ellos”, detalló.

Habilitar suplantaciones, fraudes, abrir una cuenta bancaria, son otras opciones. En Ecuador, una filtración de datos del servicio de emergencias de salud ECU 911 hacia empresas funerarias permitió que estas contactaran a familiares de personas en situación crítica incluso antes de que se produjera un fallecimiento, planteando cuestionamientos éticos y de protección de datos en contextos de vulnerabilidad.

Desinformación en elecciones y violencia de género

La práctica de sembrar dudas sobre la integridad del proceso electoral a partir de “pruebas” que aparentan ser técnicas o la decisión de no ofrecerlas no son nuevas en la región. En Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro (2018-2022) alentó ese discurso; y, en sentido opuesto, en las elecciones de 2024 en Venezuela no se ofrecieron pruebas técnicas -actas electorales- de la transparencia del proceso.

Un acta de votación durante una manifestación en rechazo a los resultados del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, en 2024. Foto José Méndez (EFE)

Sin embargo, a partir de la masificación de herramientas de inteligencia artificial (IA), hubo un salto cualitativo. En Brasil, la desinformación adoptó un sesgo de género explícito con al menos cinco ataques con deepfakes de contenido sexual contra candidatas.

La violencia de género facilitada por las tecnologías (VGFT) es una de las amenazas más típicas. La línea de ayuda de Fundación InternetBolivia.org registró 377 casos en el período del informe. El abuso sexual mediante Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y el acoso concentraron más de la mitad de las denuncias, seguidos de casos de desprestigio, extorsión y hackeo.

El informe fue desarrollado por el Observatorio Latinoamericano de Amenazas Digitales (OLAD), combinando el monitoreo semanal de fuentes abiertas con el trabajo de campo de las organizaciones de esta red.