Las venezolanas siguen abortando a escondidas mientras Colombia amenaza con cerrarles la puerta

Un médico le toma la presión arterial a una mujer en el Hospital Domingo Luciani de Caracas, Venezuela, en marzo de 2022. Foto Andrea Hernández Briceño

Tras la captura de Maduro, el país reforma leyes a toda velocidad, pero la salud reproductiva no es prioridad. La salida de cruzar a Colombia se estrecha con la ofensiva contra el aborto en el Congreso y los recortes de EE UU

Yolanda —nombre ficticio, como el de todas las personas de esta escena— cruza a pie un control de policías encapuchados en un barrio del oeste de Caracas. En el bolsillo lleva una bolsita transparente con varias pastillas de misoprostol, la segunda parte del tratamiento que la Organización Mundial de la Salud recomienda para un aborto seguro. Camina rápido, sin mirar atrás. Cualquier gesto nervioso puede llevar a que la detengan. Es 2022 y ese paquete podría costarle la cárcel: en Venezuela, abortar se castiga con hasta dos años de prisión, y ayudar a hacerlo, con hasta dos años y medio.

El país ha cambiado mucho desde entonces, sobre todo desde que el 3 de enero fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro, pero la salud reproductiva de las mujeres no está en la agenda. Se reforman leyes a toda velocidad para explotar petróleo y oro, mientras las venezolanas, que solo pueden abortar si su vida corre peligro, siguen recurriendo a redes clandestinas.

A menudo, no querer tener un hijo es una cuestión de supervivencia. “No es que no quiera ser madre, es que ahorita no puedo pagar pañales, leche ni médicos. No puedo”, decía Tatiana, la destinataria de las pastillas. En casi uno de cada tres hogares venezolanos los ingresos no alcanzan ni para cubrir la alimentación, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) de 2025.

Tatiana, una bailarina de entonces 22 años, ya ha tomado la mifepristona, la primera parte del tratamiento. Ahora toma la primera dosis de misoprostol. A los 15 minutos corre al baño a vomitar lo poco que ha almorzado. Yolanda la sigue, le sujeta el pelo rizado y cierra la puerta.

A esa casa, estrecha y llena de escaleras, no llega agua corriente desde hace años. Junto al baño, un cubo de basura reconvertido en depósito de 50 litros sirve para bañarse, bajar el inodoro y cepillarse los dientes. Yolanda le pide a Alberto, la pareja de Tatiana, que hierva agua. Así él tiene algo que hacer con las manos, que le tiemblan.

Lo que ocurre en esa habitación lleva décadas repitiéndose a escondidas en Venezuela. En la última encuesta de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), hecha a 500 mujeres, el 5,1% reconoció haberse provocado un aborto con medicamentos.

Las mujeres con menos recursos compran las pastillas en el mercado negro, donde muchas veces las estafan. Las más adineradas pagan más de 800 dólares en alguna clínica clandestina. Y quienes pueden permitírselo cruzan la frontera: en Colombia se puede abortar sin necesidad de causal hasta la semana 24, también las migrantes. Pero esa puerta amenaza con estrecharse, por una reforma constitucional que busca prohibirlo y por los recortes de Washington a las organizaciones que atendían a migrantes.

Cuatro años después del aborto de Tatiana, las acompañantes como ella siguen haciendo el mismo trabajo, ahora en un país con los hospitales desbordados tras el doble sismo del 24 de junio. Una de ellas apoya estos días a una mujer para quien llevar el embarazo a término puede ser mortal: sobre el papel, el único caso en que la ley venezolana permite abortar. Pero su médico insiste en que tenga el bebé. La mujer no ha conseguido las pastillas, carga con sus propios prejuicios y está sola: su pareja la dejó cuando supo del embarazo. “Muchos hombres opinan sobre el aborto y el poder decidir sobre nuestros cuerpos, pero la verdad es que muchas mujeres quedan solas y abandonadas durante el proceso de gestación”, dice la acompañante.

Esa excepción es lo que Daniella Inojosa, directora de la organización feminista Tinta Violeta, llama “media causal, que es como la nada misma”. Solo cubre el aborto que un médico practica para salvar la vida de la mujer. No contempla su salud física ni mental, y como no existe un procedimiento para aplicarla, queda a criterio del médico. “Esto deja a las mujeres completamente indefensas”, dice Inojosa. Solo unos pocos países de la región, como El Salvador, Nicaragua, Honduras o República Dominicana, son más restrictivos: lo prohíben sin excepciones.

La sospecha alcanza también a los abortos espontáneos. “Si llegas con un aborto en curso a un hospital, hay una criminalización de base de que te hiciste un aborto”, explica Inojosa. Hay mujeres presas por abortar, asegura, aunque su organización no tiene forma de saber cuántas. El mismo Código Penal que ignora la salud de la mujer sí atiende al honor: las penas se rebajan entre un tercio y dos tercios si el autor lo hace “por salvar su propio honor” o [en atención al hombre] la honra de su esposa, su madre, su hermana o su hija.

Líderes de sus hogares

Las cifras difieren según el estudio, pero más de la mitad de los hogares venezolanos están encabezados por mujeres. En ellos, la pobreza llega al 80%, 11 puntos más que en los encabezados por hombres. “Si estoy abarrotada de tareas de cuidado no remuneradas, no me da tiempo para poder tener un trabajo remunerado”, resume Suzany González, abogada y directora ejecutiva de Cedesex. “La crisis ha reforzado roles de género relacionados con el cuidado de los hijos y el hogar”, advierte la investigadora Laura Cano.

En la casa de Tatiana, llegan las contracciones. Yolanda la sienta en el inodoro para que pueda expulsar y le repite: “Tú puedes con esto. Eres fuerte”. Tatiana gime. Cuando todo termina, Yolanda, menuda, la sostiene hasta la cama, aunque Tatiana es mucho más alta y pesada que ella.

Tatiana tuvo a alguien al lado, pero muchas otras mujeres se enfrentan al trance solas. En Venezuela no hay datos oficiales recientes para medir lo que les ocurre, aunque el último boletín epidemiológico, publicado en mayo de 2017, registró 756 muertes maternas en 2016, un 65,8% más que el año anterior. El aborto era la quinta causa de fallecimiento. Según estimaciones de Naciones Unidas, en 2020 morían en Venezuela 259 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos, casi el triple que en 2000, el mayor aumento del mundo en ese periodo.

Con Tatiana ya en la cama, Yolanda prende velas moradas en el alféizar y reza. No a los santos, como es costumbre en los hogares venezolanos, sino a sus ancestras. Abre la nevera, pero no hay nada para asentar el estómago de Tatiana. Le prepara un té de plantas medicinales que ella bebe recostada en la almohada, con los ojos llorosos. En la ventana enrejada, la llama de las velas y las cortinas raídas se mueven con la brisa.

Rezar a las ancestras va a contracorriente de la ola de evangelización que las crisis han reforzado en Venezuela. Según Inojosa, desde 2014 las iglesias evangélicas se han convertido en guardianas de la moral, y “todas las iglesias tienen en común la lucha contra la legalización del aborto”. Sin educación sexual en las escuelas, la información sobre anticonceptivos, incluida la anticoncepción de emergencia, apenas llega a las mujeres. Eso, según la investigadora Laura Cano, “genera climas de clandestinidad y prácticas inseguras”.

La puerta colombiana

“Si bien las mujeres en la frontera tienen realidades complejas, ellas son las bendecidas y afortunadas del país porque pasan la frontera y pueden ser atendidas”, dice la abogada Suzany González. Desde 2022, una sentencia de la Corte Constitucional colombiana permite abortar sin causal hasta la semana 24, y la normativa sanitaria garantiza ese acceso a las migrantes sin importar su situación administrativa y sin que se informe a las autoridades. Aun así, según Cristina Rosero Arteaga, asesora legal sénior del Centro de Derechos Reproductivos, muchas no acuden por miedo a ser deportadas, y en la frontera algunas entidades incumplen la norma e incluso las amenazan.

En Colombia, sin embargo, ahora hay un presidente, Abelardo de la Espriella, contrario al aborto. Y una reforma constitucional impulsada por la bancada provida que busca proteger la vida desde la fecundación. Ningún intento anterior ha prosperado, pero las activistas dicen no haber sentido nunca una ola tan reaccionaria. Y llega también desde Washington: según la abogada Selene Soto, varias organizaciones que atendían a migrantes han dejado de ofrecer el aborto desde que Trump volvió a vetar, en 2025, los fondos estadounidenses a las ONG que lo practiquen o informen sobre él.

En Nariño, fronterizo con Ecuador y lugar de paso de migrantes, Yanni Caicedo, de la plataforma feminista Unidas Para Avanzar, cuenta que muchas venezolanas dependen de la Iglesia para mantenerse, porque no hay un solo albergue público para mujeres migrantes. Y esa misma Iglesia, dice, las juzga: “No están escuchando a las que hacemos parte de esa iglesia porque sí lo estamos haciendo, sí estamos abortando y al mismo tiempo estamos creyendo en Dios”. Como muchas migrantes son evangélicas, su organización se formó en teología feminista para hablarles desde la fe: “Hay un Cristo misericordioso que seguramente marcharía con nosotras el 28 de septiembre”, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Ese día, cientos de mujeres marcharon en Bogotá. En Caracas, unas decenas se reunieron bajo la lluvia en Plaza Venezuela para pedir la despenalización.

Tatiana tiene hoy 26 años y sigue bailando. Cree que tomó la decisión correcta, aunque admite “algunos cargos de conciencia”. “Agradezco no ser madre en este momento, sobre todo después del terremoto, porque si ya todo estaba caótico, ahora todo es peor”, dice. Y añade: “Dios mío, si yo no me sé cuidar a mí misma, imagínate que yo cuidara a alguien más”. De aquella tarde recuerda sobre todo que no estuvo sola y que, gracias a eso, no terminó “en ningún sitio que no tenía que terminar”. Como las mujeres de las que habla Caicedo, ella también habla desde la fe: “Agradezco que la acompañante se cruzara por mi camino. Sé que Dios la puso allí”.

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